Opinión

Las acciones del Estado contra la violencia hacia mujeres y la potencialidad de lo local

Por: Tatiana Hernández y Vesna Madariaga | Publicado: 24.04.2020
Las acciones del Estado contra la violencia hacia mujeres y la potencialidad de lo local | Foto: Agencia Uno
La baja de denuncias en Carabineros y en la Fiscalía, en comparación año 2019 y 2020, no sólo obedece al impedimento material de desplazamiento debido al confinamiento. Se debe fundamentalmente al aumento de la sensación de vulnerabilidad que experimentan las mujeres que están en cuarentena y que no confían en la respuesta del Estado. En otras palabras, si existiera una “relación positiva” entre las necesidades de las mujeres y los escenarios de justicia que se les ofrece las denuncias serían mayores.

El 9 de abril pasado, en la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género del Senado, la Ministra de la cartera Carolina Cuevas comenzó su exposición ante un grupo de senadoras diciendo: “las mujeres son erráticas” refiriéndose al comportamiento que tienen las mujeres para buscar el apoyo y acompañamiento que les permita salir de la situación de violencia que están viviendo. Creemos importante refutar esta idea, muy común en quienes desconocen la problemática de la violencia y el impacto que tiene concretamente en la vida de las mujeres, más aún la complejidad que puede adoptar en contexto de confinamiento.

Estudios nacionales e internacionales, dan cuenta que los Estados han fallado para enfrentar la violencia contra las mujeres y niñas. Estados que revictimizan, porque actúan sin la celeridad o debida diligencia para garantizar atención, protección, reparación y la justicia que necesitan. Son muchas las mujeres que descartan la denuncia como alternativa de salida a la violencia porque sienten que se agudiza con ella la amenaza y riesgo de vida, entre otras razones, por reconocer la precaria diligencia que tiene el Estado para actuar y garantizar protección. Es justamente ahí cuando no denunciar se transforma en un mecanismo de supervivencia para muchas mujeres.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Violencia Intrafamiliar e 2017 las mujeres declaran que “no creen que sirva denunciar o denunció previamente y no pasó nada”. Por otro lado, la percepción de las mujeres sobre la confianza en las instituciones que se involucran directamente en esta problemática, ha disminuido notablemente en las últimas mediciones. Desconfianza que se agudizó con Carabineros de Chile ante los hechos de violencia política sexual perpetrada por agentes de Estado en la revuelta social en curso; unidad que recepciona cerca del 90% del total de denuncias por VIF. También se agravó la desconfianza de las mujeres hacia en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ante el silencio inexplicable de la ex Ministra Plá frente a la violación a los derechos humanos de las mujeres.

La baja de denuncias en Carabineros y en la Fiscalía, en comparación año 2019 y 2020, no sólo obedece al impedimento material de desplazamiento debido al confinamiento. Se debe fundamentalmente al aumento de la sensación de vulnerabilidad que experimentan las mujeres que están en cuarentena y que no confían en la respuesta del Estado. En otras palabras, si existiera una “relación positiva” entre las necesidades de las mujeres y los escenarios de justicia que se les ofrece las denuncias serían mayores. Si bien en emergencia han disminuido las denuncias, han aumentado los llamados por ayuda, alcanzado en comunas como Providencia hasta un 500% y en un 70% a la línea 1455. Esta es una muestra de que las mujeres buscan contención emocional y apoyo para mantenerse sobreviviendo, pero que la denuncia no es garantía de una respuesta a su situación.

Imaginar escenarios de justicia para las mujeres que atiendan sus necesidades implica supuestos estructurales mínimos. Las políticas son de Estado y no de Gobierno, es decir, no son modificables para dar sello propio a cada administración, una práctica recurrente e irresponsable cuando se trata de la vida de las mujeres. Supondríamos, también, que el Estado tiene un abordaje integral y marco comprensivo en su política pública para enfrentarla, que plantea universalmente la prevención, atención, protección y reparación a través de sus estrategias, programas sociales y presupuestos robustos. Daríamos por hecho que el cuidado de las trabajadoras/es que atienden violencia es tarea fundamental de la institución y, por, sobre todo, se promueve la participación activa de las organizaciones de mujeres y feministas para erradicar la violencia hacia las mujeres en todos los territorios, porque es fundamental generar redes de apoyo, cuidado colectivo, solidaridad y organización. Además, se debería contar con una normativa nacional integral y de amplias garantías, entre otras condiciones mínimas.

Estos escenarios de justicia deberían diseñarse y protocolizarse teniendo en consideración las múltiples condiciones de vulnerabilidad que viven las mujeres observando categorías que vayan más allá del género: pobreza, pertenencia indígena, situación geográfica, situación de discapacidad, situación laboral, situación migratoria, indicadores de morbilidad, entre otras. Si hay algo que nos ha permitido reconocer el vivir en un país que experimentan cada cierto año algún tipo de desastre, es que la respuesta en la emergencia debe ser adecuada a las especificidades de los riesgos que enfrentan las personas según sus condiciones de vulnerabilidad. Estos escenarios, dependiendo de la edad de las mujeres, debería considerar medidas también específicas, que busquen garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, así como también el derecho al trabajo o bien a un ingreso/pensión digna.

La estrategia de Estado debe formar parte de una respuesta estructural e integral multisectorial que sitúe en el centro a las mujeres y sus autonomías; estrategia que es posible en tanto política pública descentralizada con aportes regionales y locales; con participación de personas, organizaciones y redes comunitarias con distintas realidades territoriales, pertinencias sociales y culturales. Apostar por la descentralización y la participación social es reconocer que la comunidad es el espacio privilegiado donde las mujeres habitan, construyen identidad y desarrollan sus derechos como ciudadanas. Es necesario concebir en la ciudadanía de las mujeres tanto los derechos individuales como los derechos sociales y colectivos. Esto es, asumir una perspectiva fundada en la debida diligencia y que ubique la violencia contra las mujeres como responsabilidad pública y política.

En el contexto la emergencia sanitaria, la ciudadanía ha evaluado que las y los alcaldes han sido los actores más oportunos y más relevantes para enfrentar la respuesta (Criteria, 2020). Dotar a los gobiernos locales con capacidades y estructura que les permita enfrentar esta problemática es vital.

Aun cuando la violencia afecta de manera transversal a todas las mujeres, la posibilidad de superar la situación varía de acuerdo a las condiciones materiales, objetivas y subjetivas con las que cuentan las mujeres, es decir la posición que las mujeres ocupan en la esfera de producción y reproducción social, muchas de ellas en situaciones de exclusión social con dificultades para acceder a servicios de salud, educación, vivienda, trabajo dependiente, entre otras. Por ello, la idea de que “las mujeres son erráticas” en sus conductas para buscar ayuda, es dejar de ver en ellas la inteligencia para desplegar estrategias cotidianas de resistir a la violencia, es traslaparles la culpa de la situación de violencia que viven. La negligencia del Estado de no dotarse de las capacidades para ver esta problemática en toda su complejidad, continuará significando que quienes toman decisiones no se hagan las preguntas que las mujeres si se hacen: ¿de qué y dónde voy/vamos a vivir? ¿cómo abrigar el hambre, el frío y la pobreza? para muchas mujeres con sus hijes es tal el nivel de precarización que supervivir a la violencia de sus agresores cotidianamente es, también, una estrategia para vivir.

Tatiana Hernández y Vesna Madariaga