¿Qué hay de nuevo, viejo? El partido Republicano y sus continuidades

La última década ha sido un tiempo de cambios y reconfiguraciones de la política chilena: nuevos actores que irrumpen en escena, reglas del juego que cambian las modalidades de la competencia política, nuevos contenidos que se incorporan a escena y el agotamiento de la lógica binominal que caracterizó al chile postdictatorial. Dentro de esta escena es que aparece la figura de José Antonio Kast y su nuevo partido, el Partido Republicano que el reciente lunes presentó ante el SERVEL su declaración de principios, dando inicio al proceso de recolección de firmas que le otorgará la posibilidad de competir en igualdad de condiciones frente a los otros actores de la derecha oficialista.

¿Qué de novedad y qué de continuidad podemos ver en este ex parlamentario de la UDI? Tras esta pregunta han emergido diversas respuestas, algunas de ellas centradas en destacar la naturaleza “ultraderechista” de Kast y sus seguidores, cierta compulsión al conflicto y una forma desenfadada y sintomática del surgimiento de una nueva derecha similar a aquella emergida en EEUU con Trump, Brasil con Bolsonaro, Francia con Le Pen o España con Vox.

Amen la existencia de innegables innovaciones en la forma discursiva y en la táctica mediática del líder republicano, no resulta menos cierto que junto a las rupturas frente a la derecha chilena, este nuevo Partido contiene un conjunto de continuidades que permiten verlo más como herencia que como invención de un nuevo espacio político.

Observemos, por ejemplo, la Declaración de Principios de este nuevo partido. Profusamente publicada por los medios de prensa, esta declaración de 18 puntos sintetiza lo que, a juicio del nuevo Partido, constituye su núcleo doctrinario y sus “intransables” programáticos. Pues bien, ¿Qué novedades y rupturas contiene esta declaración de principios respecto al espacio político de la derecha actualmente existente? Comparemos.

Si miramos la Declaración de Principios del Partido Republicano al mismo tiempo que la declaración de principios de la UDI, partido que representaría la continuidad de la cual los “republicanos” escapan, nos encontramos con un sorprendente número de coincidencias que hacen difícil el señalamiento de diferencias u oposiciones dignas de ser destacadas.

Mientras la declaración republicana identifica por ejemplo la existencia de un orden moral natural – “el bien y la verdad como realidades objetivas”-, la declaración de la UDI inicia señalando que “Existe un orden moral objetivo, que está inscrito en la naturaleza humana”. En ambas declaraciones, ese orden moral es el que define los límites de lo social, pues “nunca puede ser modificado ni por autoridad política alguna, ni por ninguna mayoría electoral o parlamentaria” (PR). En otras palabras (UDI), es a este orden moral al que “debe ajustarse la organización de la sociedad y debe subordinarse todo su desarrollo cultural, institucional y económico”.

No resulta sorprendente, además, encontrar en ambas declaraciones una referencia a la familia y a las agrupaciones intermedias de la sociedad: “El Estado debe garantizar y respetar la autonomía de las sociedades intermedias y, en especial, proteger y promover la familia, el núcleo fundamental de la sociedad” (PR). En palabras de la UDI: “La familia, núcleo básico de la sociedad, debe ser respetada y fortalecida. Las personas tienen derecho a formar agrupaciones intermedias entre la familia y el Estado, con autonomía para propender a sus fines específicos”.

Ambos partidos declaran su adscripción a la “economía social de mercado”, de lo cual “se desprende nuestra resuelta y férrea defensa de la libre iniciativa privada en materia económica” (PR) y “el respeto de la libertad económica de los individuos, tanto en su carácter de productores como de consumidores” (UDI). Una economía social de mercado que, para ambos partidos, debiera ser complementada por el “rol subsidiario del Estado”: “el Estado subsidiario debe estimular la iniciativa particular en dichos ámbitos, para reducir progresivamente la necesidad de esa suplencia estatal y reforzar así sus insustituibles funciones orientadoras, normativas y fiscalizadoras” (UDI); “Un verdadero Estado subsidiario que siempre debe promover que cada persona se desarrolle de manera autónoma, pero no puede permanecer indiferente frente a quienes han quedado marginados del progreso” (PR).

