El cambio de gabinete ha sido el tema que ha remecido el país las últimas semanas. Hecho que, si bien algunos podrían haber esperado, para la mayoría resultó una verdadera sorpresa.
Recordemos que, cuando sucedió el afamado incidente del bingo, las autoridades brindaron todo su apoyo al entonces Ministro de Educación. Si realmente los comentarios de Varela les hubieran parecido tan fuera de lugar, habrían optado por sacarlo inmediatamente.
Lo que hizo cambiar radicalmente el giro de los acontecimientos fue, como todos sabemos, la baja en las encuestas, sumado al protagónico papel de la ex presidenta esa semana. Eso llevó a designar tres nuevas autoridades sin ningún tipo de planificación previa, lo que derivó en un incendio que parece lejos de extinguirse.
Ahora, las preguntas que asaltan a muchos son: ¿Cuáles son los parámetros que definen un cambio ministerial? ¿Dónde está el límite que no se puede sobrepasar? ¿No es suficiente financiar un viaje a Harvard con dinero público? ¿Y hacer un llamado a invertir nuestro dinero en el extranjero? ¿Y el tener acciones por 40 millones en una empresa que presta servicios a tu ministerio?
Ha quedado demostrado que no importa el error que cometas, sino el alcance mediático que este conlleve. Lo que no sabía el Gobierno es que, con ese primer cambio de gabinete, había cavado su propia tumba.
Ceder ante los designios de la opinión pública en una primera instancia es entregarle en bandeja el poder de decisión al pueblo. Ahora, la ciudadanía sabe que ejerciendo la suficiente presión van a conseguir lo que se propongan.
La mayor desestabilización del Gobierno hasta la fecha lo ha provocado él mismo, y la oposición no alcanza a creer su propia suerte.
La salida de Varela, y posteriormente la de Rojas, parecía haber acallado las voces críticas, pero no ha sido así. Esas voces, que quedaron opacadas ante la polémica del Museo de la Memoria, se escuchan ahora con fuerza. Si el mundo de la cultura logró imponerse ante Mauricio Rojas, es ahora la Democracia Cristiana la que clama con fuerza por una justicia igual ¿O no es lo suficientemente importante haber ocultado información en la investigación por el asesinato de un presidente?
Eso en cualquier otro país sería un escándalo de magnitudes inconmensurables; sin embargo, en Chile las autoridades están tratando de minimizar este hecho. La realidad es que el Gobierno está en la cuerda floja.
Dar su brazo a torcer ante esta nueva crisis significaría el quinto cambio de una autoridad en menos de un mes y extendería un sentimiento generalizado de incertidumbre dentro de La Moneda ¿Seré yo el siguiente?
Pero el no tomar una postura definida sólo está agravando una situación sin una salida pacífica aparente. Los democratacristianos ya han declarado que no participarán en ninguna instancia donde esté presente el recién designado subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo.
La consistencia del núcleo gubernamental de Piñera, que hasta hace tan poco parecía tan sólida, se ha derrumbado de golpe. La población no quiere tregua. No va a dar tregua.
El modus operandi es sencillo: los medios de comunicación descubren un nuevo enemigo, la oposición lo condena con furia y el pueblo lo expande a través de las redes sociales, la gran arma de poder de nuestro siglo. Es entonces el Gobierno el encargado de dictar la última sentencia, sentencia que condicionará su popularidad ante la ciudadanía o su estabilidad ante el poder político.
Ahora, solo nos queda esperar a ver cómo se resuelve esta nueva crisis y cuál será el veredicto final que tome el presidente, decisión que incidirá tanto el futuro de Castillo como el suyo propio.