¿Unidad de la oposición?

Con independencia al debate acerca de la pertinencia, justicia o eficacia política de la fallida acusación constitucional contra la Ministra de Educación Marcela Cubillos, durante la semana recién pasada se produjo un debate entre algunos de los partidos políticos opositores respecto a la forma en que el comportamiento de sus parlamentarios en la votación del 2 de octubre sintomatizaba o no la unidad de la oposición frente al gobierno de Piñera.

Es así como, para unos, el hecho de que dos parlamentarios demócrata cristianos más cinco independientes de oposición se hayan sumado al rechazo o a la abstención frente al fondo de la acusación daría cuenta de la existencia de una oposición fracturada, incapaz de presentarse como un bloque compacto frente al oficialismo. Incluso, algunos señalaron que el comportamiento de algunos parlamentarios presentaría consecuencias respecto a la política de alianzas en el marco de la disputa electoral del ciclo 2020-2021.

No es de extrañar entonces que, para esta lectura, comportamientos como los del diputado independiente Pepe Auth sean una señal de traición y de alejamiento de los principios valóricos de la oposición a Piñera, como si misteriosamente una votación en particular determinara el proyecto político del cual un parlamentario forma parte. Como si haber votado a favor de la acusación constitucional fuera un signo de pureza o una indicación inequívoca de la vocación transformadora de un parlamentario o parlamentaria.

Para otros y otras, el comportamiento de las bancadas de la oposición demostró un avance sustantivo en la producción de unidad política y articulación para hacer frente al gobierno de Piñera. Mal que mal, solo dos militantes de partidos -en este caso, del PDC- se habrían desalineado de la posición acordada en cuanto a apoyar la acusación contra la Ministra, en contraste con la inmensa mayoría de los y las parlamentarias, que acudieron con su voto al acuerdo. Según esta lectura de los hechos, la unidad política de la oposición gozaría de una mejor salud y las expectativas de mayor coordinación se habrían incrementado luego de la votación del 2 de octubre.

¿Existe una oposición más o menos unida después de esta fallida acusación? Si lo pensamos en clave parlamentaria, asumiendo que las paredes del edificio porteño encierran las claves de la política nacional, probablemente esta sea una pregunta válida y pertinente. Pero si asumimos que la política no se reduce a su versión institucional y parlamentaria, los partidos y sus dirigentes debieran reconocer que, a fin de cuentas, esta pregunta ni siquiera alcanza a ser enunciada fuera de los muros congresales o la disputa mediática.

Más allá de las escaramuzas parlamentarias, las posibilidades de producción de un proyecto alternativo y la construcción de unidad política ya no operan según los ritmos y dinámicas que caracterizaron al campo político de la transición. La insistencia de algunos de los dirigentes y parlamentarios de los partidos de la ex-Concertación en generar “hechos políticos” supuestamente generadores de la unidad de oposiciones profundamente distanciadas en temas sustantivos constituye, a fin de cuentas, uno de los tantos síntomas de la persistencia de una forma de hacer política que se encuentra en retirada.

En tiempos en que la política parlamentaria no forma parte ni de las prioridades ni de las valoraciones más elevadas para la ciudadanía, concentrar las energías en sus dinámicas y evaluar su éxito en logros o fracasos que solo a los que habitan los pasillos del Congreso importan, puede no ser una estrategia eficiente como para superar el solipsismo de gran parte de nuestra élite político-parlamentaria. Abrir la posibilidad del debate sustantivo en torno al tipo de sociedad que deseamos construir, y generar las condiciones para una interacción eficiente y productiva con el amplio y vigoroso mundo social que construye propuestas y levanta causas pudieran ser, probablemente, formulas mucho más eficientes para producir y darle sentido a una unidad opositora que, claramente, no puede medirse por el resultado de una acusación constitucional.