El valor del trabajo en la nueva Constitución

Entre las características del modelo neoliberal instaurado por la Constitución de 1980 hay la reducción al mínimo de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores, el desconocimiento de un salario digno que garantice poder acceder a los bienes y servicios de primera necesidad, y la creación de las condiciones para bloquear la organización sindical.

Estos factores hicieron que la gente empujara los límites impuestos por la Constitución y que se buscan revertir con el proceso iniciado con el contundente triunfo del Apruebo y la Convención Constitucional del pasado plebiscito del 25 de octubre. Un primer paso, sin duda, hacia las transformaciones que nuestro país reclama.

Esto queda reflejado en las diferentes encuestas que circulan en la medida que el debate constituyente aumenta. Según Fiel-Mori, para el 57% de los encuestados la preocupación se centra en el empresariado, mientras que sólo el 7% cree que en los trabajadores. En tanto, Criteria expresa en su encuesta que la percepción económica a futuro del país es negativa en un 53%.

Ahora, es urgente y necesario que empecemos a articular esfuerzos entre las diferentes organizaciones sindicales, sociales y políticas, pero no con los vicios que alejaron al pueblo de la política. Exigimos la práctica de la buena política de cara a la gente y poniendo el desarrollo humano por delante. Sólo así podemos coordinar una propuesta en materia de trabajo porque, pensando en los próximos 30 ó 50 años, debemos impulsar una agenda que transforme el modelo de desarrollo y, en consecuencia, que se ponga en el centro el valor del trabajo y el respeto por las y los trabajadores.

Hoy el “pacto de la transición” dejó en una posición muy secundaria a quienes día a día movilizan la economía nacional, entregando el protagonismo a la élite empresarial y poniendo a los gobiernos como lobistas en los foros internacionales. Esto, mientras se fortalecía la precarización y el abuso en las diferentes áreas laborales y se ponían todo tipo de cortapisas para la organización y la defensa de los derechos laborales.

Pero, en esta crisis global desatada por la Covid-19, ha quedado claro que no son los grandes capitales los que sostienen los procesos económicos nacionales, sino que son las políticas públicas de los Estados basadas en la seguridad social o –cómo en el caso chileno– las personas. Son ellas quienes han tenido que poner el hombro para detener el desastre, tal como sucedió con el uso de los seguros de cesantía para el caso de la Ley de Protección de Empleo, o con el retiro del 10% de los ahorros previsionales que significaron una inyección de US$ 20 mil millones a la economía que dio un respiro a la debacle económica del país.

La nueva Constitución para el nuevo Chile debe tener un foco en el valor del trabajo y la protección de los derechos laborales. Es necesario, urgente e importante, que las trabajadoras y trabajadores tengan un papel protagónico, tanto en la articulación del debate constitucional como en el texto final, que por fin garantice derechos y la vida de las personas.