La inoperancia de las políticas públicas en tiempos de pandemia

El gobierno saca cuentas alegres luego de que el Congreso Nacional despachara para su promulgación dos proyectos de ley que beneficiarán a un importante grupo de la población objetivo que tiene nuestro Ministerio de Desarrollo Social y Familia: uno es el que simplifica los mecanismos de acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el otro es el Bono Clase Media.

Así, el Presidente de la República hizo gala, en su pasada Cuenta Pública, destacando ambas iniciativas como parte de la Red de Protección Social que viene a apoyar a más de 14 millones de personas en Chile.

Sin embargo, estos beneficios y ayudas en tiempos de pandemia han sido fuertemente criticados por la ciudadanía en general, entre ellos potenciales y beneficiarios directos, políticos y expertos en la materia. Esto, por la seguidilla de modificaciones, improvisaciones, letra chica y ausencia de transparencia al momento de plasmarlas como políticas públicas. De ahí que surjan frases como “demasiado rico para uno y demasiado pobre para el otro”.

Si bien es cierto, el Ingreso Familiar de Emergencia se encuentra en ejecución, beneficiando a más de 2,4 millones de hogares, uno de los grandes problemas que ha evidenciado su puesta en escena ha sido la exacerbada focalización y la compleja relación entre el Registro Social de Hogares (RSH) y el Indicador Socioeconómico de Emergencia (ISE), arrojando diferentes porcentajes de vulnerabilidad de las familias, y dejando a muchas fuera del beneficio. Prueba de ello es que 1,6 millones de hogares han sido rechazados en su postulación.

Al observar el RSH, 3,2 millones de hogares se ubican dentro del 40% de mayor vulnerabilidad socioeconómica, las cifras hablan por sí mismas. Un criterio que permite juzgar un Sistema de Protección Social es precisamente la cobertura del mismo.

Se encuentra en proceso el tercer pago del IFE y la reciente ley promulgada que simplificará la postulación, estableciendo nuevos requisitos: contar con Registro Social de Hogares, sin corte de vulnerabilidad y acreditar ingresos formales mediante autodeclaración simple. Estos cambios evidencian las grandes falencias que tiene la administración del presidente Piñera en materia de desarrollo social.

La rotación de ministros –van cuatro– en una de las carteras que el propio mandatario dijo estar en el centro de la política pública de este gobierno, lo mezquino que fue el titular de Hacienda en la génesis del IFE para abrir la billetera fiscal y permitir más beneficiarios (¿encontrones personales con el entonces ministro?), ayudan a entender que hoy muchas familias recién puedan optar a recibir este subsidio y alcanzar ese “famoso raspado de olla” para mejorar en algo su calidad de vida.

Mientras tanto, la primera línea que somos los funcionarios y las funcionarias públicos/as del Ministerio de Desarrollo Social y Familia seguimos al pie del cañón, exponiéndonos a un contagio de Covid-19, ya sea por atender operativos en terreno por quedar hogares fuera del Ingreso Familiar de Emergencia, o entregar las cajas de mercadería del Programa Alimentos para Chile.

Seguimos al pie del cañón con turnos presenciales, con teletrabajo, con las familias al hombro para cumplir turnos y tareas encomendadas, doblegando los esfuerzos con nuestros propios medios para cumplir como servidores públicos, porque el Estado sí da el ancho y parte de la demora del IFE, de la que habló el ministro Briones en su intervención en el Senado (por la discusión del Retiro Excepcional de Fondos de Capitalización Individual), no obedece al trabajo de las funcionarios y las funcionarias sino que a las malas decisiones en la formulación de esta política pública. Y en eso él tiene mucho que decir.

Es de esperar que el Bono Clase Media, que entrega un bono no reembolsable de $ 500 mil y un préstamo estatal solidario y blando, no corra la misma suerte que el IFE, y no tengamos que hablar de un nuevo bono.

La urgencia es que el beneficio llegue lo más rápido posible a quienes se están viendo fuertemente golpeados por la pandemia del coronavirus y no declaraciones de autoridades deslizando en otros, en este caso la primera línea, su responsabilidad.

Santiago, 5 de agosto de 2020

ASOFUMI [Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia]