Gobierno propone subir la capitalización individual del 10 al 13%

La instalación de la demanda ciudadana por pensiones dignas, sin duda ha sido el reflejo del espíritu colectivo y solidario que ha movilizado a miles y miles de personas, que una vez despiertas, vieron cómo las y los adultos mayores se habían convertido en el resultado palpable de un sistema neoliberal que, en su lógica de acumular riqueza en manos de unos pocos grupos empresariales, le eran indiferentes las condiciones de precariedad en que se encontraban las y los pensionados.

Las señales han sido varias: en la consulta municipal que se realizó el pasado 15 de diciembre se les preguntó a los vecinos y vecinas cuáles eran sus prioridades sociales. Aun cuando los 2,5 millones de electores eran de diferentes edades -incluyendo niños y niñas entre 14 y 18 años-, pensiones dignas fue la principal demanda priorizada.

Tan importante ha resultado el tema, que una oposición que había sido permeada por diferencias que en los hechos la hacían actuar como “varias oposiciones”, hoy encontró unidad para proponer al gobierno de la derecha lo que considera el camino más adecuado para hacerse cargo del alza inmediata de las pensiones y se retome el camino a la seguridad social en Chile.

En este contexto, la propuesta que el presidente Piñera le hace al país en materia de pensiones no solo es insuficiente, sino que reafirma el modelo fracasado de capitalización individual que promovió José Piñera en plena dictadura, y que instaló a las AFP, empresas con fines de lucro, como las dueñas del «negocio» de las pensiones en Chile.

La propuesta reafirma que habrá cotización del empleador, un logro del movimiento social y de actores que desde el 2016 instalan con fuerza la bandera de las pensiones y de un sistema tripartito. No obstante, el Presidente Piñera propone que la solución es pasar del 10% al 13% de capitalización individual. Es decir, seguir fortaleciendo el modelo de seguro privado en vez de seguridad social. Modelo que, como se sabe, no hace mas que reproducir las profundas inequidades del mundo del trabajo, donde mas del 70% de los trabajadores percibe un salario líquido menor a $500.000, donde además las mujeres ganamos menos solo por nuestro género y donde persisten las lagunas previsionales asociadas a labores de cuidado e informalidad laboral.

Lo que aquí se está proponiendo es fortalecer más de lo mismo, si antes había un 10% ahora habrá un 13% en capitalización individual, siguiendo en la lógica del seguro privado y no de seguridad social. En cambio, si el 6% completo de la cotización del empleador fuera a solidaridad, el incremento de las pensiones sería significativamente mayor. Esto no da lo mismo, considerando que de acuerdo resultados de pensionados del ultimo mes, la mitad de las mujeres se jubila con una pensión de menos de $25 mil y la mitad de los hombres bajo los $110 mil.

Ahora bien, respecto de la propia industria de las AFP, se proponen modificaciones de bajo impacto que no atienden a lo central. El estado actual del debate, que ha evolucionado cada vez con más fuerza a reinstalar la lógica de derechos sociales, debe permitir a los cotizantes elegir si quieran llevar su 10% a la entidad estatal. Asimismo, y dada la naturaleza oligopólica del mercado de las AFP, hay que limitar las utilidades repartiendo con criterios solidarios lo que exceda. De igual forma, se debe trazar un camino que permita, en un mediano plazo, que la cotización del empleador sea igual a la del trabajador, como indica la experiencia internacional.

Finalmente, el gobierno se propone sacar su proyecto de pensiones en dos semanas, con indicaciones legislativas que aun ni siquiera ingresa al Congreso, en un tiempo que no dará espacio a una discusión acabada de un proyecto que pretende modificar el sistema de pensiones en Chile. Se muestra una ansiedad y urgencia que no tiene que ver con la necesidad de reformar sustantivamente el sistema de pensiones, sino mas bien con un temor latente de que se les aparezca marzo. Entre tanto, su apuesta es apurar la discusión, jugando con la presión de cambios urgentes demandados por la sociedad, y aprovechando ello para generar condiciones que permitan mantener el lucrativo negocio de las pensiones y fortalecer la capitalización individual en nuestro país.