¿Por qué la Constitución es ilegítima?

Una de las razones más nombradas para cambiar la Constitución es que se dice que es ilegítima, pero ¿qué significa que sea ilegítima? Al margen del caso de la Carta Magna de 1980, sustento de la dictadura, vale referirse a la nula participación popular en todas Constituciones chilenas. Nunca se ha vivido un proceso participativo para formar el documento que define la identidad y forma de existencia del Estado chileno.

Pero para entender este problema de ilegitimidad hay que remontarse a los orígenes de la República de Chile.

El 23 de octubre de 1818 se promulga nuestra primera Constitución, con el objetivo de institucionalizar el poder ejercido por el Director Supremo Bernardo O’Higgins, texto que fue redactado por una comisión de sólo 7 hombres, y aprobada por amplia mayoría luego de un plebiscito nacional realizado en el territorio comprendido entre Copiapó y Cauquenes, donde votaron sólo varones adinerados.

Esta Constitución dura apenas 4 años, hasta el 30 de octubre de 1822, cuando es promulgada una nueva Constitución, preparada por un “Congreso Constituyente”, compuesto por 32 diputados varones y redactada por José Antonio Rodríguez Aldea, ministro de O’Higgins. Finalmente, es aprobada por el mismo Congreso.

El 29 de diciembre de 1823 es promulgada la llamada “Constitución moralista”, con Ramón Freire como Director Supremo, luego de la abdicación de Bernardo O’Higgins. Esta Constitución es redactada por el jurista chileno-peruano Juan Egaña, quien tenía la intención de reglamentar y valorar el comportamiento público y privado de los ciudadanos a través de un código moral dentro del texto constitucional, que sólo duró dos años por ser declarada “insostenible”.

El 8 de agosto de 1828, en el gobierno de José Antonio Pinto, es promulgada la llamada “Constitución liberal”, que resultó ser una de las más avanzadas para la época debido a que extendió el derecho a sufragio, fortaleció el rol del Parlamento y (por primera vez) reguló el Poder Judicial. Luego de las leyes federales de 1826, se conformaron 8 asambleas provinciales, a las que se les consultó sobre la forma de gobierno bajo la cual debía constituirse la República, lo que posteriormente llevó a la conformación de un Congreso Constituyente conformado por un representante de cada provincia, con la función de redactar un texto constitucional que representara lo deliberado en las asambleas provinciales. Finalmente, el texto fue revisado por el jurista liberal español José Joaquín de Mora y luego aprobado por el Congreso Constituyente. Quizá éste sea el proceso más parecido a una “asamblea constituyente” que podemos encontrar dentro de nuestra historia institucional.

Luego de la derrota de los liberales en la Batalla de Lircay, de 1830, llegan al poder los conservadores, conformados por o’higginistas y estanqueros (empresarios de la época) que, liderados por Diego Portales y bajo la idea de un gobierno fuerte y centralizado, que viene a poner fin al “desorden” dejado por los liberales (vulgarmente llamados pipiolos), promulgan una nueva Constitución el 25 de mayo de 1833, bajo el gobierno del militar José Joaquín Prieto. Este texto constitucional fue redactado por una comisión compuesta por 7 varones, donde destacó el jurista Mariano Egaña (hijo de Juan Egaña), y finalmente sería aprobado por una “Gran Convención” compuesta por 36 varones, convocada por el mismo José Joaquín Prieto.

Las múltiples reformas a esta Constitución, el sistema parlamentario impuesto por los vencedores de la guerra civil de 1891 y la crisis de la economía salitrera, sumió al país en una fuerte crisis política y social, que terminó con un golpe militar el 3 de septiembre de 1924 con el llamado “ruido de sables”, exiliando al presidente Arturo Alessandri Palma e implementando un régimen militar.

Bajo este contexto, el movimiento obrero y popular convocó a conformar la “Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales” (o “Constituyente Chica”), que sesionó por primera vez el domingo 8 de marzo de 1925 en el Teatro Municipal de Santiago, a la que asistieron aproximadamente 1.250 delegados de diferentes provincias con el objetivo de generar una propuesta de principios constitucionales de los sectores medios y populares. Pero no tuvieron la fuerza para lograr sus objetivos y las organizaciones participantes serían reprimidas con dureza posterior a ese evento.

Debido a la incapacidad de la Junta Militar de cumplir con las promesas que habían hecho a la población, entre ellas la convocatoria a una Asamblea Constituyente, el 12 de marzo de 1925, bajo el mando del militar Carlos Ibáñez, se desata un nuevo golpe, esta vez para pedirle a Arturo Alessandri que volviera del exilio para terminar su mandato y establecer una nueva Constitución para ponerle fin a esta profunda crisis.  Es así como Alessandri designa a dedo una “Comisión Constituyente” en la que participan un promedio de 12 varones en 33 sesiones, y finalmente con apoyo del ejército se impone un plebiscito ratificatorio, en vez de la Asamblea Constituyente prometida. Fue aprobada con el 94% de los votos, pero con la asistencia del 42% del entonces muy restringido universo electoral. Esta Constitución “del 24” es promulgada el 18 de septiembre de 1925.

