Durante el último tiempo el sistema político de nuestro país ha sido duramente cuestionado. Amplios sectores de la ciudadanía se han manifestado ante la creciente desigualdad de nuestra sociedad, a las estrechas formas de democracia y a la poca capacidad de las instituciones de responder a las aspiraciones de las y los chilenos. En ese sentido, una de las aristas más críticas ha sido la participación de las mujeres en la vida pública y en la política.
En distintos ámbitos, la participación y el liderazgo de las mujeres se ha visto históricamente restringido. Estamos subrepresentadas en distintos espacios: desde los cargos electos, los liderazgos institucionales, el sector privado, la academia, los liderazgos sociales, entre otros. Esto se debe a la existencia de distintas barreras, que están presentes en el ámbito legislativo, educacional o de salud, y se expresan en prácticas discriminatorias, que buscan mantener estereotipos de género en que las mujeres permanecen únicamente en el ámbito privado, como el hogar. Esta creencia nos lleva a formas de explotación como el trabajo no remunerado que realizamos en las labores de cuidado. Por tanto, para las mujeres es complejo poder acceder a cargos de poder porque debemos romper de manera individual estos obstáculos que nos dejan en evidente inferioridad respecto al género masculino.
El rol histórico que hemos cumplido las mujeres en las organizaciones sociales, comunitarias, territoriales, ambientales o de defensa de los derechos humanos, movilizando a las comunidades para alcanzar mejores condiciones de vida para el colectivo, no había sido mayormente reconocido hasta ahora, pues en el último tiempo se ha evidenciado la necesidad de articular estas luchas producto de la mayor visibilización de la violencia contra las mujeres en la sociedad.
Sumado a eso, la participación de las mujeres ha adquirido una mayor relevancia en el ámbito público, lo que ha permitido que las instituciones y los partidos políticos instalen el interés de promover que las mujeres se encuentren en mayores y mejores espacios de visibilidad.
Respecto a lo legislativo hay dos elementos que son importantes de destacar: (1) la Ley de Cuotas permite solucionar transitoriamente la presentación de candidaturas mujeres en procesos eleccionarios; y (2) la obligación del uso de fondos entregados por el Estado a los partidos políticos para incentivar la participación de mujeres. Asimismo, en términos de políticas públicas, el Ministerio de la Mujer, Equidad y Género firmó en 2018 un acuerdo de colaboración con el Servicio Electoral y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) buscando mejorar nuestra democracia a través del diseño de nuevas políticas públicas desde una perspectiva de género.
Sin embargo, vemos que la participación de mujeres en los cargos de poder de las instituciones públicas del Estado no supera el 33% y que la mayoría de los partidos políticos ni siquiera cumple con las obligaciones legales, pues hace algún tiempo el Servel anunció que le descontó $ 53 millones a 10 partidos políticos por no cumplir con el uso de sus fondos públicos destinados a actividades de formación y promoción de mujeres.
Para solventar esta situación creemos que hay que avanzar en dos tiempos. El primero es generando medidas que permitan balancear la cancha en el corto plazo, lo que nos lleva a las siguientes propuestas: (1) paridad en el proceso constituyente, medida que hoy afortunadamente está contemplada por la legislación como una exigencia en la composición de la (de ser aprobada) Convención Constitucional, sin embargo, no así en el caso de la (de ser aprobada) Comisión Mixta; (2) que se re-analice si el aporte del 10% de los fondos públicos entregados a los partidos políticos es suficiente, además normando cuáles son los tipos de actividades que debemos promover; y (3) la regulación paritaria en los cargos directivos de las instituciones públicas. La paridad no es una concesión para garantizar la representatividad de las mujeres, sino un derecho que debe ser profundizado en el próximo ciclo eleccionario y contemplado expresamente en la nueva carta fundamental que se elabore.
Lo anterior nos adentra en el segundo tiempo pues, si bien estamos de acuerdo que el Estado debe establecer compromisos legislativos, también creemos que deben ser pensados como mínimos que garanticen la participación de mujeres en política. Porque el problema de fondo no se resuelve solamente con una proporcionalidad en los cargos de representación u obligando a los partidos a generar iniciativas para sus militantes del género femenino, sino con transformaciones socioculturales que impacten en los lugares donde se toman las decisiones que inciden en el rumbo de la sociedad. Además, dicha transformación debe contemplar la formación de niños y niñas en condiciones de igualdad, promoviendo desde la infancia, por medio de una educación no sexista, la convicción de que hombres y mujeres tenemos la misma capacidad de desarrollarnos en espacios públicos o privados.
Romper la asimetría en las relaciones sociales entre hombres y mujeres es lo que nos permitirá conseguir el objetivo de profundizar nuestra democracia y transformar la sociedad. Sabemos que la dimensión institucional no es la única, y que la cancha de superación del sistema actual se juega en diferentes aspectos, como los sociales, territoriales, económicos y culturales, pero es central incidir en las esferas de poder que siempre han estado cerradas para las mujeres. Esto significa la formación de nuevos liderazgos feministas para las instituciones públicas y organizaciones políticas y la promoción de nuevos valores para nuestra sociedad, que permitan el cambio de nociones, límites y estructuras que delimitan el sistema político, el Estado, los gobiernos y la política pública.
En Convergencia Social, tomamos como definición perseguir esta transformación con la urgencia que se requiere, pues sabemos que el primer momento nos permitirá avanzar en el segundo. De esta forma, hacemos la invitación a que todas/os que se sientan identificados con esta idea a instalar este debate de cara a los nuevos desafíos que el contexto nos pone en frente, materializando este sentir en las próximas elecciones de constituyentes, concejalas/es, alcaldes/as y de gobernadoras/es regionales. Impulsando y apoyando a mujeres para que ocupen espacios de representación y contribuyan a la elaboración de políticas que eliminen las brechas existentes y promuevan un pleno desarrollo de mujeres en espacios y cargos públicos.