Ya se ha vuelto rutina ver en los medios de comunicación a las y los estudiantes de Santiago enfrentados con Fuerzas Especiales de Carabineros, que no es nada más ni nada menos, una de las unidades especializadas para enfrentar las situaciones más complejas que se puedan presentar, con el fin de neutralizar, prevenir, tranquilizar y restituir el orden público.
El año 2011, carabineros volvió a depender del Ministerio del Interior. Lejos de la definición de funciones que se atribuye a FFEE, en cada manifestación estudiantil esta rama de carabineros simplemente no logra controlar a unos pocos responsables de los hechos más graves, reprime, maltrata y enfervescen a adolescentes de entre 12 a 18 años creando un ambiente totalmente contrario a lo que esperaríamos fuera el control de una situación de desorden.
Fuerzas Especiales de Carabineros actúa enfrentándose a estudiantes, profesores, inspectores, auxiliares, directores de establecimientos, como si estuvieran frente a bandas organizadas de narcotraficantes o delincuentes de alta peligrosidad.
En una comuna donde se concentran los denominados “Liceos emblemáticos”, la comuna capital, la con más alta concentración de población flotante, el Municipio más importante de Chile y desde donde se han gestado normas y adaptado políticas a la medida de la administración, como fue “Aula segura”, es increíble e inentendible que no se haya podido dar solución a los petitorios de los y las estudiantes de estos establecimientos, generando un descontento que va en escalada al punto de tener sumida a la comunidad estudiantil en una crisis que definitivamente ni el Alcalde Felipe Alessandri, ni el Ministerio de Educación, ni mucho menos el Gobierno ha logrado diagnosticar y poner solución, por el contrario, pareciera que cada medida adoptada complejiza más la situación y expone de manera clara, la falta de conocimiento para cumplir con el deber que a cada actor le corresponde.
Falla la Dirección de Educación Municipal, falla el Alcalde que a su vez es sostenedor de los establecimientos, falla Fuerzas Especiales, falla el Ministerio de Educación, falla el Ministerio del Interior y finalmente fallamos todos y todas como sociedad, cuando caemos fácilmente en el juego burdo de culpar a estos niños, niñas y adolescentes de vándalos e incluso de delincuentes, como en más de una ocasión hemos escuchado de boca de las propias autoridades.
¿Cuál es el trasfondo real del descontento de la comunidad estudiantil completa? Citaré varias situaciones que hemos constatado en terreno desde nuestra ONG.
- Precarización de las condiciones laborales de las y los trabajadores asistentes de la educación.
- Precarización de condiciones laborales de profesores y profesoras, incluyendo falta de reemplazos, reducción de horas, despidos arbitrarios.
- Falta de mantención básica en las infraestructuras de los establecimientos, ventanas rotas, frio y humedad en invierno, exceso de calor en los meses más calurosos, puesto que incluso algo tan básico como cortinas no existen en muchas salas. Sumemos además la falta de control de plagas.
- Las denuncias realizadas por estudiantes del Liceo 1 por acoso sexual, realizadas contra profesores, que fueron absolutamente llevadas de manera irregular por la directora del establecimiento.
- La falta de la correcta integración e incluso el desconocimiento de la circular N°768 de MINEDUC y Superintendencia de educación, para resguardar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes LGTBI
- Hechos de discriminación absolutamente impunes
- Hacinamiento en comunidades educativas como es el Liceo Amunategui
¿Cuál es entonces la realidad de los establecimientos municipalizados? Que está pasando con las autoridades? Es asombrosa la incapacidad que han tenido de enfrentar el tema, de realizar la autocrítica y el reconocimiento de que fallaron, que se les escapó de las manos la administración de los establecimientos, que se les transformó en un problema de la que no se quieren hacer cargo, que no tienen la capacidad de garantizar un ambiente adecuado para las y los estudiantes.
Es hora de hablar en serio de DESMUNICIPALIZACION de los establecimientos educacionales de Santiago. Terminar con la inmensa segmentación y fragmentación del sistema, que ha afectado gravemente a la equidad y calidad de la educación, donde educarse se ha convertido en un bien de consumo, en una mercancía más, donde el Estado se desprendió de un DEBER, para pasar solo a tener un mínimo actuar regulador.
Como ONG hemos presentado recursos de protección que han sido favorables para estudiantes, hemos denunciado irregularidades y acompañado otras situaciones graves de vulneración de derechos, por lo que no podemos más que empatizar con las justas demandas de los y las estudiantes y toda la comunidad educativa que la componen, incluidos padres, madres y apoderados. Hay repudio absoluto por nuestra parte, a los hechos provocados por un grupo minoritario de supuestos estudiantes que protagonizan situaciones de extremo riesgo.
Creemos que el Estado de Chile no está dando el ancho en el correcto trato de esta crisis social y cuando definitivamente algo se vuelve insostenible, lo más diligente es adoptar medidas reales y no “soluciones” completamente alejadas de los estándares internacionales de protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes, porque no olvidemos que esto se ha transformado en una batalla de FFEE, Ministerios y Municipio contra estudiantes secundarios, a los cuales se les está arrebatando principios básicos para transformarse en futuros adultos activos de la sociedad, como lo es la libertad, educación de calidad, derechos humanos y deberes cívicos propios de una sociedad en democracia.
La violencia se ha desatado en la educación pública y no solo la ejerce Carabineros, va más allá de bombas molotov o gases lacrimógenos. La violencia es Estatal y está dando donde más duele: En el desequilibrio socioeducativo.