Opinión

Los poderes políticos y económicos se unen para perjudicar a la ciudadanía

Por: Patricio Herman | Publicado: 01.03.2020
Los poderes políticos y económicos se unen para perjudicar a la ciudadanía SII | Foto: Agencia Uno
Dado que el Servicio de Impuestos Internos (SII) considera una prescripción para los morosos, con la cual solo puede fijar el avalúo fiscal de la casa y determinar el monto de ese impuesto territorial solo por los 3 últimos años en que se descubren las pillerías, para terminar definitivamente con este fraude, el cobro debiera hacerse por todo el período en que no se pagó, de tal forma que el particular que evadió la cobranza por 20 o 30años, debiera pagar con efecto retroactivo por los mismos 20o 30 años, más una ejemplificadora multa.

La fundación Defendamos la Ciudad recibió el 28/02/20 una declaración pública de la Comunidad Ecológica de Peñalolén en donde se da cuenta de una distorsión de los hechos respecto a la presunta negativa que tienen sus residentes para que, en un determinado terreno urbano regido por un Plan Seccional  del año 1999, comprado por el Serviu a un particular, relacionado éste con el poder político, se construyan viviendas sociales. Por considerarse ese pormenorizado relato de interés público lo damos a conocer, ver link para que así, documentadamente, los lectores de El Desconcierto saquen sus propias conclusiones, a sabiendas de que existiendo un fallo de la Corte Suprema a favor de esa comunidad, el asunto todavía no está resuelto por iniciativas dilatorias emprendidas por la Municipalidad de Peñalolén.

 Ya conocemos el desenlace judicial asociado al  Hotel Punta Piqueros levantado al margen de la ley en la comuna de Concón, 5ª región de Valparaíso, lo que significa que su estructura se debería  demoler, aunque sabemos que en Chile ello no sucede por diferentes motivos, es cosa de ver todos los guetos verticales ilegales en la comuna de Estación Central, sin que su alcalde exija sus derribamientos.  Volviendo al hotel, tenemos la percepción de que sus dueños lo dejarán como está, entre otros motivos, pues demoler tiene un alto costo y esos inversionistas aducirán que se les acabó el dinero.

Hace algún tiempo la Inmobiliaria Costa de Montemar S.A. obtuvo el 09/07/96 un permiso de edificación para construir algunas torres habitacionales de 24 pisos cada una en un terreno de la calle Las Pimpinelas 765, Concón, predio regido por la zona H5 en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar, zona que se mantuvo en Concón cuando esta municipalidad dispuso de su propio PRC. Lo anterior, a pesar de que la normativa urbana aplicable admitía una altura máxima de 4 pisos.

En todo caso la inmobiliaria logró construir una torre con la aludida altura, con la cual copó el coeficiente de constructibilidad fijado para la zona H5, zona que el avispado privado invocaba desconocer. Por los reclamos ejercidos por la comunidad, la Contraloría General de la República dictaminó que el permiso era contrario a derecho, entre otras razones, porque el permiso estaba caducado en la fecha en que su titular deseaba iniciar las faenas y posteriormente la Corte Suprema, cómo era lógico, falló a favor de esa normativa, por lo tanto desechando ese lucrativo negocio inmobiliario.

Ahora bien, después del ukase del máximo tribunal, esa inmobiliaria logra obtener, en una fracción del terreno, regido en el PRC de Concón por la misma zona H5, el permiso de edificación Nº 74 del 09/07/15 cursado por su Director de Obras Municipales, ello a pesar de que en oficios determinados firmados por las autoridades municipales concluyen que el coeficiente de constructibilidad lo impedía, razón más que suficiente para que los mismos vecinos exigieran la nulidad de ese acto administrativo, requiriéndole al alcalde que el asunto lo llevara al Ministerio Público.

Como un hecho anecdótico, en el permiso municipal se dice que la construcción consiste en 3 edificios de 4 pisos cada uno y en lacoloreada publicidad empresarial se expresa que se trata de un edificio de 5 pisos(sic). Felicitamos a los vecinos de Concón quienes supieron defender, con las armas de la ley, sus legítimos derechos urbanos protegidos por el PRC local.

Finalmente, a la luz de los sospechosos “olvidos” de los presidentes de la República para obtener los certificados de recepciones finales municipales para sus magníficas viviendas de placer en sectores agrícolas, luego en zonas excluidas al desarrollo urbano, con lo cual no pagan por muchos años sus contribuciones de bienes raíces, es bueno tener presente nuestra propuesta que a continuación damos a conocer :

Dado que el Servicio de Impuestos Internos (SII) considera una prescripción para los morosos, con la cual solo puede fijar el avalúo fiscal de la casa y determinar el monto de ese impuesto territorial solo por los 3 últimos años en que se descubren las pillerías, para terminar definitivamente con este fraude, el cobro debiera hacerse por todo el período en que no se pagó, de tal forma que el particular que evadió la cobranza por 20 o 30años, debiera pagar con efecto retroactivo por los mismos 20o 30 años, más una ejemplificadora multa.

Si la Subdirección de Avaluaciones del SII toma el toro por las astas, nunca más la prensa estará denunciando este tipo de “inadvertencias” presidenciales, ya que sería más barato cumplir con las obligaciones municipales y pagar religiosamente año tras año ese fastidioso impuesto

Patricio Herman