Cuántos somos, cuántos nos dirán que somos

En las próximas fechas, el Instituto Nacional de Estadísticas liberará la base de datos del censo 2017 que, como ya informó, contabilizó una población de 17.540.003 personas. Ahora bien, es importante tener claro que esta cifra no corresponde realmente a la población total del país en 2017. Para definir esto, el INE debe presentar primero una conciliación censal, la que consiste en una evaluación de la coherencia de los resultados del censo, contrastándolos con la información demográfica disponible. De esta conciliación se obtienen las estimaciones de población para el último período intercensal (2002-2017) y la base para desarrollar nuevas proyecciones de población.

Este ejercicio implica a su vez, el cálculo de la omisión del censo de 2017, el cual no es más que una razón entre el total de población censada como residente habitual en el país (en este caso 17.540.003 personas) y el total de población que, se estima, residía en el país en el día del censo.

Al revisar los distintos antecedentes, se cuenta con que la población en 2002 correspondía a 15.668.271 personas; que el crecimiento natural (total de nacimiento – total de defunciones) para el período 2002-2015 fue superior a las 2.100.000 personas, con un ritmo de crecimiento aproximado en la última década sobre las 145.000 personas al año; y que las proyecciones de población vigentes estiman que para el 30 de junio de 2017 contábamos con una población de 18.373.917 personas. Toda esta información es pública y corresponden a estadísticas de carácter oficial.

Dada la buena calidad de las estadísticas vitales del país (las que entregan información anualizadas sobre el total de nacimientos y muertes), cabe considerar que si las proyecciones actuales adolecen de un problema, éste es que tendieron a subestimar la inmigración internacional, proyectando un saldo migratorio positivo desde 2010 correspondiente a 287.500 personas. A todas luces este pronóstico no se cumplió, toda vez que distintos antecedentes muestran un crecimiento exponencial de la inmigración internacional en los últimos años. De hecho, el mismo censo 2017 muestra prácticamente 500.000 inmigrantes llegados sólo en el período 2010-2017. Por lo mismo, parece claro que si las proyecciones vigentes tienen algún problema, en cualquier caso es que tienden a subestimar la población total del país.

Considerando todos estos antecedentes, y esto lo saben bien los especialistas en la materia, ninguna estimación seria podría definir que para el año 2017 el país contaba con una población por debajo de las 18.550.000 personas. Vistos los resultados del censo 2017, esto significa que en términos gruesos la omisión censal en ningún caso es menor al 5,4%, con más de un millón de personas sin ser contabilizadas.

Ante este hecho, que era previsible desde que el INE publicó los primeros resultados definitivos del censo en diciembre de 2017, Ximena Clark, directora del INE en ese momento, no sólo defendió que el volumen de población captada por el censo estaba dentro de rangos aceptables, sino que además calificó como “sólo especulaciones” cualquier discusión respecto a la omisión censal que se diera en ese momento. Lo cierto es que para los estándares de calidad históricos de las estadísticas de población en Chile tener una omisión censal sobre el 5% es un problema grave, sobre todo si ésta se concentra en un tipo de población específica o en algunas áreas geográficas determinadas, como es el caso. Al contrastar los resultados del censo con la composición por sexo y edad de la población, se evidencian severos problemas en la captación de hombres en edad de trabajar (entre 15 y 64 años). En esta misma línea, parece pertinente que el INE informe los efectos que tuvo en los resultados definitivos la repetición del levantamiento censal en la Región de Atacama, donde la pérdida de los cuestionarios originales llevó a cerrar el proceso de recolección de información con varios meses de desfase.

Según cifras de CELADE-CEPAL, la omisión censal estimada para los últimos censos oficiales de Chile es de: 1,8% en 1982, 2,4% en 1992 y, 4,3% en 2002. Para tener algún parámetro en la discusión, resulta útil ver qué ha pasado en otros países de América Latina en sus últimos censos: según la misma fuente, Brasil presentó una omisión del 2,4% y México una del 3%. En contraste, países que históricamente han tenido problemas de cobertura en sus censos, como República Dominicana y Venezuela, en sus últimas mediciones presentan una omisión del 5,2% y el 6,5% respectivamente.

Pese a todo, es importante tener claro que no tiene ningún sentido técnico comparar los resultados del censo 2017 con los del (oficialmente) fallido proceso del 2012, el cual presentó una omisión estimada del 9,3%, y una serie de irregularidades que bordearon la ilegalidad como lo fueron imputaciones de población en la base de datos no declaradas en ningún documento oficial. En este sentido, la transparencia de cada una de las etapas del censo 2017 no presentó ningún tipo de reparo o cuestionamiento.

Hasta el momento el nuevo director del INE, Guillermo Pattillo, no se ha pronunciado respecto a esta materia, pero resulta crucial que el cálculo de la omisión que el INE estime, se ajuste a la diferencia real entre la población del país en abril de 2017, y las 17.574.003 personas efectivamente censadas. Lo que no se puede hacer bajo ninguna circunstancia es estimar una población menor a la que hay en pro de disminuir artificialmente la omisión censal.

Más allá del descalabro del 2012, la información demográfica en Chile es robusta: hay acumulados una buena serie histórica de censos coherentes entre sí y un registro continuo de estadísticas vitales con una cobertura que en la práctica es universal. Por lo mismo, estimar una población por debajo de los 18 millones y medio, constituiría no solo un genocidio estadístico, sino que una contradicción con todas las cifras oficiales de población que el país ha ido construyendo y con las que hemos contado hasta ahora.

Cuando en agosto de 2017 el INE comunicó el total de población censada preliminar (17.373.831 personas), varios supuestos expertos se apuraron en dar juicios como “el PIB del país en realidad es más alto de lo que suponíamos”, “en Chile había menos pobres de los que creíamos”, o incluso “esto demuestra que el gasto social está mal focalizado”. Ese es el tipo de diagnósticos irresponsables al que el país se expone si no se usa el rigor técnico que la importancia de la circunstancia demanda. De la conciliación censal se desprende la definición oficial del total de población que vive en Chile, lo que afecta directamente a la construcción de políticas públicas acordes a las necesidades del país.

Poniendo todos estos elementos sobre la mesa, no parece un buen negocio tener un censo con baja omisión, pero con una población estimada que no se ajusta a la realidad. No es necesario tapar el sol con un dedo. Resulta bastante más recomendable (y necesario) reconocer que se tiene un censo con una omisión mayor a la deseada, pero que permite, con las consideraciones técnicas de rigor, estimar y proyectar de manera adecuada el tamaño de la población del país.