Chile: Un paraíso empresarial desregulado

Salmoneras que vierten toneladas de antibióticos, antiparasitarios, plásticos y residuos sólidos al lecho marino. Termoeléctricas que desean instalarse en zonas donde la gente recibe agua dos veces por semana. Y mineras que todos los días destruyen los glaciares de roca, pero disimulando con la creación de parques o plazas con un supuesto aire de buena voluntad y generosidad con el medioambiente y la sociedad. Esto sucede aquí, en Chile, un país que tiene un marco legal de protección socio-ambiental completamente deficiente, el cual prioriza los derechos e intereses de los inversionistas por sobre los derechos e intereses locales, bajo la lógica de que es prioritariamente la iniciativa privada la que impulsa el desarrollo. Mientras que también, se debe lidiar con el constante lobby y tráfico de influencias por los que son corrompidos los organismos estatales encargados de aplicar este marco regulador, que de por sí desfavorece a las comunidades y los ecosistemas locales.

Un ejemplo de esta situación es el caso del proyecto termoeléctrico los rulos, el cual pretende instalarse en la comuna de Limache, sin considerar el impacto en la salud de las personas, el medio ambiente y la economía agrícola local, además de acrecentar la crisis hídrica con los 310 litros de agua que consumiría al día, en una zona que actualmente la población se abastece por medio de camiones aljibes, y está más cerca de parecer un desierto, que un vergel redundante de agua. Este proyecto que atenta directamente con la calidad de vida de las personas ha sido muy cuestionado a lo largo de los años, un ejemplo de la disconformidad de la comunidad hacia el proyecto es la demanda interpuesta ante el tribunal ambiental de Santiago por el biólogo Salvador Donghi Rojas y el arquitecto Arturo Chadwick Dittborn, la cual buscaba impedir la instalación de esta central termoeléctrica, ya que la instalación de esta atenta contra el derecho a vivir en un medioambiente sin contaminación y la salud de la comunidad local. Sin embargo, hace un par de semanas esta fue rechazada por el tribunal, desestimando la demanda.

Por otro lado, se encuentra el famoso caso del proyecto hidroeléctrico Alto el Maipo, el cual busca generar 531 megawatts de electricidad, a costa de la privación del derecho humano al agua, la contaminación de esta misma y la destrucción de los glaciares. Las razones para cancelar el funcionamiento de esta hidroeléctrica sobran entre las más de 15 denuncias que tiene en su contra, estas van desde provocar desprendimientos de masas de hielo en el glaciar Mesón alto, durante plena pandemia y aprovechando la muralla mediática de información sobre el Covid19, hasta contaminar las aguas superficiales y subterráneas aledañas a sus faenas, superando entre un 5903% y un 5337% la norma NCh409 en niveles de hierro y sobrepasando también en un 170% los niveles de plomo establecidos por la OMS(Informe: Aguas del Cajón del Maipo y Alto Maipo, CMA). Sin embargo poco o nada, ha hecho el tribunal ambiental ante estas denuncias, más bien ha fallado constantemente a favor del proyecto, justificando situaciones tales como la aprobación de la Superintendencia de Medio Ambiente a la hora conceder a la empresa AES Gener modificaciones en la forma de construcción de la planta sin haber consultado anteriormente a organismos pertinentes como la Dirección General de Aguas. Constituyendo una, de las tantas derrotas en la búsqueda de justicia socio-ambiental en el territorio nacional.

Finalmente queda bastante claro que el estado y los organismos que lo constituyen brillan por su inacción y desregulación, dejando vacíos legales en materia ambiental, poniendo la justicia en una libertad de acción que misteriosamente y repetidamente se vira de forma unánime a los intereses comerciales o del mal llamado libre mercado. ¿Por qué mal llamado?, porque no consiste en una libertad a la hora de comerciar algún bien o servicio, sino más bien una libertad de acción, en la que se permite la corrupción de los órganos estatales y la destrucción del medio ambiente, con el fin de satisfacer el desarrollo económico y las ansias desmedidas de acumular capital, dejando completamente de lado las bases del derecho internacional y los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales se vanaglorian ciertos representantes políticos nacionales.