Opinión

No queremos ser cómplices de la negligencia de Estado frente a la violencia hacia mujeres

Por: Vesna Madariaga Gjordan, Carolina Farías Pinto y Diva Millapán González | Publicado: 05.05.2020
No queremos ser cómplices de la negligencia de Estado frente a la violencia hacia mujeres | Foto: Agencia Uno
Como Asociación Nacional de Funcionarias-os del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, exigimos el nombramiento de una Ministra que como condición mínima tenga compromiso real por las mujeres y la erradicación de la violencia, que tenga la intención de aprender de género, de valorar la función pública, que escuche a los equipos técnicos que trabajan en la institución, que tenga diálogo directo y permanente con sus trabajadoras-es y que por sobre todo sea capaz de empatizar; preocupándose por generar políticas que mejoren la calidad y condiciones de vida de las mujeres, reconocer el trabajo productivo, reproductivo y de cuidados, comprometiéndose a restaurar en lo inmediato el programa 4 a 7, que entienda que esta institución tiene una labor de continuidad como Estado y no pueden ser modificadas sus políticas al antojo con cada Gobierno. 

A nivel mundial el aumento de la violencia hacia las mujeres en contexto de pandemia es una dramática realidad, no obstante, esto en Chile no se ha traducido en aumento de denuncias; sino más bien en aumento de solicitudes de orientación a redes y teléfonos de asistencia; a organizaciones de mujeres y feministas que brindan atención solidaria y, también, a las instituciones públicas.

Lamentablemente las autoridades de gobierno más que ocuparse de mejorar y fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia hacia las mujeres, han ejecutado acciones que la debilitan y fragilizan. Hemos visto con preocupación en estos días acciones de gran publicidad orientadas a mejorar la opinión pública sobre la debilitada imagen del gobierno, y no centradas en garantizar realmente la protección de la vida de las mujeres.

Las y los funcionarias-os del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que trabajamos directamente abordando la violencia hacia las mujeres, no fuimos convocados/as para diseñar estas acciones públicas. Tampoco hemos recibido orientaciones técnicas de cómo implementarlas. Desconocemos la capacitación que han recibido quienes la están ejecutando. Estos actos de negligencia conducen una vez más al debilitamiento de la institucionalidad en materia de igualdad de género en Chile. No valorar la experiencia y conocimientos de las y los profesionales de la institución es una expresión de aquello.

También se erosiona la institucionalidad, cuando el gobierno permanentemente invisibiliza y niega la participación de las organizaciones de mujeres en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Llamamos urgentemente a incorporar estas voces al quehacer público de nuestra institución.

El Ministerio tiene el mandato de diseñar, coordinar e implementar políticas públicas dirigidas a las mujeres. La violencia que ellas viven, no sólo se manifiesta en los hogares y las relaciones de pareja, sabemos y nos preocupan los distintos contextos en los que hoy las mujeres están viviendo violencia: en conflictos ambientales, rurales, territoriales e indígenas; situación migrante; en zonas de alta dispersión geográficas con dificultad de acceso a oferta estatal, porque no disponen de red telefónica ni de internet; disidencias sexo-genéricas; trabajos precarizados; situación de discapacidad; y lo que han vivido muchas mujeres en los últimos meses una sistemática violación a sus derechos humanos, con clara expresión de violencia político sexual. Todos estos escenarios y manifestaciones de la violencia han estado ausentes del discurso de las autoridades del Ministerio.

No queremos ser cómplices de la negligencia de Estado frente a la violencia hacia mujeres, menos en contexto de emergencia frente a las dramáticas realidades que enfrentan, tenemos el deber de decir con claridad que las campañas comunicacionales lanzadas apuntan a incentivar la denuncia; no obstante, la institución no tiene la capacidad de hacerse responsable de ello. No existe oferta de protección para quienes no están en riesgo grave/vital y deben salir de sus hogares antes de vivir violencia más extrema o derechamente femicida. Para ingresar a una Casa de Acogida debe cumplir con requisitos que la califiquen en riesgo alto o de gravedad vital. Las mujeres que no se encuentran en esa condición extrema quedan en la indefensión por parte del Estado; más aún si no cuenta con redes de apoyo personales-familiares-comunitarias.

Nos preocupa tener al frente de nuestro Ministerio, a una autoridad con una demanda por tutela laboral que la acusa directamente de haber ejercido maltrato laboral a una funcionaria de la institución, y con un recurso de protección por vulneración de garantías constitucionales a una Jefatura de su propia administración. Nos alarma que la única experiencia laboral que respalda a quién ha sido subsecretaria y ministra (s) de una cartera tan importante para las mujeres en este contexto sea en la gerencia de empresas privadas de servicios financieros.

Es de conocimiento público los múltiples despidos injustos ejecutados por la ministra (s) Carolina Cuevas (casi 30% de la dotación nacional desde 2018).  Muchas contrataciones fueron sin concursos públicos y, los con concursos resultan poco transparentes y objetivo como el último realizado en plena restricción presupuestaria, aumentos de grado (sueldo) sólo a personal de su confianza, entre otras malas prácticas laborales. En su rol de subsecretaria nunca levantó sumario alguno ante varias situaciones que cursan en tribunales laborales de distintas regiones Antofagasta, Santiago, Magallanes de los que tiene completo conocimiento y que vulneran derechos fundamentales directamente a sus trabajadoras-es. Nos obstante, con toda celeridad se han levantado sumarios que han buscado intervenir y perseguir la defensa de los derechos laborales de funcionarias-os del Ministerio.

Como Asociación Nacional de Funcionarias-os del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, exigimos el nombramiento de una Ministra que como condición mínima tenga compromiso real por las mujeres y la erradicación de la violencia, que tenga la intención de aprender de género, de valorar la función pública, que escuche a los equipos técnicos que trabajan en la institución, que tenga diálogo directo y permanente con sus trabajadoras-es y que por sobre todo sea capaz de empatizar; preocupándose por generar políticas que mejoren la calidad y condiciones de vida de las mujeres, reconocer el trabajo productivo, reproductivo y de cuidados, comprometiéndose a restaurar en lo inmediato el programa 4 a 7, que entienda que esta institución tiene una labor de continuidad como Estado y no pueden ser modificadas sus políticas al antojo con cada Gobierno. 

Este ministerio se levantó gracias a la lucha histórica que miles de mujeres y feministas han dado por años en nuestro país y viene a vindicar derechos que nos han sido negados por siglos. Es un imperativo ético funcionario el defender las garantías de derechos a todas las mujeres en su diversidad y que habitan los diferentes territorios del país. En la definición de una nueva ministra de la mujer el gobierno se juega la posibilidad de mejorar en algo la baja aprobación y confianza de las mujeres, en tanto son un factor determinante en el padrón electoral y en los movimientos sociales de mayor potencia en curso.

Vesna Madariaga Gjordan, Carolina Farías Pinto y Diva Millapán González