Caravana Migrante: Los olvidados de Centro América

El 13 de octubre pasado una caravana de migrantes inició una larga marcha desde San Pedro Sula con el propósito de ingresar a los Estados Unidos. Al cruzar la frontera mexicana ya eran más de 7000 personas provenientes del El Salvador, Guatemala y la propia Honduras. Son familias que vienen escapando de la pobreza extrema y el desempleo, de la violencia política y la corrupción del Estado, del crimen organizado de las maras y de una reciente sequía. Razones para marcharse sobran y una caravana resultó la forma más segura de viajar por rutas controladas por el narcotráfico y donde a diario decenas de indocumentados desaparecen, son intercambiados como mercancía o forzados a trabajar para bandas locales.

Es una situación de larga data que recibió la atención mundial solo porque ocurrió en la antesala de las elecciones de medio tiempo de los Estados Unidos. Por un lado, Trump y los republicanos la utilizaron para movilizar a sus bases electorales más conservadoras y, de paso, decretar el mayor desplazamiento de tropas a la frontera sur desde la Revolución mexicana. Por el otro, los demócratas azuzaron los miedos de jóvenes universitarios, latinos y afroamericanos a votar por sus candidatos y evitar así la reducción de libertades civiles o la deportación masiva.

Finalizada las elecciones, la Caravana Migrante ha perdido el interés de los medios internacionales. Pese a ello, los migrantes se han convertido en pieza clave para comprender el reordenamiento del mapa político global: están en la base del ascenso de una nueva derecha radical y declive del progresismo neoliberal. Ahora bien, la migración y, sobre todo, la disputa por los modos en que el Estado y la sociedad la enfrentan, requieren de una comprensión histórica de sus orígenes, los intereses materiales que la sostienen y un entendimiento de las franjas subalternas que las rechazan. En ese sentido, el dilema centroamericano permite reflexionar sobre una cuestión que, con sus especificidades, enfrentan progresismos e izquierdas en todo el mundo.

La aguda crisis que atraviesa el Triángulo Norte de Centro América (TNCA) –como se denomina El Salvador, Guatemala y Honduras– asienta sus raíces en los albores del siglo XX. Su tardía independencia de los imperios coloniales y posterior subordinación a los Estados Unidos les impide ejercer una soberanía efectiva. Las guerras de liberación nacional iniciadas en los años sesenta tampoco dieron los frutos esperados. Salvo el triunfo parcial de los sandinistas en Nicaragua en 1979, en El Salvador el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional pacta su incorporación al sistema político en 1992 y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca es aplastada tras los Acuerdos de Paz de 1996. En tanto, Honduras se convirtió en la principal base de operaciones de las Contras: una fuerza paramilitar financiada por los gobiernos estadounidenses para derrocar a los movimientos de liberación nacional centroamericanos y caribeños.

A los miles de muertos y desaparecidos que dejan estas guerras civiles, se suman los desplazados que buscan refugio en los Estados Unidos. Desde los sesenta, arriban por millares a los suburbios de los Ángeles y enfrentan la pobreza y desempleo mediante la organización de bandas como la Mara Salvatrucha (M-13) y Mara Barrio 18 (M-18). A inicios de los noventa, el presidente Bush autoriza la deportación masiva de indocumentados a sus países de origen que, dado el fracaso de las reformas neoliberales, resultan incapaces de ofrecer condiciones mínimas de subsistencia a la población. En adelante, el M-13 y M-18 se transforman en la principal alternativa económica e identitaria para miles de jóvenes desocupados que ahora se dedican al negocio del narcotráfico, contrabando, asesinato por encargo, extorsión y tráfico de personas. En cambio, para quienes deciden no ingresar a las maras, la única alternativa es la migración.

