A propósito de la institucionalidad en derechos humanos

En tiempos de crisis que involucran directamente a las instancias públicas que tienen por objeto promover y/o proteger los derechos humanos en Chile, se prueban sus capacidades en el cumplimiento de sus respectivos mandatos. Lo que hemos escuchado en estos últimos días por parte de sus principales autoridades, solo ha contribuido a debilitar la institucionalidad que tanto se necesita.

El Director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Micco señaló en una entrevista que descartaba la posibilidad de que las violaciones a derechos humanos cometidas a partir del 18 de octubre fueran sistemáticas y que quien dijera lo contrario debía probarlo. A esta aseveración, que luego fue rectificada por su Consejo, se suma otra, que el INDH no tiene la imparcialidad necesaria para dar un juicio sobre los hechos y que por ello era positivo que vinieran organismos internacionales que pudieran objetivar la situación.

Con esa afirmación es el propio Director quien muestra su parcialidad puesto que para hacer un juicio de ese calibre es necesario contar con toda la información en la que ésta se basa, verificarla y analizar todas las aristas que podrían llevar a decir que las violaciones a los derechos humanos son o no sistemáticas. Otra variante es si esa sistematicidad configura o no crímenes de lesa humanidad. En cualquier caso, la afirmación no es posible hacerla sino hasta ponderar toda la información de las situaciones que se han denunciado y hasta verificar por ejemplo la existencia de patrones deliberados, instrucciones sobre el accionar represivo, etc.

El Director es irresponsable porque al dar esas declaraciones pone en riesgo a su equipo puesto que para aquellos que ven con malos ojos el rol fiscalizador del Instituto, lo dicho se asemeja mucho a una carta blanca para irrespetar la función pública que cumplen sus funcionarios. Por otra parte, el INDH es un organismo autónomo y su autonomía, más allá de la pluralidad de su consejo, se ancla en los estándares internacionales y la Constitución a los que el Estado de Chile se encuentra obligado. Sobre detenciones, tortura, violencia sexual institucional, orden público y manifestaciones pacíficas, entre otras, se han desarrollado en detalle dichos estándares en los organismos multilaterales con los que el INDH debería, por mandato legal, estar totalmente alineado. Es ese acervo el que le da la independencia y autonomía frente al poder del Estado. Con sus declaraciones se inhabilita el Director para hacer un juicio fundado más adelante, cuando deba hacerlo frente a los ciudadanos y ciudadanas. La delgada línea roja entre política y derecho humanos en la que se sostiene el INDH y su cara visible, es la independencia de su voz y la autonomía en las decisiones que se toman. El Director, perdió el equilibrio y de paso contribuyó a debilitar la confianza que cada vez más gente tiene en esta institución.

La Subsecretaria de Derechos Humanos, por su parte, tampoco ha contribuido mucho desde el rol que le toca. Señaló en una radio que no corresponde a la delegación de la ONU determinar si hubo violación a los derechos humanos y que ello era materia de verificación por parte del sistema judicial chileno. Olvida la Subsecretaria que lo que verifican los tribunales son los casos particulares en los que se alega violación de derechos o la comisión de delitos. Una misión de Naciones Unidas, por su naturaleza no puede hacerlo y no tiene ese fin. Lamentable resulta también que ella desautorice una misión que fue invitada al país por el Presidente de la República y justamente a verificar y hacer recomendaciones en relación con las violaciones a los derechos humanos en el actual contexto.

Preparar el terreno para desautorizar el informe que pueda hacer la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, es de una instrumentalización que no corresponde a quien debe brindar asistencia al Ministro de Justicia y al Presidente de la República respecto de situaciones que, como ésta, requieren de la absoluta colaboración y respaldo de parte de la autoridad. Es obvio que si tienen que hacer recomendaciones será a partir de información que reciban de los distintos actores involucrados. Si esta no es la conducta que adoptará el Gobierno ¿qué sentido tiene invitar a Naciones Unidas?