Los manifestantes cómplices

Al llegar el día 18 de octubre y cumplirse un año desde la fecha en que vimos cómo volvían a salir los militares a la calle por desórdenes y protestas, muchos temían que las mismas circunstancias se repitieran. Algunos volvieron a hacer sus análisis y evaluaron sus posibles consecuencias de cara a las opciones principales del plebiscito del próximo domingo: Apruebo o Rechazo. Pero, ¿por qué vivimos con tanta expectación esta fecha? Me parece que es el miedo a que la protesta no sea como esperamos y tenemos miedo a que algo salga mal. Últimamente, muchos han cuestionado las formas en que se debe protestar y, si una vez que existen daños materiales, el hecho de seguir protestando avala estos hechos.

Primero, debemos recordar que los secundarios y sus protestas venían dando qué hablar desde el mes de agosto del año pasado, cuando los alumnos del Instituto Nacional decidieron tomarse una vez más su establecimiento. Ya en ese momento, el alcalde Alessandri declaró que esta no era la forma de manifestar reparos y desavenencias, ordenando que ingresaran Fuerzas Especiales para resguardar el orden. Por eso, una vez que los secundarios comenzaron a saltar torniquetes, la respuesta fue la misma: carabineros FF.EE. instalados en el metro intentando detener a toda costa que estos quinceañeros lograran su cometido y recurriendo a la fuerza para sacarlos de los vagones, al amparo de un discurso oficial que denunciaba que esta “no es la forma”.

La insistencia juvenil fue ganando más adeptos cada vez que el público veía la reacción sobre aquellos/as que podrían ser sus hijos. Por eso, al momento de cerrar todo el transporte público ese 18 de octubre y dejar a la sociedad completamente a pie, la furia se tomó las calles.

En ese momento, el gobierno y la oposición hicieron recaer en la comunidad el deber de controlar el orden público, sin atender el fondo del asunto y poniendo énfasis en que, si existía desorden, no era posible nada más. Algún periodista llamó a defender las estaciones de metro y las autoridades pidieron no tolerar violencia de ningún tipo. Era la mayoría quien debía cuidar las formas de todos y cada uno porque, de lo contrario, el caos era invalidante de todos los demás aspectos de la situación. Fue así como el hecho de realizar una declaración de condena a la violencia era necesario para tener un puesto legítimo en cada debate de ideas. Lamentablemente, nos envolvimos en esta discusión habilitante y ha sido eso lo que no nos ha dejado ahondar en temas tan profundos como violaciones a derechos humanos o probidad de las autoridades de gobierno.

Llegado el primer aniversario del 18-O, esta nueva imposición sobre los manifestantes y adherentes continuó e incluso se incrementó, sugiriéndose que asistir a una conmemoración espontánea arriesgaba automáticamente el proceso constitucional y convertía a todos en cómplices de los lamentables hechos en que culminó el día. Todos podemos compartir que la destrucción es inaceptable en todos los niveles, pero no se identifica qué lógica existe en afirmar que por el hecho de haber existido incidentes aislados (y no por eso menos impactantes) ya no es posible acceder a un proceso constituyente como espacio de discusión y salida democrática a la crisis que vivimos.

A la luz de los incendios, muchos parecieran olvidar todos los letreros que se pueden ver en las manifestaciones y convocatorias donde se pide claramente cambio de nuestra Constitución. Parece muy oportunista que algunos aprovechen ahora de vincular injustificadamente esta violencia a la opción Apruebo. Lo cierto es que, mientras mantengamos cerrada la puerta a una discusión constitucional honesta e inclusiva, sólo se perpetúan las condiciones estructurales que mantienen a la gente en las calles, permitiendo de manera indirecta que algunos pocos lleguen a provocar destrozos graves y daños permanentes.