Chile perdió la brújula. La economía ha perdido dinamismo y su potencial se ha reducido, las principales instituciones están en crisis, los empresarios hacen trampas y los políticos han perdido credibilidad. No se trata de pesimismo, sino de los categóricos resultados de las encuestas CEP y CERC-Mori.
Contrasta el país de hoy con ese Chile pujante, de inicios de la transición a la democracia que, aún en medio de desigualdades, pudo crecer, generar empleos y disminuir la pobreza. El mismo país que, cuando se presentaban controversias, encontraba una tranquilizadora respuesta en Ricardo Lagos “Hay que dejar que las instituciones funcionen”.
Hoy día las instituciones se encuentran en crisis y no aseguran tranquilidad, excepto a los poderosos. Pareciera que las agudas desigualdades, la corrupción y el “sálvese quien pueda”, propias del neoliberalismo, nos están pasando la cuenta.
Los resultados de la encuesta CEP, anunciados el pasado 13 de junio, muestran un inédito deterioro de la gestión del presidente Sebastián Piñera. El 50 por ciento de la población desaprueba su trabajo y sólo el 25 por ciento está conforme, quien además obtiene calificaciones rojas en todas sus políticas públicas. Estas cifras contrastan con el 37 por ciento de aprobación que recibió en la misma encuesta CEP, en diciembre 2018.
Durante la campaña electoral, Piñera y su sector político habían generado una alta expectativa sobre el mejoramiento de la economía y el empleo. Sin embargo, un 61% de la población siente hoy día que la economía está estancada y un 15% la cree en decadencia. Por cierto, las preocupaciones de la opinión pública no son sólo económicas; también les afecta la delincuencia, las pensiones y la salud.
El gobierno ha gastado mucho tiempo en responsabilizar al gobierno Bachelet y a la oposición parlamentaria por la disminución del crecimiento.
En realidad, la disminución del ritmo de actividad económica no es sólo coyuntural; tiene fundamentos estructurales. La frontera productiva se ha estrechado. Y esto no es culpa de Piñera. Economistas y políticos, de la Concertación-Nueva Mayoría y de la derecha, no han querido reconocer que hay un agotamiento del modelo productivo o, si se quiere, de la estrategia de desarrollo.
El modelo productor de materias primas ya no da los frutos de antes. Se requiere, ahora, en el siglo XXI, una economía diversificada, fundada en el conocimiento. El senador Girardi es uno de los pocos políticos que se atreve a decirlo (El Mercurio, 20-06-19).
En consecuencia, para potenciar el crecimiento y avanzar a una fase superior de desarrollo es insoslayable impulsar un modelo productivo que favorezca la creación de mayor valor agregado a nuestros bienes y servicios. Para ello es indispensable un aumento sustancial de la inversión pública en ciencia, tecnología e innovación; y, al mismo tiempo, el Estado debe generar los incentivos necesarios para que la empresa privada se comprometa en este esfuerzo.
Sólo una economía diversificada, fundada en el conocimiento, podrá ampliar la frontera productiva, potenciar el crecimiento, mejorar el empleo y las remuneraciones. Si ello se alcanza podrá aumentar la decaída productividad y mejorar el deterioro de nuestra capacidad competitiva.
La situación del país no se reduce a lo económico, como muchos creen, y tampoco afecta sólo al presidente Piñera. Golpea a la clase política, al empresariado y a las instituciones de la República.
Según los resultados de la última encuesta CERC-MORI (mayo, 2019) existe una caída abrupta de la confianza en las instituciones. En efecto, la ciudadanía cree cada vez menos en la FF.AA., Carabineros, el Poder Judicial, y los Partidos Políticos. Así mismo, también disminuye la credibilidad de sus tradicionales representantes: los políticos alcanzan 6 por ciento, senadores y diputados 7 por ciento, los partidos apenas el 5 por ciento y las organizaciones empresarias un 14 por ciento.
Así las cosas, el 64 por ciento de la ciudadanía no se identifica con ninguna posición política (CEP)
Desde el retorno a la democracia las instituciones del país se encuentran en su momento más negro y la creciente corrupción parece ser, en gran medida, su explicación. Nunca antes se había conocido un fraude generalizado en los altos mandos del Ejército y Carabineros; tampoco se conocían evidencias tan extensas de empresarios corruptores, que se coludieran sistemáticamente contra consumidores, pagaran a parlamentarios y a altas autoridades de gobierno, para imponer leyes, favorecer sus negocios y multiplicar ganancias; y, es también preocupante que el Servicio de Impuestos Internos, de reconocida integridad en el pasado, evite querellarse contra empresarios corruptores y políticos corruptos.
Al término del gobierno del presidente Aylwin comenzó a moverse la puerta giratoria entre la política y los negocios. Ministros, subsecretarios y superintendentes de entidades reguladoras asumieron cargos en directorios de bancos, grandes empresas, medios de comunicación y universidades, todos de propiedad de los hombres más ricos de Chile. Algunos volvieron al “servicio público” y otros, como Correa y Tironi, optaron por permanecer en el mundo empresarial como lobistas formales.
La política y los negocios se entrelazaron. En el último tiempo se dio un paso adicional. Los grupos económicos han financiado ilegalmente las campañas electorales. Candidatos de todos los partidos políticos han aceptado esos recursos y con ello fueron capturados para que legislen y actúen en favor de las empresas.
El Poder Judicial también ha perdido prestigio, porque no ayuda al saneamiento de las instituciones. Ninguno de los empresarios y políticos que delinquieron, con la ley de pesca o en los casos Penta y Soquimich, están presos. Una señal más de las desigualdades que imperan en Chile. Muestras del privilegio de los ricos y poderosos por sobre las personas sencillas, que difícilmente sustentan a sus familias con sus bajas remuneraciones y que además sufren de una justicia parcial.
Recientemente, la política ha sufrido un desprestigio adicional. Las elecciones internas del PS se han convertido en una guerrilla interminable, que no ha permitido resolver su nueva directiva. Se cuestionan sus resultados porque ha habido manejos oscuros con el padrón electoral y, lo peor, en un municipio -San Ramón- investigado desde hace ya varios años por sus vínculos con bandas de delincuentes.
En suma, la disminución de la actividad económica, la corrupción, la crisis de las instituciones y la desafección con la política son fenómenos estrechamente vinculados, y muestran un país que va por mal camino y exige cambios urgentes. El desarrollo de Chile requiere un nuevo modelo productivo, una lucha implacable contra la corrupción, justicia igual para todos, y una rigurosa vigilancia ciudadana sobre empresarios y políticos, para asegurar la transparencia de sus actividades.