El imperativo reconocimiento de los niños y adolescentes

La pandemia, que nos ha obligado a permanecer en el confinamiento, también ha presionado a los poderes del Estado a resolver las urgencias que la crisis sanitaria ha abierto. Sin embargo, también se han retomado discusiones que llevaban décadas en la lista de los pendientes. Una de ellas dice relación con la Ley de garantías o de protección integral de la niñez, cuyo primer intento se presentó en el año 2002.

Estamos en 2020 y dicha discusión sigue sin resolverse, con un proyecto presentado en el año 2015 que, en las últimas semanas, ha vuelto a ocupar editoriales, columnas y cartas al director.

No deja de ser llamativo que sectores conservadores, probablemente los mismos que ayer se negaron a reconocer que niños y niñas merecían iguales derechos independiente del matrimonio entre sus padres, hoy se nieguen a reconocerles derechos con ciertas cuotas de autonomía, de acuerdo a su edad, madurez y desarrollo. Han llegado al punto de sostener que el Estado tiene la pretensión de “intervenir” las familias, como si el sólo hecho de reconocer a los niños y niñas como sujetos fuera una afrenta contra padres y madres.

A su vez, esos mismos sectores jamás se pronuncian ante una realidad innegable: que la violencia y el maltrato hacia los niños son de las pocas cosas que se distribuyen con igualdad en Chile. Estos se producen de manera transversal a la clase social y a la instrucción educativa de los cuidadores. Frente a esa realidad, ¿vamos a seguir mirando hacia el lado? En pleno siglo XXI, ¿vamos a seguir afirmando que el Estado no tiene la obligación de asegurar a niños, niñas y adolescentes condiciones materiales mínimas para el ejercicio de sus derechos? ¿Vamos a seguir culpando a las familias cuando no cuentan con herramientas para el cuidado y protección de sus hijos e hijas?

Pues bien: de eso precisamente se trata la Ley de garantías. De establecer un catálogo de derechos que el Estado debe asegurar para el máximo desarrollo posible de la niñez, en comunión con sus familias, comunidades y entornos. Quien insista en algo distinto, o bien no ha leído el proyecto o, lisa y llanamente, pretende conservar un sistema que, desde luego, ha fallado históricamente con los niños y las niñas. En la actualidad no tienen garantizado el acceso a la salud, ni a la matrícula en la escuela, ni tampoco cuentan con espacios para el juego y el esparcimiento. En definitiva, no tienen garantizados de forma efectiva ninguno de sus derechos, aunque ello es una obligación estatal, relativa a generar condiciones mínimas para una vida digna.

Así las cosas, el reconocimiento de la autonomía progresiva no tensiona a la familia, como algunos pretenden afirmar. Lo que sí la tensiona es la indolencia de las políticas públicas frente a las necesidades actuales de niños, niñas y sus adultos cuidadores, y, por cierto, su falta de reconocimiento: es este el que permite la armonía social y no al revés. Cuando soy reconocido en la comunidad, me siento parte de ella y colaboro en su fortalecimiento.

Lo único que está amenazado con la Ley de garantías es un sistema anacrónico, que se ha esmerado en negarle a niños, niñas y adolescentes el lugar que les corresponde en la democracia: su consideración como personas titulares de derechos, cuyo ejercicio es progresivo de acuerdo a su edad y madurez.