El alto costo para Perú (y también para Chile) del indulto a Fujimori

*Escrita en conjunto con Enrique Riobó Pezoa (historiador, investigador de Fundación Nodo XXI)

En la tarde del pasado 24 de diciembre, y a tres días de haber salido airoso del pedido de vacancia por incapacidad moral, Pedro Pablo Kuczynski le otorgó el indulto presidencial a Alberto Fujimori, ex presidente de Perú y condenado por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción realizados durante su mandato. Esto, a pesar de que la victoria presidencial del primero tuvo como uno de sus ejes el anti fujimorismo; por lo que esta decisión ha implicado el inicio de amplias protestas sociales, así como de renuncias dentro de su equipo político. Creemos que la aceptación de tal costo indica que, lamentablemente, no se ha logrado construir el necesario consenso en torno al valor y sentido de la democracia, más allá de un modo de elección de autoridades y, por ende, de repartición o reproducción del poder.

Es que, como resulta evidente en este caso, la decisión tomada por PPK y los efectos que esta ha tenido, implican un alto costo para la reconstrucción de los vínculos entre la sociedad y la política -y, por ende, el fortalecimiento de la democracia-, especialmente en torno a las consecuencias que tuvo la violenta instauración del neoliberalismo peruano y chileno, cuestión que profundizaremos enseguida.

En primera instancia, aparece el problema de la justicia como algo central. En efecto, desde Chile, el ex candidato presidencial de extrema derecha, José Antonio Kast, felicitó la decisión de indultar a Fujimori vía Twitter, por considerarla un avance en la justicia y no en la venganza. Esto, a los pocos días de participar en una misa de navidad con los prisioneros de Punta Peuco que, a días de la victoria de Piñera en las elecciones presidenciales, comenzaron a solicitarle “señales potentes” al mismo tiempo que anunciaban solicitudes de indultos. Todo, por supuesto, en aras de una supuesta reconciliación que implica superar el pasado a través del no pago de condenas que, muchas veces, ni siquiera se ajustan a los daños efectivamente realizados.

Más allá de basarse en una concepción extremadamente arcaica del tiempo, el problema central aquí es el no reconocimiento del carácter social de estos delitos y las condenas que ellos implican, así como de la importancia que tiene el cumplimiento de sus penas para la consolidación democrática, en tanto fueron crímenes organizados desde el Estado con el objetivo de modificar la organización social y política, cuestión que trajo diversas consecuencias nefastas hasta hoy padecidas por parte importante de la sociedad, especialmente por quienes sufrieron directamente los vejámenes y sobrevivieron, así como de sus familiares. Esto, al punto que la gracia presidencial de PPK a Fujimori implicaría la detención de procesos actuales que investigan casos como la esterilización forzada a mujeres indígenas y la masacre de Pativilca.

En esa línea, un segundo aspecto central tiene que ver con que no ha existido una política clara e integral que busque hacerse cargo del daño hecho a la democracia por parte de estas acciones. Así pues, es usual que en Chile se busque establecer una ficticia separación entre el “éxito económico” y las violaciones a los derechos humanos en la dictadura pinochetista, cuestión que históricamente es imposible de aceptar. En el caso peruano, el fujimorismo se blinda a través de la derrota al senderismo, sin por ello hacerse cargo de las evidentes acciones contradictorias con la democracia como fue el autogolpe. Aunque con evidentes diferencias, en ambos casos buscan desarrollarse justificaciones que impiden llegar al fondo de estos crímenes, por lo cual se terminan socavando las bases para la convivencia democrática. Esto es así, porque, entre otras cosas, no han existido políticas efectivas de verdad y justicia, lo cual ha implicado la individualización de los casos de violaciones a los derechos humanos, e incluso la existencia de desapariciones absolutas en el caso peruano, en los casos de personas que no estaban registradas en instituciones estatales. Al mismo tiempo, tampoco se han desarrollado políticas de memoria integrales y continuadas en el tiempo, más allá del apoyo a determinadas iniciativas particulares. En ese sentido, la búsqueda por vincular la memoria de estos procesos con la promoción de valores democráticos también ha brillado por su ausencia. En otras palabras, como no se han promovido claramente las llamadas garantías de no repetición, cuyo objetivo es precisamente la consolidación democrática, las posturas que flagrantemente van en contra de las mismas han crecido y están desarrollando una ofensiva que no puede ser criticada sólo con la apelación moral, sino que con argumentos políticos de fondo.

Creemos que un último aspecto central tiene que ver con que los condenados por violaciones a los derechos humanos han tendido a ser privilegiados, entre otras razones, por la posibilidad de cumplir su condena en penales especiales o por haber logrado una posición socioeconómica privilegiada a partir de su participación en este tipo de crímenes. Así, por ejemplo, en Perú existe una amplia bancada parlamentaria que se ha construido alrededor de la figura de Alberto Fujimori, y cuya capacidad de poner en jaque el gobierno de PPK parece haber sido central para su indulto; mientras que en el caso de Chile muchos participantes del terrorismo de Estado fueron condecorados o ascendidos en el último tiempo de la dictadura, y accedieron a importantes pensiones que, en no pocas ocasiones, aumentaron de modo fraudulento. Y ni hablar del ámbito civil, donde recién en las últimas semanas han condenado al primero por su participación en violaciones a DDHH: Juan Luzoro, que era presidente del sinidicato de Dueños de Camiones de Paine.

En definitiva, entendemos que además del oprobio que este indulto implica para las víctimas en específico y para la sociedad peruana en su conjunto, es también problemático porque perpetúa condiciones políticas y sociales que dificultan el real fortalecimiento democrático, cuyas bases no pueden ser la impunidad y la reproducción del orden social impuesto a sangre y fuego. En ese sentido, para que la democracia deje de ser solo una carcaza formal de una institucionalidad y élite cada vez más descompuesta -de ahí los oscuros precios que deben pagar para conseguir o perpetuarse en el poder las derechas continentales-, las bases para su fortalecimiento deben ser el respeto a los derechos humanos y la reconstrucción de la relación entre sociedad organizada y política institucional, cuestión que en este minuto parece estar más promovida por instancias internacionales que por los Estados directamente involucrados.