Por qué sirve este marco (y propuestas para la foto)

El acuerdo por la paz social y nueva Constitución firmado por los partidos oficialistas y la mayoría de la oposición fue recibido con suspicacia entre quienes han arriesgado su vida el último mes. Quién podría culparlos de buscar la letra chica, acostumbrados como estamos a que con ella nos metan “el pico en el ojo” como vimos en los carteles de las marchas, o que, incurriendo en una falacia ad hominem justificada por la experiencia, lo ataquen por venir de los parlamentarios o por servir al alza del peso y la recuperación del primer lugar latinoamericano entre los países menos riesgosos a la hora de invertir. Pareciera que no fuimos los millones en las calles sino los millones de pesos en pérdidas ante el dólar los que aceleraron la disposición de la derecha. Aún así, vale la pena detenerse cuánto antes en los aspectos positivos de este acuerdo descartando críticas que, a mi juicio, proceden del desconocimiento de su naturaleza.

Lo de esta madrugada no es el fin de la lucha política sino un acuerdo procedimental para una nueva Constitución. La institucionalidad vigente pactó el marco, la foto la pondremos nosotros desde el plebiscito que determina si la tomarán nuevos delegados o una mezcla entre ellos y los parlamentarios en ejercicio. Hace una década venimos rayando votos con la propuesta de una asamblea constituyente, es razonable que quienes se oponen a ella pidieran otro nombre que no insinuara desde ya los contenidos. Algunos señalan que esta no sería una asamblea porque no establece sus propias reglas al acatar la exigencia de dos tercios de aprobación para cada norma. Otros recuerdan que ese cuórum ha sido el mecanismo histórico de una minoría para trabar las decisiones de la mayoría. Ambos alcances son verdaderos y constituirían la única diferencia entre esta convención y una asamblea, pero ¿cuánto menos cuórum podría pactarse y de qué manera? ¿Los tres quintos que prefiero y tuvieron que cederse para la viabilidad del acuerdo o la mitad más uno? Urge informar que toda Constitución es contramayoritaria, por definición y no porque la actual venga de una dictadura, puesto que la Constitución debe protegernos a todos de los abusos que una ley, por simple mayoría de un momento, pudiera plantear. Respecto del argumento histórico, solo sería atendible si los miembros de la convención fueran electos por un sistema binominal que convertía a la mayoría y a la minoría en dos mitades. Esto no es así hoy, gracias al sistema D’Hondt, el más representativo que conocemos y el que se aplicará en la elección de los delegados.

¿Qué es lo peor que podría pasar con los dos tercios entonces? Que no se aprueben las normas apoyadas por una mayoría simple y, por lo tanto, no formen parte de la nueva Constitución. Supongamos que eso suceda muchas veces y que la Constitución termine siendo escuálida. Su sola aprobación por la mayoría de nosotros en el plebiscito ratificatorio derogará la Constitución que tenemos hoy y con ella dejarán de ser inconstitucionales las reformas urgentes del sistema de pensiones, salud y educación, entre tantas otras. Para establecer una reserva constitucional que obligue a decidir sobre determinados temas, por ejemplo, también se necesitarán dos tercios. Ese es el gran efecto de la “hoja en blanco”, que sin Constitución subsidiaria, donde no haya acuerdo se aplicará la ley. Y esta se produce con la misma mayoría simple del plebiscito ratificatorio –en el cual será obligatorio votar, por lo demás– que derogaría la Constitución actual dentro de apenas dos años.

Ante este escenario es lógico que los interesados en resguardar las AFP, por ejemplo, financien campañas millonarias para elegir sus delegados con piel de oveja. Y el mecanismo de elección, que emula el de los diputados, favorece en la práctica a los hombres inscritos en los partidos políticos por sobre las mujeres y, en general, los líderes surgidos de los cabildos, de las minorías étnicas o sexuales. Ahora es el momento para que los agentes políticos que propiciaron este acuerdo también determinen las maneras de asegurar la representatividad en la elección del próximo octubre, y les basta la mayoría de la oposición en el parlamento o el convencimiento de los miembros del comité técnico recién creado. La ausencia en el acuerdo de los escolares que encendieron la mecha del movimiento social sin el cual nada de esto habría sucedido, de los sindicatos, de los colegios profesionales y de las áreas productivas y de servicios que siguen en paro pudo colaborar a la rapidez, pero desde hoy será imprescindible su participación. Comenzaría por proponer el voto plebiscitario para mayores de quince o dieciséis años.

Cierro entonces con otra idea para la comisión técnica: prohibir las campañas de los candidatos a delegados cuya única labor es redactar la Constitución. Que el Estado costee un panfleto con una página para las propuestas de cada uno a repartir por nuestros hogares. El resto nos corresponde a nosotros, estar a la altura de las circunstancias y concentrados en cómo los plebiscitos contra el Brexit o a favor de la paz en Colombia se creían ganados. Votar en abril a favor de una nueva Constitución y que esta la realice una convención sin parlamentarios, porque sus funciones son otras, incompatibles por interés con varias de las materias a regular; votar en octubre por quienes representan nuestras ideas e identidades a nivel local y aprobar lo que propongan al año siguiente. Nada será peor que lo que tenemos, porque tampoco un acuerdo procedimental para una nueva Constitución, que es obviamente el comienzo y no el fin, detiene las manifestaciones urgentes ni las reformas sociales, menos la persecución de quienes hayan atentado contra los derechos humanos. Y ahora sí podemos sonreír un poco, pero con los cinco o más sentidos abiertos, agradecidos de quienes en las calles provocaron un avance inimaginable hace un mes que parece la vida entera.