Gato por liebre del Constituyente (y disparos a las liebres)

Nueve de cada diez chilenas y chilenos considera que lo más urgente es mejorar el sistema de pensiones, salud y educación, según encuestas de la Universidad de Chile. Estos conceptos, presentes en las pancartas de innumerables marchas a lo largo del territorio, se han borrado cuidadosamente del discurso del gobierno y de la prensa. La salud pública lleva semanas en huelga y solo nos hemos enterado sus usuarios. Incluso la oposición y los movilizados han postergado el uso de estos conceptos por la brutal emergencia de las violaciones a los derechos humanos y del proceso hacia una nueva Constitución.

Un país no es democrático si no ofrece vías institucionales para canalizar las demandas plausibles de tamaña mayoría, porque la democracia no consiste solo en la forma de acceso al poder, bajo elecciones periódicas, sino sobre todo, en cómo se ejerce. La Constitución chilena blinda a quienes están en él, generando una clase política cuyos intereses a este respecto se vuelven comunes y que no rinde cuentas a la ciudadanía sino hasta la próxima elección. Distinta es la democracia que se ha ejercido estos días en las plazas antes abandonadas, en los cabildos comunales y hasta en los grupos de Whatsapp. Muchos parecen notar que se puede vivir de otra manera, confiando en el vecino en vez de temerle. Y ahora que el pueblo al fin se organiza para canalizar sus inquietudes tan plurales como específicas a falta de vías institucionales, el Gobierno amenazado por un paro general se abre a una nueva Constitución, pero solo si la hace el mismo Congreso cuestionado por la ciudadanía y con un plebiscito final. Como con las farmacias o las administradoras de fondos de pensiones (AFP), ha salido otra vez a apoyar a los causantes del problema en vez de a sus víctimas. Les pide una nueva Constitución a quienes no quisieron o no pudieron reformarla en serio durante treinta años y que los restantes millones les mendiguen una audiencia si se les ocurre alguna idea.

Mientras no cambien los altos cuórum de reforma ni las leyes orgánicas constitucionales que sostienen el lucro garantizado en las pensiones, la salud y la educación –solo por referirme a lo más urgente según nueve de cada diez compatriotas–, el proceso anunciado solo blindará la Constitución existente y más, si dentro de unos años de discusiones entre la misma clase política, como ciudadanos decidimos rechazar el proyecto final. Por el contrario, un plebiscito inicial que dé cuenta de la enorme mayoría que exigimos una nueva Constitución y una creación de contenidos desde los barrios, por cabildos y asambleas como las que hoy abundan en el país, cuya concreción en normas se lleve a cabo por sus propios delegados, asesores jurídicos e incluso parlamentarios, garantiza a lo menos un proceso democrático y una vía institucional a su ejercicio que no signifique arriesgarse a ser apresado, torturado o enceguecido como sucede hoy.

Porque son muchos los malentendidos con la Constitución aún vigente. No cumplir con el toque de queda es solo una falta, por ejemplo, cuya sanción es una multa. Atentar contra bienes materiales puede llegar a ser un delito si se prueba debidamente y su sanción hasta un tiempo en la cárcel. Las fuerzas armadas y de orden no están autorizadas a reducir ni menos a balear por eso, ellas son parte del Estado y el Estado es el primer llamado a proteger los derechos humanos. Cuesta creer que nuestra democracia fuera tan de cartón, que los primeros daños materiales bastaran para la restricción permanente de nuestras libertades. Que, en vez de hacer política, el gobierno y sus beneficiarios hayan optado desde el primer día por la represión. Ver escuadrones de Carabineros operando como guardias privados de los poderosos en el centro de Viña del Mar o en Apoquindo, mientras medio millón de personas en Quilicura o medio millón en Valparaíso estamos entregados a nuestra propia suerte es indignante e injustificado bajo cualquier teoría política. Les recuerdo que los pagamos todos para resguardar el orden público y que, supuestamente por el riesgo de hacerlo, tienen los sistemas de salud y de pensiones que los demás quisiéramos.

Y ahí siguen los cientos de miles de manifestantes, pese a las denuncias de abusos sexuales por parte de la policía y al muerto diario desde el comienzo del estallido, que se plegaron a los estudiantes, menores de edad y a la vez los mayores conocedores de sus derechos, impresionantemente corajudos con los ojos de blanco para disparos sin precedentes en el mundo, disparos eficaces en asustarnos a muchos más a la hora de las marchas. Es cosa de hablar en cualquier barrio popular donde ya nadie cree que los violentistas vengan de ellas, porque han visto los montajes con sus propios ojos, y saben a quién conviene la radicalización allí donde no había dos bandos sino una sola gran mayoría contra el poder económico defendido por un gobierno que está dispuesto a usar armas químicas, balines y perdigones sin fines disuasivos ni protocolos autorizados, antes de soltar solo la punta garantizada de sus prebendas sobre nuestras pensiones, salud y educación. Y, como sabemos, allí donde las personas creen que no hay democracia, tampoco la hay. Cómo podría haberla si a quienes se quedaron sin transporte público desde sus casas a sus trabajos se les obliga a firmar que están de vacaciones si no quieren ser despedidos como los demás, sin protección laboral o policial alguna, en una sociedad que impuso el mercado como continuador del control antes ejercido por una dictadura. Ellas y ellos tienen mucho que decir en las asambleas para una nueva Constitución y les toca elegir nueve de las diez canciones para que siga el baile.