La predilecta y tradicional apelación el “terrorismo” emerge en ambos casos, con tres décadas de distancia, como un significante clave en la determinación de la principal adversarialidad: “Ante el imperativo de garantizar el orden y la paz social, Unión Demócrata Independiente denuncia el terrorismo como una de las más graves y cobardes violaciones a los derechos humanos” (UDI); “Creemos que la mayor amenaza para la democracia y la convivencia pacífica entre los chilenos, radica en la incontrolable expansión del narcotráfico, la penetración y el control que él ejerce hoy sobre la delincuencia común que adopta aceleradamente las peores prácticas criminales, delitos siempre asociados al gigantesco lavado de dinero que este mundo delictual produce, todo lo cual se ve agravado por sus conexiones y redes con el terrorismo ideológico de movimientos que creen en la agitación social y en la violencia, como un medio legítimo para alcanzar el poder, y sustituir el sistema democrático, que ellos mismos repudian” (PR).

Y si hablamos de democracia, en ambos casos se identifica el “exceso de los políticos” como una de las principales amenazas a enfrentar con criterios tecnocráticos ligados al compartido principio de la eficiencia: “Unión Demócrata Independiente postula una administración pública eficiente, tecnificada, ajena a excesos burocráticos e independiente de intereses partidistas o embates políticos. Ello requiere que los funcionarios públicos tengan remuneraciones acordes con tales propósitos” (UDI); “Es indispensable que las instituciones fundamentales del sistema político respondan con profesionalismo e independencia de intereses económicos e ideológicos, a las exigencias éticas y sociales que se desprenden de esas responsabilidades, impidiendo, asimismo, la promoción de antagonismos sociales o la lucha de clases. Una administración pública concebida como botín electoral, como trinchera ideológica o como caja pagadora de servicios políticos, que acumula funcionarios y gastos gigantescos, sin un sistema objetivo de medición de la productividad de sus labores o funciones, es sin duda una fuente de abusos, de corrupción y derroche de los recursos públicos, lo que es éticamente inaceptable y contrario a la democracia” (PR).

Incluso el centralismo – “creemos que el país debe resolver urgentemente el problema del centralismo” (PR)- aparece en ambas declaraciones como un componente central. Y es que, dado el hecho que “evita concentraciones de poder estatal amenazantes para la libertad de las personas” (UDI), “no hay proyectos con mayor rentabilidad social e interés general para el país, que convertir a las regiones en centros de un desarrollo humano integral” (PR).

Hasta la preocupación por los jóvenes aparece en gremialistas y republicanos con el mismo énfasis: “Unión Demócrata Independiente realza la importancia de impulsar en la juventud el espíritu de servicio público que la incentive a asumir responsabilidades cívicas, ofreciéndole a la vez un cauce para su participación protagónica en el quehacer nacional” (UDI); “Creemos que todo proyecto político y social que aspire a transformaciones profundas y duraderas, debe fundar su actuar y su estilo, en la promoción de nuevos liderazgos, con una vocación real por invitar, promover y potenciar a que nuevos rostros y nuevas generaciones, sean forjadores del futuro de nuestra Patria, haciéndose parte de la discusión política y social, y recuperando la formación y la participación de nuestros jóvenes en todos los espacios de una sociedad en movimiento” (PR).

En definitiva, y más allá de algunas diferencias contextuales, y si centramos nuestra atención en las declaraciones de principios de la UDI y el Partido Republicano, las relaciones de continuidad son evidentes, al punto de parecer redactadas por una misma mano. Las tres décadas que separan ambas declaraciones parecen diluirse ante las continuidades doctrinarias de una oferta política que, amen sus inflexiones retóricas, gestualidades y estilos, pareciera tener mucho de vino nuevo en odres viejos.