Despejando la cancha de notarios para el aterrizaje de Sonda

Al poco tiempo del estallido social del 18 de octubre del año pasado, el Gobierno, como es lógico, priorizó y planteó las urgencias para una serie de proyectos de la denominada “agenda social”. De todos ellos, hubo uno que llamó bastante la atención, no solo por ser ajeno a la agenda social, sino por la cantidad de veces (trece para ser precisos) que el Gobierno le reiteró la suma urgencia al Congreso para su pronta tramitación. Se trata del proyecto de reforma al notariado.

¿Por qué tanta urgencia para un proyecto que nada tiene que ver con la crisis social?

La respuesta es una y bien sencilla: porque la fe publica en Chile es un muy generoso negocio que, sin importar la situación que viva el país, siempre será necesaria, y como todo buen negocio en Chile debiera pasar o, al menos, eso quiere el Gobierno del Presidente Piñera, a manos privadas.

Todos estamos de acuerdo en que la fe publica, a cargo de notarios y conservadores, está en general muy mal administrada por unos pocos elegidos que obtienen desproporcionados ingresos por una labor relativamente sencilla. Todos hemos experimentado las dificultades propias de un sistema ineficiente y queremos con toda razón que eso cambie. Es intolerable, desde otro punto de vista, que el ejercicio de una función pública sea fuente de tan desproporcionado enriquecimiento y eso debe cambiar también.

Lo que no debe cambiar, a riesgo de la inseguridad, es la fe pública a cargo de ministros de fe que sean también públicos, pues ello, desde que Chile existe como país independiente, nos ha dado una certeza que pocos países tienen en su tráfico jurídico, sobre todo en sus registros. Nadie en nuestro país tiene la necesidad de contratar seguros en relación a las inscripciones de propiedad, pues la inscripción conservatoria, diseñada inéditamente por Andrés Bello para Chile, no sólo es requisito y prueba del dominio, sino que garantía suficiente de nuestro derecho.

La inmensa mayoría de los contratos en Chile son meramente consensuales y no requieren siquiera de escrituración. Excepcionalmente hay contratos, como la compraventa de inmuebles que requieren de formalidades para existir. Sin embargo, nuestra cultura legalista es la que opta por escriturar los contratos y recurrir a la certificación notarial, pues ello evidentemente nos entrega una prueba muy útil ante la eventualidad de un conflicto, y las costumbres, sobre aquellas tan arraigadas como ésta, no se modifican por ley.

Ahora último el Gobierno ha presentado un denominado proyecto que busca “desnotarizar” una serie de trámites, los que señala podrían sencillamente ser reemplazados por certificaciones o firmas electrónicas simples o avanzadas, y ahí está la verdadera intencionalidad: entregar el negocio de la fe pública a las empresas certificadoras, que evidentemente cobrarán por cada transacción virtual, siendo una de esas empresas y la más importante hoy en Chile, la conocida Sonda, de propiedad de uno de los mejores amigos del Presidente Piñera, el señor Andrés Navarro, recordado como el chofer del helicóptero que pilotaba junto al Presidente Piñera hace años atrás y que debió aterrizar de emergencia en la Ruta 5 Sur.

Pero el dilema no sólo es que la fe pública pase a manos privadas, sino de cómo quedaría la necesaria certeza jurídica de nuestras transacciones, y en definitiva la seguridad contractual, pues así como hoy se desconocen las transacciones bancarias realizadas con dispositivos y claves clonadas, nadie puede asegurar que lo mismo ocurra en el futuro con los certificados y firmas electrónicas, o peor aún, que suscritos efectivamente por su titular, éste no sea víctima de error, fuerza o dolo.

Si en los aspectos sustantivos el sistema notarial y registral ha funcionado bien en tanto otorga niveles muy satisfactorios de certeza, no hay motivo para cambiarlo o reformarlo, como no sea la necesidad de modificar o perfeccionar una serie de aspectos negativos, que parten en cómo se eligen a esos funcionarios, cómo se les promueve, su carrera funcionaria, cómo se los controla y cuánto ganan, y lo más importante, cómo se logra que las transacciones, sin perder su alta confiabilidad, que es lo positivo de nuestro sistema, sean más ágiles, rápidas y económicas.

Tan importante discusión no puede ser realizada bajo la presión de ninguna urgencia, menos aún cuando sabemos que detrás de estos proyectos se pretende privatizar la fe pública y abrir de par en par la puerta a las empresas certificadoras y a las de seguros. Este último es el objetivo estratégico que persigue el Gobierno de Piñera, recurriendo a una vil táctica que partirá por precarizar los registros y el tráfico jurídico, generando de esta manera una fértil cancha para el suave aterrizaje de las empresas privadas, certificadoras y de seguros, que miran con baba en la boca la danza de millones que deja la fe pública en Chile, y sentados en el mismo helicóptero le pegan codazos al Presidente para que haga algo, y algo está haciendo.