La deuda con la salud mental

La emergencia sanitaria a la que prolongadamente nos enfrentamos, ha traído en Chile varias complicaciones anexas, y una de las más preocupantes es el estado de la salud mental de las personas. En la misma medida en que han aumentado la cantidad de contagiados y las cuarentenas, también lo han hecho el estrés, la ansiedad y la depresión, que se han empinado en una peligrosa curva pandémica.

Un sondeo de salud mental en tiempos de Covid-19, realizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), reveló que un 79,5% de los encuestados cree que la pandemia ha afectado negativamente las emociones en su entorno cercano. A su vez, un 56% dice haber sentido ansiedad y un 54,1% frustración por lo que estamos enfrentando. Todo esto enmarcado en un contexto previo, pues en el año 2019 nuestro país ocupaba un poco auspicioso segundo lugar en tasa de suicidios dentro de los países del OCDE.

Los problemas de salud mental en nuestro país se originan en un conjunto de factores, algunos de los cuales dicen relación con la profunda desigualdad que nos caracteriza como sociedad, que lamentablemente se ha acentuado durante esta pandemia.

Las condiciones de vida de las personas se ven fuertemente afectadas por factores como los siguientes: entornos de alta vulnerabilidad y violencia; viviendas que facilitan el hacinamiento; falta de áreas verdes; familias y entornos cercanos disfuncionales; acceso deficiente a salud, educación y a pensiones de estándares dignos, entre otros. Por si fuera poco, las trabas e ineficiencias de la salud pública colaboran con que no se generen las condiciones para la atención oportuna, sistemática y adecuada de cada paciente afectado por una dolencia o trastorno de este orden.

Actualmente, el Estado de Chile presenta una deuda histórica con la salud mental, reflejada de manera concreta en el presupuesto asignado a esta área, que es de apenas un 2,1% del presupuesto total de salud: tres veces menos de lo recomendado por la OCDE.

El sistema de salud comunitario existente requiere, de manera muy urgente, una actualización que sitúe como principales pilares los derechos humanos, la descentralización y la aceptación de la interculturalidad del nuevo Chile, así como de sus múltiples modos de vida. Además, urge dejar de tratar las patologías desde el síntoma, para comenzar a abordarlas de forma estructural, desde la base de una política pública que se adapte a la realidad que se enfrenta a diario en la Atención Primaria de Salud (APS), tanto como considerando las problemáticas sociales que viven y seguirán viviendo los ciudadanos durante la pandemia, y luego en la profunda crisis económica que ya comienza a manifestarse con crudeza.