La industria de la construcción está muy molesta porque los tribunales superiores de justicia y la Contraloría General de la República, cada uno de ellos por su cuenta, han estado exigiendo el cumplimento de la ley a todos aquellos proyectos inmobiliarios que, abusando de la negligencia inexcusable existente en varias de las Direcciones de Obras Municipales, han obtenido permisos de edificación contrarios a derecho.
Tanto la instancia administrativa como la judicial han sustentado la sana y juiciosa doctrina, propia de los países desarrollados, en cuanto a que un acto administrativo ilegal bajo ninguna circunstancia puede generar derechos adquiridos a su poseedor.
Hasta hace poco tiempo, cuando la ciudadanía estaba dormida, se sostenía infundadamente de que cada titular de proyecto en sus relaciones con las autoridades municipales siempre a actuaba de buena fe, ese era el dogma, y por ello existen miles de ese tipo de proyectos de inversión que han violado no solo, entre otras, las disposiciones de vivienda y urbanismo, sino también las medioambientales, las de transporte y las patrimoniales.
Ello ha sido así porque hasta en el pasado reciente existía una indecorosa connivencia pública-privada en aras de facilitar la aprobación de todo proyecto que significara crecimiento económico con el justificativo de que la inversión, venga de donde venga, absorbe mano de obra y por lo tanto se reduce la cesantía.
La Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) y sus adláteres de menor jerarquía, intentaron quitarle atribuciones a la Contraloría, señalando que todas las controversias por permisos de edificación fueran resueltas solo por los secretarios regionales ministeriales (seremis) de vivienda y urbanismo y, en casos muy específicos, por la Justicia.
Como ello no era posible pues las atribuciones fiscalizadoras que tiene la Contraloría son de rango constitucional, aparecieron 10 diputados liderados por uno de ellos, Juan Manuel Fuenzalida, quien en el Congreso se sienta con la bancada de la UDI, quienes dieron a conocer un curioso proyecto de ley sobre este asunto. Revisamos internet para saber quién es ese personaje y nos encontramos que en el anterior gobierno de Piñera fue Intendente de la 4ª Región de Coquimbo y también seremi de transportes y telecomunicaciones.
El insensato proyecto, muy mal redactado por lo demás, que se aprecia en este link pretende modificar la ley y la ordenanza general de urbanismo y construcciones para darles certeza jurídica a los planes reguladores comunales y a los permisos de edificación.
En su texto se lee “durante los últimos años hemos visto fallos de diferentes autoridades (Corte Suprema, Direcciones de Obras Municipales, Seremi de Vivienda y Urbanismo, entre otros) que han ido en merma de la legislación actual” (sic), demostrándose con esa insulsa acusación que sus promotores no entienden nada de nada, pues los permisos que han sido objetados en distintas instancias superiores no ha sido para producir una merma de la legislación, sino todo lo contrario. Ello fue necesario para honrar la legislación aplicable.
También critican la demora que se produce en la Contraloría cuando los planes reguladores comunales van a la toma de razón, sin percatarse esos 10 diputados que los planes reguladores y sus modificaciones de las comunas que se encuentran en regiones que tienen Planes Reguladores Intercomunales, como las metropolitanas de Santiago, de Valparaíso, del Bio Bio y otras tantas, en las cuales se concentra el 95% o más de la actividad inmobiliaria de alto impacto, no se someten a la toma de razón de la Contraloría.
Otra sandez que proponen estos desubicados “legisladores” se refiere a que los directores de obras municipales otorguen a todo evento los permisos de edificación en trámite y para ello recurren a la figura del silencio positivo en los casos en que no se puedan cursar esos permisos por contener irregularidades en sus tramitaciones. Para asegurar los negocios de sus mandantes inmobiliarios, en un artículo 4º transitorio reducen el plazo de los 2 años a escasos 6 meses para que tales permisos mal otorgados se puedan invalidar conforme a lo fijado en el artículo 53º de la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo.
Por falta de espacio no narramos otras tonterías incluidas en ese proyecto de ley, pero leyéndolo los interesados podrán apreciar que lo que buscan dichos diputados es darle una aureola ficticia de legalidad a ciertos actos administrativos truchos.
Finalmente estamos ciertos que este necio proyecto de ley no podrá prosperar por razones más que obvias, pero hemos decidido darlo a conocer para que la opinión pública informada esté al tanto de las motivaciones que tienen algunos de estos personajes que van a Valparaíso un par de días a la semana y que, por ese agobiante trabajo intelectual, reciben altísimos sueldos solventados por los que pagamos impuestos.