Durante las últimas semanas hemos sido testigos de cómo el gobierno ha realizado un gran despliegue comunicacional para llevar a cabo la entrega de las denominadas “cajas familiares”.
En la implementación del denominado “Plan de Alimentos para Chile”, anunciado por el presidente Sebastián Piñera a mediados de mayo, hemos visto cómo ministros de Estado, subsecretarios, seremis y todo el aparato gubernamental de confianza se “ha puesto para la foto” en la implementación de una política social que para muchas chilenas y chilenos representa una medida de subsistencia.
Todos quienes hemos elegido el servicio público o la política como nuestra actividad sabemos que aquello que no se comunica no existe. Pero también conocemos que hay una delgada línea entre la necesaria gestión comunicacional y el aprovechamiento político y electoral.
Desde iniciada esta emergencia sanitaria, escuchamos a los líderes oficialistas y a sus representantes en el Parlamento decir que “el gobierno está haciendo un gran esfuerzo en ayudar a los chilenos”, sin embargo, al repetir una y otra vez esta frase, parecen olvidar que el gran esfuerzo no es tal, y que se trata del obligado cumplimiento de la principal tarea que tiene la administración del Estado.
Cada vez que surge una necesidad social, la obligación de los actores políticos y del poder es implementar políticas sociales para su abordaje y solución. No es un esfuerzo, ni un sacrificio, no es obra o gracia de este u otro gobierno, sino sólo el cumplimiento de lo que todos hemos recibido: el mandato de la ciudadanía para administrar o legislar, y que debemos cumplir.
Ante una crisis siempre existe la posibilidad de hacer gestión política, y esto no es un problema en sí, sino que lo reprochable es sacar dividendos electorales usando el dolor y la situación económica que hoy viven miles de compatriotas. Cada vez que se entrega un beneficio social, como en este caso es una “caja de alimentos”, y se agrega en ella una fotografía, o como se ha detectado últimamente, un mensaje político del Presidente de la República, lo que se hace es utilizar recursos públicos –que le pertenecen, y que además aportan, a todas y todos los chilenos–, para obtener un dividendo pequeño y mezquino.
Son muchas las personas que han perdido el empleo, o que no pueden salir a la calle a vender sus mercaderías, o a una feria a vender sus productos, y en ellos se piensa cada vez que se aprueban recursos para entregar aportes o subsidios, pero ellos merecen sobre todo dignidad, y no una sobrexposición.
La Contraloría General de la República debe pronunciarse sobre lo que a todas luces parece ser una ilegalidad, y sancionar a quienes han transgredido la ley y, sobre todo, los principios de probidad y transparencia que deben observar las y los funcionarios de la administración del Estado, sin excepción.
Chile despertó. Nuestros ciudadanos están atentos a todo lo que sus autoridades realizamos. Nos fiscalizan con rigor y nos califican incluso con altos niveles de desaprobación. Por tanto, la exigencia para quienes formamos parte del Estado debe ser cada vez mayor, y los espacios para la poca transparencia deben acabarse.