El mal y la mentira

El viernes pasado asistimos con asombro a un caso más de brutalidad policial. Carabineros de Chile está haciendo la mejor campaña imaginable para lograr su futura disolución y reemplazo por una policía ética y comprometida con los derechos humanos. Labor del próximo constituyente, sin duda. Porque esto no da para reformas o reestructuraciones: se requiere un reemplazo.

Estamos hablando de una institución cuyo pasado criminal durante la dictadura de Pinochet no admite debate alguno. Ya de regreso a la democracia, ha incurrido en groseras defraudaciones, afectando recursos públicos siempre escasos. Sus últimos directores generales han debido enfrentar a la justicia no sólo como consecuencia de estos delitos patrimoniales, sino también a propósito de asesinatos por la espalda de civiles, como fue el caso de Camilo Catrillanca, o de montajes para acusar a personas inocentes con pruebas falsificadas, como fue la denominada “Operación Huracán”. Carabineros de Chile ha demostrado que su completo desprecio por los derechos humanos sigue intacto. La represión en contra de los manifestantes incluye no sólo la clásica dosis de palos y golpes, sino que ha incluido vejaciones sexuales y una cantidad enorme de efectivos policiales disparando con perdigones a los ojos o a la cabeza de cualquier persona, de manera indiscriminada. ¿Las consecuencias? Más de 400 personas con lesiones oculares gravísimas, incluidos los casos lamentables de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, que perdieron sus dos ojos. Y no olvidemos la represión contra los mapuches. Y, ahora, como si se tratara de un esfuerzo consciente para seguir superando los niveles de brutalidad ya alcanzados, tenemos la modalidad de lanzar niños desde los puentes.

Pero quiero detenerme no en estas bestialidades, cuya sanción severa espero que imponga nuestro sistema de justicia. Me quiero detener en la mentira como método de acción política. Cuando la mendacidad se ha hecho una costumbre y hay instituciones o gobiernos que se organizan en sus departamentos de Comunicaciones para elaborar declaraciones o entregar versiones burdamente falsas, tenemos que entender que han llegado a un grado de descomposición moral que probablemente no tenga ya retorno.

El gobierno, a través de las declaraciones del ministro del Interior, Víctor Pérez, señalando que lo ocurrido con el menor de 16 años en el puente de Pío Nono fue un asunto confuso o poco claro, revela su escasísimo interés por enfrentar la verdad o transmitirla a la ciudadanía. La sanción será, espero, una estrepitosa derrota electoral futura.

En el caso de Carabineros de Chile se han emitido declaraciones diciendo que “el joven perdió el equilibrio” o hablando de un “accidente en un contexto de detención”. Incluso, como lo destacó la fiscal Ximena Chong durante la audiencia de formalización, han elaborado un parte de detención afirmando hechos falsos. El problema ya no son algunos elementos descarriados de la institución, sino la institución misma, cuya credibilidad sencillamente se ha esfumado.

No olvidemos que todo esto se enmarca en una dirección institucional y en una política de gobierno. Los efectivos policiales se han comportado con la brutalidad que hemos visto durante estos meses porque pertenecen a una institución para la cual los derechos humanos son irrelevantes. Pertenecen a una institución en la que su director general, en una arenga inmediatamente posterior al estallido social de octubre del año pasado, dejó en claro que su impunidad estaba garantizada, pues incluso estaba dispuesto a “desobedecer” a las autoridades si querían sancionar a alguno de sus hombres. Y, además, los efectivos policiales se comportan de ese modo porque cuentan con un gobierno que respalda de manera incondicional e irreflexiva toda actuación de Carabineros y que ha demostrado que, como ellos, también desprecia los derechos humanos.

Por eso, los informes de entidades internacionales han sido unánimes en sostener que en Chile se violan los derechos humanos, pues se trata de una política de Estado y de sus agentes actuando en función de esa política. La violación de los derechos humanos es una práctica institucional de Carabineros de Chile, así como encubrir o negar la existencia de esas violaciones una política del gobierno de Piñera. Por supuesto, esto genera no sólo responsabilidades políticas, sino también penales que, con suerte, en algún momento lograremos, como país, que sean asumidas, pues las autoridades civiles y los mandos superiores de Carabineros, en tanto gestores de una política, consienten en las torturas infligidas a chilenos y chilenas o, cuando menos, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impiden o no hacen cesar la aplicación de torturas, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición de hacerlo. Estas últimas frases no son de mi autoría: es la forma en que describe este delito el artículo 150 A del Código Penal.

En un hermoso y notable libro, el psiquiatra norteamericano M. Scott Peck analizaba la conducta humana malvada como una más de las afecciones mentales que podemos padecer. El ser humano perverso presenta, según el autor, algunas características centrales: la persistencia y constancia de su conducta malvada, un narcicismo que impide toda crítica y autocrítica y la necesidad compulsiva de mentir, habitualmente para aparecer ante el público como alguien moralmente mejor de lo que se es en realidad. Por eso su libro se llama El mal y la mentira.

Pues bien, Carabineros ha sido persistente en sus actos perversos: participación activa en una dictadura sangrienta de 17 años; las críticas las tolera pésimamente y la autocrítica es inexistente, como lo atestiguan los sumarios internos, siempre complacientes y autoexculpatorios (no olvidemos que en el caso de Gustavo Gatica incluso se pretendió que el disparo que le hizo perder la vista pudo haber provenido de “otros manifestantes”); y, finalmente, mentir se ha hecho habitual: no sólo para apropiarse de dineros públicos, sino también para decir que había pruebas irrefutables en la “Operación Huracán” que, se descubrió, ellos habían inventado o “plantado”; para indicar que en el caso Catrillanca hubo un intercambio de disparos que derivó en un disparo por la espalda a un joven desarmado; para vociferar que sus perdigones eran de goma e inofensivos, cuestión desmentida en un estudio de la Universidad de Chile; para decirnos, en fin, que el niño “perdió el equilibrio”. Una institución persistente en su maldad; resistente a la crítica e incapaz de autocrítica; y dada la mendacidad recurrente. Es como si hubiesen tratado de convertirse en el perfecto paciente para Scott Peck

A este gobierno que desprecia los derechos humanos, tenemos que despedirlo desde las urnas y desde ellas impedir que otro parecido llegue nuevamente a La Moneda. Y a Carabineros debemos recordarles que les dimos la confianza para protegernos y que, desde que lanzan niños desde los puentes y luego lo niegan y hasta falsean antecedentes –además de todas las violaciones a los derechos humanos que han precedido este último acto aberrante–, esa confianza se ha perdido irremediablemente, por lo que, apenas podamos, como mayoría democrática civil y poder constituyente, decretaremos su disolución, para que devuelvan las armas y los recursos que les entregamos, a fin de entregárselas, junto con la confianza, a una policía del futuro. A una comprometida con ser del débil el protector y que crea en serio en los derechos humanos. Una que ya no viva en el mal y la mentira.

La confianza se perdió, Carabineros de Chile.