Equidad para una Constitución eco-feminista

Si hay algo que puede afirmarse categóricamente desde el mundo ambiental y desde los feminismos es que el desarrollo sustentable —otra de las búsquedas impostergables de estos tiempos— no se alcanzará si no se garantizan los cambios que habrán de dar origen a relaciones complementarias y equitativas entre hombres y mujeres, y a actitudes racionales de ambos en lo que concierne a la naturaleza.
Dado que las actividades de los hombres se consideran parte de la economía productiva, reciben toda la importancia a la hora de las decisiones sobre inversión para infraestructura. Así, en muchos lugares hay instalaciones para riego, pero no para suministro del líquido en los hogares. Por lo general, las mujeres no participan en las decisiones que permitirían optar por el agua potable o por la construcción de lavaderos comunitarios, lo que es paradójico entendiendo que en las zonas rurales cumplen un rol esencial en el suministro de agua potable de las comunidades.

Las mujeres han jugado un rol clave en el mantenimiento de los sistemas sostenedores de vida desde tiempos inmemoriales. Contribuyendo al bienestar y el desarrollo sostenible de sus comunidades, así como al mantenimiento de los ecosistemas, la diversidad biológica y los recursos naturales. Ese rol descansa en una visión de relacionarse con la naturaleza entendiendo que formamos parte de ella, sin establecer jerarquías o relaciones de superioridad y dependencia.

Las mujeres, particularmente en los países en desarrollo, son generalmente las primeras en responder al manejo medioambiental. Desde recoger agua, utilizar la tierra para la agricultura y ganadería, buscar y recolectar comida y otros materiales. Las mujeres utilizan e interactúan con los recursos naturales y los ecosistemas diariamente. Tal es el caso de las mujeres mapuche, para las cuales los territorios de la cuenca, sus cuerpos de agua, sus ecosistemas y biodiversidad, configuran un espacio territorial sagrado e integrado por múltiples y heterogéneas formas de vida –material, espiritual, animal y humana– que explican la presencia del Che (“gente” o “persona”) como parte de un todo articulado e interconectado denominado Itxofill mogen. Aunque las condiciones simbólicas y materiales para alcanzar la equidad e igualdad de género sigue siendo un tema que desafía a las sociedades modernas, no cabe duda que la mujer indígena hoy ocupa un lugar relevante en los espacios de representación política y diálogo con la institucionalidad ambiental y su rol es clave en la protección, conservación y gestión ambiental de los territorios, siendo el Itxofill mogen el vínculo que sustenta la identidad cultural, social, familiar, ambiental y comunitaria de indígenas y no indígenas, y que es sagradamente custodiado por estas mujeres.

También son las primeras en sentir los efectos del cambio climático, cuando tienen que recorrer distancias cada vez más largas para encontrar lo que necesitan para alimentar a su familia. Además, si bien la degradación medioambiental tiene graves consecuencias para todos los seres humanos, afecta en particular a los sectores más vulnerables de la sociedad, principalmente las mujeres. Las mujeres, sobre todo las mujeres pobres urbanas y rurales, enfrentan cada vez más una forma relativamente nueva de violencia: la violencia ambiental, o cualquier actividad que contamine los recursos ambientales, en especial el suelo y el agua, a través de la producción, propagación o descarga de materiales tóxicos. La violencia ambiental afecta de manera desproporcionada a las mujeres, ya que, por ejemplo, las toxinas se bioacumulan en la leche materna, lo que afecta tanto a mujeres como niñes.

Sin embargo, el reconocimiento de lo que las mujeres aportan a la supervivencia del planeta sigue siendo muy limitado. La desigualdad de género y la exclusión social siguen aumentando los efectos negativos de la gestión ambiental insostenible y destructiva, especialmente sobre las mujeres, las niñas y adolescentes. Las persistentes normas sociales y culturales discriminatorias, tales como el acceso desigual a la tierra, al agua y otros recursos, así como su falta de voz en las decisiones referidas a la planificación y la gestión de la naturaleza, en donde hay una discriminación de género, nos lleva a pensar que debemos fortalecer el trabajo de las instituciones nacionales de derechos humanos y otros mecanismos de supervisión independientes que permita garantizar una vida digna, de respeto por la naturaleza e igualdad entre mujeres y hombres.

La nueva gestión ambiental (con equidad para el desarrollo sustentable) exige una clara conciencia de que la problemática y los efectos de la degradación ecológica son distintos para hombres y mujeres, como también difiere su relación cotidiana con el entorno. La gran tarea, pues, es eliminar las desigualdades sociales y económicas, controlar el deterioro de la naturaleza y propiciar el uso sustentable de los recursos naturales sin discriminación de género, entendiendo la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres como condición previa necesaria para el desarrollo sustentable.

Es necesario que en el nuevo texto constitucional se recoja la equidad como un principio que apunta a una relación de igualdad entre los seres humanos y la naturaleza, así como entre las mujeres y los hombres. Este valor es la verdadera piedra angular que permitirá que las cargas ambientales se distribuyan de forma igualitaria, no en desmedro de unes y en favor de otres.