La votación de la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas fue confusa. Lamentablemente, el voto secreto que contempla el reglamento de la Cámara para esta elección de las autoridades al Congreso deja un manto de dudas que es inexcusable en un sistema democrático.
Esto está directamente relacionado con una particular deficiencia democrática del reglamento de la Cámara. Para la votación de sus autoridades, las y los diputados deben emitir su voto en secreto, cuestión que no parece existir en ningún otro lugar del mundo. En varias ocasiones desde el Frente Amplio y otros sectores se ha abogado por la eliminación de esta norma, de manera que todas y cada una de las decisiones del parlamento sean transparentes, argumentadas y de cara a la ciudadanía.
Pese a que el voto es secreto, con toda soltura algunas personas apuntan al Frente Amplio como responsable del triunfo del diputado Paulsen (RN) y del diputado Undurraga (Evópoli). Pero hay razones suficientes para pensar que la insistencia de la DC con la figura de Gabriel Silber es un error político de proporciones.
El acuerdo administrativo de la oposición, suscrito públicamente el 2018 para permitir que la mayoría opositora en la Cámara se expresara en las presidencias, sostenía que este año le correspondía a la DC y al PC liderar los primeros dos cargos de la mesa. Y ese acuerdo hasta el mismo momento de la votación no parecía estar en cuestión, nadie estuvo intentando desplazar a la DC de este derecho consensuado. Lo que estuvo en cuestión fue el nombre de Gabriel Silber.
Quienes se apresuran en acusar infantilismo parten de dos premisas erradas. La primera es que con la presidencia de Gabriel Silber la Cámara de Diputados tendría una conducción proclive a la oposición. Basta revisar el actuar del diputado DC por la zona norponiente de Santiago durante el último año para constatar que en los llamados proyectos emblema del gobierno ha tenido un rol clave en descuadrar votos de la oposición para aprobar la agenda de Sebastián Piñera. Es el caso de la reforma tributaria o el proyecto de pensiones aún en trámite. No hay ningún elemento concreto que permita afirmar que una conducción de Gabriel Silber en la Cámara de Diputados sería favorable a la oposición.
La segunda premisa errada tiene que ver con quienes asumen que el asunto de la idoneidad de Gabriel Silber en términos éticos está despejada. Como feministas del Frente Amplio discrepamos. Si bien fue comprobado que la denuncia anónima que llegó a todo el congreso vía correo salió de la cuenta de una asesora y también se afirmó que la exesposa del diputado Silber no validaba ni tenía relación con esa denuncia, fue solo el mecanismo de difusión de la misma el que fue desestimado. Tanto el diputado Alexis Sepúlveda (PR) como la diputada Andrea Parra (PPD), ambos parte de la ex Nueva Mayoría, afirmaron en el día de ayer tener antecedentes fundados y concretos que respaldarían un eventual veto por violencia de género.
Cualquiera que conozca al mínimo las dinámicas de la denuncia de la violencia contra las mujeres en Chile conoce muy bien el fenómeno complejo que rodea la ratificación o retractación. Las alertas mencionadas sobre la idoneidad de Silber y la constancia de la pérdida de apoyos eran elementos suficientes para que la Democracia Cristiana, partido que ya tiene a su haber todo lo que rodeó el caso de Ricardo Rincón, modificara su candidatura a la presidencia de la Cámara y diera así las condiciones para cumplir el acuerdo administrativo. Que no lo hicieran no es por su apego a los acuerdos, porque si eso fuera la norma recordarían el documento político que firmaron todas las bancadas al llegar a ese acuerdo y que han roto sistemáticamente en votaciones con el gobierno.
Desde nuestra perspectiva, el caso de violencia en cuestión que involucra al diputado Silber y que quedó bajo la alfombra, es un elemento fundamental a considerar por parte de las fuerzas que se consideran feministas para efectos de afrontar esta votación. El feminismo no es una cuestión amable de márketing que sirve solo para sacarse selfies y ganar likes. Implica muchas cosas, entre ellas modificar nuestros estándares sobre ética más allá de una legislación que se ha denunciado largamente como insuficiente. Esta cuestión debe ser evaluado por los y las diputadas, las dirigencias de sus partidos y la opinión pública, ojalá con los antecedentes que puedan aportar quienes afirmaron poseerlos para poder despejar este punto.
Al mismo tiempo es fundamental que se realice una reforma urgente al reglamento, de manera de asegurar que las decisiones se tomen de cara a la ciudadanía y debidamente justificadas, para luego llamar a una nueva votación de la mesa de la Cámara. En aquella votación, cada autoridad deberá dar cuenta de sus razones, de manera que todos y todas podamos evaluar.
La lección es clara. En medio de una pandemia, post estallido social, con las urgentes reformas sociales y económicas para Chile, es tiempo de construir acuerdos sustantivos en lo político más que formales o administrativos, y tener la capacidad de poner lo común por sobre lo individual. No es solo la oposición en juego, es qué oposición.