En suma, la actual crisis migratoria de los países del TNCA es resultado de un siglo de intervención estadounidense sobre Centro América y de la nula voluntad de las élites locales para ejercer soberanía. En vez de esto, han preferido asegurar la expoliación intensiva de recursos naturales a capitales multinacionales –principalmente, estadounidenses, canadienses y australianos–, su enriquecimiento personal y ejercer el orden público mediante la violencia estatal. Una de las pocas excepciones la constituyó el presidente hondureño Manuel Zelaya (2006-2009) que, cuando intentó iniciar un giro redistributivo y constitucional, fue destituido mediante un golpe de Estado.

Es sobre esta crisis que se ancla parte de la estrategia política de la nueva derecha encabezada por Trump. Con la ayuda de los medios de comunicación de masas, se va dibujando un enemigo que simboliza los miedos más profundos de la sociedad estadounidense: pobreza, desempleo, inseguridad, violencia y narcotráfico. Son problemas que existen con independencia de los migrantes pero la nueva derecha logra que amplias franjas de la población vuelquen sus frustraciones y temores hacia un “otro inferior” que “los invade” desde el sur del río Bravo.

La migración no solo se ha convertido en un buen negocio electoral para esta nueva derecha. El desplazamiento forzado de personas moviliza a cientos de empresas dedicadas a prestar servicios de construcción y seguridad en campos de refugiados, cuidado de menores sin familia, préstamos para pago de fianzas que rayan en la usura, asesorías legales para visados, traducción de documentos, apoyo psicológico, entre otros. Los cuales son financiados por el propio gobierno de los Estados Unidos y los migrantes que empeñan todo su patrimonio en esta travesía.

Por ejemplo, en 2018 la administración de Trump solicitó US$ 2.800 millones al Congreso Federal para aumentar en número y capacidad los centros de detención. El solo anuncio generó un alza en las acciones de gigantes de la industria de la seguridad como General Dynamics y MVM –que intervienen en Medio Oriente y África– o de constructoras y administradoras de cárceles como CoreCivic y Geo Groups. En tanto, la principal empresa de hogares de acogidas para menores sin padres, Southwest Key, recibirá este año alrededor de US$ 500 millones.

El negocio del «procesamiento» de migrantes no se detiene con su retención o posible inserción. En varios campos de refugiados, las contratistas los ofrecen a empresas formales como fuerza de trabajo bajo el salario mínimo. Si además agregamos el lucrativo negocio de tráfico de personas y la expansión del crimen organizado, la cantidad de intereses involucrados en este conflicto hacen poco probable que sea resuelto en favor de seres humanos cuyo único delito es haber nacido en zonas del planeta consideradas desechables.

Ahora bien, esta coyuntura no es exclusiva de los Estados Unidos. Con especificidades, se reproduce en Europa y América Latina. Entonces, ¿qué hacer ante una arremetido de tamañas proporciones?

El combate contra la xenofobia y el cierre de fronteras es clave así como nuevas regulaciones para responder a las necesidades inmediatas de los migrantes. No obstante, la frágil situación económica que atraviesan muchos países de destino ha permitido que la extrema derecha movilice un amplio sector de la población tras la bandera de “la nación primero” y, con ello, dificulte toda solución democrática al conflicto.

En ese sentido, una solución de largo plazo conlleva importantes desafíos para las fuerzas progresistas y de izquierda.

Por un lado, implica la disputa del sentido común del campo subalterno con base en principios totalmente diferentes a los del nacionalismo autoritario. No obstante, esto obliga a reconocer algunas verdades incómodas: primero, que los temores e incertidumbres que acumula la clase trabajadora son, en parte, producto de políticas implementadas por gobiernos progresistas; y segundo, que valores como el racismo, la xenofobia y el nacionalismo se encuentran profundamente arraigados en trabajadores y trabajadoras locales.

Por otro, significa favorecer la organización social y la incorporación de los migrantes en sus organizaciones políticas. Su carácter más global y las mayores desigualdades que enfrentan, los catapultan como una fuerza capaz de imprimirle una nueva vitalidad a las banderas de igualdad, libertad y democracia. Sin embargo, esto último también pasa por comenzar a desarticular el conservadurismo arraigado en nuestras propias organizaciones y favorecer una democratización radical de éstas.