Es así como se da origen al régimen presidencial, que termina con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Después de ello, la dictadura crea la “Comisión de Estudios de la Nueva Constitución”, más conocida como “Comisión Ortúzar” (debido a que su presidente era Enrique Ortúzar Escobar) y que sesionó desde el 24 de septiembre de 1974 hasta el 31 de octubre de 1978 (nada menos que ¡4 años!). Esta comisión estuvo conformada por 8 integrantes, además de Enrique Ortúzar: Sergio Diez Urzúa, Jaime Guzmán Errázuriz, Jorge Ovalle Quiroz, Rafael Eyzaguirre Echeverría, Enrique Evans de la Cuadra, Gustavo Lorca Rojas, Alejandro Silva Bascuñán y Alicia Romo Román, la única mujer.

Posteriormente a la entrega del texto redactado por la “Comisión Ortúzar”, el dictador Augusto Pinochet pide (el 28 de octubre de 1978) al Consejo de Estado comenzar a analizar el texto. De este Consejo de Estado destacan los ex presidentes Jorge Alessandri Rodríguez y Gabriel González Videla, además de otros miembros civiles y militares que fueron rotando. Al final, luego de 57 sesiones de trabajo, el 8 de julio de 1980 (nada menos que casi ¡6 años después! De iniciado el proceso) el Consejo de Estado entregó su proyecto a la Junta Militar de Gobierno, presidida por Pinochet, la que, no conforme, designa un “Grupo de Trabajo” encargado de revisar el texto.

Este “Grupo de Trabajo” fue integrado por el ministro del Interior (Sergio Fernández), la ministra de Justicia (Mónica Madariaga), cuatro auditores militares y algunos invitados ocasionales que realizaron un trabajo que dio lugar a 175 cambios al texto definido por el Consejo de Estado. Esto provocó la irritación de Jorge Alessandri por ver desechadas sus propuestas de relativa liberalización del régimen, renunciando así a su cargo de presidente del Consejo de Estado.

Luego, el texto fue analizado por algunas semanas por algunos juristas (tarea primordial le correspondió a Jaime Guzmán) y la Junta Militar de Gobierno, para ser finalmente aprobada y llevada a “plebiscito” (el 11 de septiembre de 1980), donde se aprobó con el 67% de las preferencias. Esta Constitución, que todavía nos rige, fue promulgada el 21 de octubre de 1980.

Este plebiscito se llevó a cabo en pleno Estado de Emergencia vigente desde 1973, sin libertad de prensa, con el control de la dictadura de los medios de comunicación, sin padrón electoral, sin revisión internacional, donde los votos nulos contaban para el “SÍ” y las preferencias en las papeletas estaban acompañadas con una estrella en la opción de “SÍ” y un círculo negro con la opción “NO”. Estudios posteriores revelaron que en algunas localidades había votado más del 100% de la población, personas que votaron más de una vez y recuentos que no fueron públicos.

La Constitución, desde su promulgación en 1980, ha sido modificada más de 250 veces, con dos grandes reformas: el año 1989, que eliminó el artículo 8, que prohibía grupos o partidos se identificaran con ideas marxistas; y el año 2005, que eliminó a los senadores vitalicios, redujo el mandato presidencial de seis a cuatro años y modificó la composición del COSENA. A pesar de estas modificaciones, y de la firma del entonces presidente Ricardo Lagos, no implica que la Constitución se haya legitimado, debido a que sigue siendo el mismo texto constitucional, con la misma esencia de origen y que nunca ha sido aprobado o reformado con un proceso de participación ciudadana transparente y democrático.

Aunque algunos sectores políticos (de la derecha, heredera de la dictadura) creen que este vicio de origen ha sido superado por las reformas señaladas, esto no es más que una ilusión que demuestra el sesgo de la clase política chilena. Por ello, el único proceso de legitimación que ha tenido la Constitución actual es el que se ha dado la clase política a sí misma, pero nunca ha sido legitimada por la mayoría de la sociedad chilena. Cabe recordar que una Constitución es una decisión sobre la identidad y forma de existencia de un país, que impone los límites al ejercicio del poder político, entonces ¿es posible que el poder político imponga sus propios límites? Si para algunos la respuesta es que sí, se trata de una respuesta absurda y de una inmensa desfachatez.

La Constitución es ilegítima desde sus orígenes, debido a que nunca ha contado con procesos democráticos y transparentes. Las primeras constituciones en Chile no contaban con la participación de mujeres, y la ciudadanía resultaba un privilegio de sólo algunos pocos. La Constitución de 1833 no fue plebiscitada, ni contó con la participación ciudadana. La Constitución de 1925 contó con menos del 50% de aprobación de los nacionales con derecho a sufragio y tampoco se contó con la participación femenina. Y la Constitución de 1980 fue realizada a través de un proceso de embudo y un plebiscito fraudulento bajo plena dictadura militar, sin las condiciones democráticas para un proceso legítimo y sus reformas tampoco contaron con la legitimación ciudadana. En conclusión, la Constitución en Chile es y siempre ha sido ilegítima.