Para nadie es indiferente la reciente votación por el retiro de fondos previsionales en la Cámara de Diputados.
La crisis del oficialismo es el reflejo de un gobierno incapaz de conducir la política nacional desde octubre del 2019. A esto se suma su estrategia sanitaria fracasada con alarmantes resultados en morbilidad y mortalidad por Covid-19, y con insuficientes medidas de contención económica para las familias chilenas. Sin embargo, el hecho más simbólico es la expresión del profundo descontento que existe con el sistema previsional, y la incapacidad del gobierno para responder a las demandas ciudadanas desde una lógica de seguridad social.
Ciertamente, la demanda emanada de las protestas de las últimas décadas sigue vigente y reforzada en el contexto actual. El Estado subsidiario chileno no es compatible con entregar respuestas dirigidas hacia el bien común y la protección social.
La democracia presidencialista se confronta con la crisis política aún abierta en nuestro país. Además de la necesidad de garantías económicas y sanitarias para contener la pandemia, es urgente reconocer la necesidad de contar con condiciones políticas que permitan profundizar nuestra democracia. En ello, es clave retomar la discusión sobre el proceso constituyente.
Múltiples voces del oficialismo se han alzado para proponer la supresión del proceso o, en los casos más hábiles, han apostado por vaciarlo de contenido a partir de acuerdos transversales impulsados por el Ejecutivo. El plebiscito de octubre sigue en el centro del debate, y es necesario entrar en la discusión para resguardar el potencial democrático de la Nueva Constitución y, en consecuencia, los hitos que le entregan legitimidad política y respaldo ciudadano. A la fecha, la Red de Politólogas y Espacio Público han puesto propuestas sobre la mesa, cruzadas por pronunciamientos del Servel y alcaldías frente a la disyuntiva del financiamiento.
A nuestro juicio, este debate debe enfrentarse a partir de las garantías mínimas que deben resguardarse dentro del proceso eleccionario, así como las oportunidades y riesgos que se abren con su digitalización.
En primer lugar, es transversalmente reconocida la necesidad de garantizar medidas sanitarias con respaldo científico dentro del proceso de votación, a partir del respeto de una adecuada distancia social, higiene respiratoria y protección específica para el personal vinculado a la gestión de las elecciones. En ello, es acertado replantear el número de locales y/o días de votación, así como la extensión horaria, ampliación del transporte público, disponibilidad de dispositivos para higiene de manos y mascarillas en caso de requerirse.
En segundo lugar, de forma mucho menos visible pero igualmente importante, debe garantizarse la participación amplia e informada en contexto de pandemia. Ello implica, por un lado, garantizar estrategias de diversificación de propaganda electoral y educación cívica, considerando la brecha de acceso a tecnología y medios de comunicación digital, y por el otro, medidas para la emisión del voto en población contagiada y/o en seguimiento y trazabilidad, así como para población privada de libertad o institucionalizada sin posibilidad de movilización. El voto diferido es una alternativa que se alza con fuerza, y que debiese ser evaluada en nuestro contexto. Del mismo modo, el interés por una competencia equitativa de cara al plebiscito requiere de un estricto control de gasto electoral y sus consecuentes mecanismos de fiscalización vía remota.
En tercer lugar, nos convoca la necesidad de garantizar la seguridad del proceso en términos prácticos y simbólicos, lo que implica reducir al mínimo los riesgos potenciales que puedan cuestionar su legitimidad. En este punto, el voto electrónico ha sido rechazado por múltiples organizaciones vinculadas a la materia, lideradas por la ONG Derechos Digitales, estableciendo un punto de no retorno sobre la consideración de la medida.
Finalmente, la viabilidad de la propuesta acordada dependerá de su sostén económico, debiendo avanzar en un mecanismo de financiamiento conjunto entre autoridad central y alcaldías que permita hacer efectivas las medidas y no profundizar las inequidades territoriales derivadas de la municipalización.
Enfrentar el debate desde estos ejes podría permitir un nuevo marco de desarrollo eleccionario en nuestro país, en la medida que aprendamos de la experiencia internacional, como es el caso de Corea del Sur. En este desafío las fuerzas políticas de transformación y la sociedad civil deben construir una propuesta conjunta para conjugar las condiciones sanitarias y los criterios políticos.
Hoy nos cuidamos para mañana escribir la Nueva Constitución.