Chilenas y chilenos, ahora

El año en curso, ya próximo a su fin, no será felizmente recordado. Los análisis ya hablan de un 2020 en el que, finalmente, el siglo XXI se ha instalado y comenzado con total dramatismo. Como lo fueron la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en el siglo pasado, esta vez una pandemia mortal ha provocado la peor emergencia sanitaria a escala global, precisamente, en cien años.

En Chile la crisis comenzó hace más de doce meses y no por un virus. Como en varios países del mundo, el año 2019 fue escenario de los denominados “estallidos sociales”, es decir, asonadas populares masivas indignadas con políticas de Estado que durante décadas han relativizado los derechos sociales según las movidas financieras de los capitales en el mercado internacional. En nuestro caso, los problemas se hacen incontables considerando que el ordenamiento institucional del país funciona casi sin diferencias respecto a la versión de la dictadura. Al menos eso quedó demostrado ampliamente una vez que todo reventó aquel 18 de octubre.

Impresionante resultó, en ese momento, el despliegue militar en las calles para supuestamente (habrá sido aquella la visión del presidente Piñera) controlar el orden público. Fue el propio comandante en jefe del Ejército quien, en esas horas intensas e inciertas, contradijo la versión del propio mandatario: “No estamos en guerra”. La frase comenzó a llenar paredes y espacios públicos, también los carteles de las multitudes que de manera festiva manifestó su hartazgo en sendas manifestaciones, incluso, de millones de personas.

La salida política a la crisis, lo sabemos, la cocinó el Parlamento. Se pactó la convocatoria a un plebiscito que consultaría al país, en un breve plazo, la redacción de una nueva Constitución. Aquello, aunque sin dudas un paso significativo y a todas luces inédito durante la eternizada “transición a la democracia”, no bajó los brazos de la movilización social, que hasta bien entrado el verano copó a diario los alrededores de la ahora denominada “Plaza de la Dignidad” en el epicentro de Santiago, además de los centros neurálgicos de las ciudades del país.

Una multitud que enarbola banderas de justicia social, igualdad económica, derechos de la diversidad sexual, feministas, pueblos originarios, artistas, comunidades, barras bravas y un sin número de expresiones de todo tipo, todas y todos en la calle a merced de la represión policial y militar en medio de un estado de excepción que aún se mantiene. Las imágenes de graves atropellos a los derechos humanos por parte de las agencias del estado, determinaron fuertes llamados de alerta por parte de prestigiosos organismos observantes internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. La condena a la violencia brutal del gobierno de Piñera, iconizada en los ojos mutilados de cientos de manifestantes por disparos de la policía, es transversal a nivel mundial. Hasta hoy, el Ejecutivo ha sido ciego y sordo ante tales y otras muchas acusaciones, negando el valor y la veracidad de tales condenas.

Cuando se temía que marzo traería consigo el rebrote de la protesta y la violencia callejera, apareció la pandemia y, con ella y en adelante, una serie de desafortunadas actuaciones del gobierno en el manejo y control de la crisis. Desde un principio, la ciudadanía demostró que acataría las órdenes de las autoridades sanitarias en cuanto a confinamiento. La protesta desapareció de las calles y se fue instalando en las redes sociales conforme los errores y las responsabilidades políticas en las muertes de miles de personas fueron cada vez más evidentes y esclarecedoras de un controversial manejo de la situación. Hoy el ex ministro Mañalich y el propio presidente Piñera están en el banquillo de los acusados, sin conocerse aún el contenido de los misteriosos correos electrónicos celosamente custodiados por el Minsal.

El plebiscito, fijado en un principio para el 26 de abril, fue pospuesto para octubre y, en vez de comicios, el otoño auguró un panorama oscuro para lo que vendría en los siguientes meses. A la crisis sanitaria sobrevino una profunda crisis económica que hasta hoy afecta a amplios sectores sociales. Bajo este panorama, se develó la vulnerabilidad de las capas medias y los amplios niveles de endeudamiento por sobrevivencia de un gran porcentaje de la población del país. En tanto, indolente para algunos, previsor y cauto para otros, el gobierno llegó siempre tarde, con ayudas nefastas encauzadas bajo una logística espantosa. Fueron las propias comunidades de base, clubes sociales y deportivos, agrupaciones culturales y barriales las que se autoconvocaron y organizaron ollas comunes y otras acciones de servicio social para llegar efectivamente a todos los rincones. En un triste espectáculo, el ministro Mañalich declaró, por esos mismos días, que hasta ese momento no sabía que existían tales niveles de hacinamiento en los hogares chilenos.

En adelante pasaron varias cosas que siguen causando estragos y seguirán causándolos, como por ejemplo el retiro de fondos de AFP. A nivel judicial, un sinnúmero de causas que investigan delitos de “cuello y corbata” que en otras democracias ya habrían sacado de palacio a varios ministros, incluyendo por supuesto al propio mandatario. En Chile la autoridad presidencial es extremadamente fuerte y la institucionalidad se preserva a toda costa. Aspectos relevantes que la ciudadanía anhela ver reformados en la futura nueva Constitución, aprobada para su redacción por una mayoría abrumadora en la histórica jornada del 25 de octubre pasado.

Un evento que demostró a una población empoderada y que, principalmente por la masividad de votantes, rememoró la mística del plebiscito de 1988. Más importante aún, una sociedad no marcada por la división y sí cansada de que las riquezas descansen y se eternicen en las arcas de una minoría de familias del país. De cara al 2021, el proceso constituyente y el manejo de la pandemia en etapa de rebrotes y posibles soluciones de cura, se ven inciertos por los manejos de poder de siempre, a espaldas de los intereses de la mayoría. Lo que sí: el gobierno y su paupérrimo 7% de respaldo según las encuestas (un punto más a la misma fecha del año pasado) hacen pensar que no sólo Piñera sino la clase política completa tendrá que necesariamente sintonizar en 2021 con la ciudadanía y su pulso. A pesar de todas las complejidades, las chilenas y chilenos tienen, al menos, la oportunidad histórica de organizarse para definir su propio futuro.