Pueblo mapuche: autonomía y descentralización

En 30 años de democracia, la situación político-institucional de los pueblos indígenas no ha sido otra que la marginación del poder.

Pese a representar a más de una décima parte de la población, no figuran en la Constitución chilena, no tienen espacios de decisión autónoma, no cuentan con mecanismos especiales para asegurar su participación en el poder legislativo u otras esferas de la administración estatal a nivel local o regional, ni disponen de partidos políticos propios. Por ende, están subrepresentados en los espacios formales de toma de decisiones políticas.

Más precaria aún es la situación del pueblo mapuche, objeto de usurpaciones, empobrecimiento, amenazas, estigmatización, montajes y la constante vulneración de sus derechos, que muchas veces han terminado en enfrentamientos y muertes. Aún así, en su mayoría, se sienten tan chilenos como mapuche (CIIR, 2019), plenamente integrados al país, e inclusive desearían más integración (CEP, 2016). Por eso llaman la atención las palabras del ex ministro de Interior de Michelle Bachelet, Jorge Burgos, quien plantea respecto a La Araucanía que “hay sectores que creen que hay que crear un Estado autónomo”, y que ésta sería para algunos, según sus palabras el domingo pasado en El Mercurio, la única pretensión que pudiera dar paz.

Baste una breve revisión de las propuestas de las principales organizaciones mapuche para comprobar que la idea de un Estado autónomo no está siquiera presente. Y es que la noción del Estado-Nación es insuficiente como categoría de análisis. Si bien buena parte de las naciones se corresponden con Estados, existen también en el concierto internacional naciones sin Estado que desearían convertirse en uno, y naciones sin Estado que no aspiran a la estatalidad. Los pueblos indígenas a nivel mundial se han caracterizado por pertenecer a este último tipo, esto es, demandan grados de autonomía, pero dentro de los Estados existentes. Cabe destacar que también el derecho internacional indígena, único salvavidas que han tenido estos pueblos ante un Estado vulnerador, resguarda también el derecho de los Estados a la integridad territorial y su unidad política (OIT, 1989).

Lo que Burgos y la clase política mono-nacionalitaria, que ha administrado el país desde el retorno a la democracia, ignoran es que organizaciones e intelectuales indígenas llevan décadas hablando de autonomía dentro del Estado, algo tan elemental como tomar sus propias decisiones respecto a los asuntos que les afectan, y que también los no indígenas hemos exigido con otro nombre: descentralización.

Sin ir más lejos, la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional presentó el año 2014, gracias al cientista político mapuche José Marimán, una propuesta de estatuto constitucional de región plurinacional y multicultural para La Araucanía, extensible a cualquier comuna, provincia o región que lo solicitara. En breve, la propuesta apuntaba a una democratización del nivel regional, velando por la inclusión del pueblo mapuche: garantizar la multiculturalidad, reglamentar las lenguas oficiales y sus usos, poder establecer escaños reservados para ciudadanos indígenas en todos los cargos electos de la región, entre otros. Dicha propuesta, igual que todas las de la comisión, fue aprobada de forma unánime por los comisionados de todos los sectores políticos.

Bien lo sabe la ciudadanía. La solución a la problemática del Estado chileno con el pueblo mapuche es política, pero ¿cómo se hace política si el ministro del Interior fantasea con la capacidad militar en La Araucanía, y uno anterior desinforma respecto a las aspiraciones de la gran mayoría del pueblo mapuche? No sirve que la clase política, incluidos el ex ministro Burgos y el actual ministro Víctor Pérez, se esfuerce en utilizar términos políticamente correctos como “pueblos originarios” y hasta “primeras naciones” creyendo que con ellos reconocen su valor, cuando lo que se requiere es entender, reconocer y formalizar los derechos de los pueblos indígenas, buscar acomodaciones democráticas e implementar medidas consistentes con los tratados internacionales que se han suscrito.

La autonomía dentro del Estado es pura descentralización, y la descentralización no es otra cosa que una profundización democrática: mayor participación, redistribución del poder y gobernanza. La Región de La Araucanía y el país requieren con urgencia reformas que permitan la transferencia de competencias, recursos, ampliación de poderes, y la injerencia de personas y las comunidades al nivel subnacional, como lo hacen tantos países desarrollados sin desintegrarse.

En rigor, muchos países latinoamericanos que salían de procesos dictatoriales en los 90 crearon nuevas Constituciones incorporando políticas de descentralización con espacios político-administrativos indígenas y principios vinculados a los tratados internacionales. De ahí que el proceso constituyente, con los pueblos indígenas y con representantes de regiones, sea una de las salidas más próximas, si no la única, para mejorar nuestra democracia.