Ningún peso más para represión

El gobierno y los partidos tradicionales han utilizado hasta el cansancio el argumento de que no hay recursos para no otorgar los necesarios aportes a las familias trabajadoras en mitad de una pandemia y una recesión económica. Lo cierto es que, según cálculos de la Fundación Sol, con los dos retiros del 10% de las pensiones la población estaría aportando siete veces más que las medidas del gobierno para resolver esta crisis.

Se trata de una cuestión de prioridades. Sebastián Piñera y los partidos de los 30 años no estarán dispuestos a tocar los bolsillos de los grandes empresarios. Y otra de sus prioridades es mantener andando la maquinaria represiva y militar, uno de los pilares de la herencia de la dictadura militar.

Es que no debemos olvidar que Carabineros de Chile fue uno de los principales puntos de apoyo de Piñera para sostenerse en el gobierno durante la rebelión. Y a través de la militarización permanente de la vida, con toque de queda extendido incluido, han pretendido controlar a la población y no han dudado en seguir reprimiendo brutalmente a quienes se movilizan como mostró el caso del puente Pío Nono, el asesinato de Aníbal Villarroel al cumplirse el primer aniversario del 18 de octubre o el caso de los jóvenes baleados en el Sename.

Aquí las prioridades del gobierno son evidentes: US$ 3.949 millones del presupuesto 2021 serán destinados a Fuerzas Armadas y Carabineros. En el caso de estos últimos, significa un aumento del 2,9% en relación al año anterior. Esta cifra total representa casi 5 veces lo gastado en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), donde se desembolsó un total de US$ 832 millones de dólares.

Las cifras son realmente escandalosas y dignas de generar polémica. Según el periodista Mauricio Weibel, en tres años las Fuerzas Armadas gastarán 1.800 millones de dólares en compra de armamentos, justo cuando dicen que se necesita “ajuste fiscal” de cara a años complejos.

Y para qué hablar del caso de Carabineros, que entre enero y marzo de este año gastaron un total de $ 6.683.246.442 en la compra vehículos destinados al control del orden público, cuando se avecinaba una pandemia que ya tenía rasgos mundiales, y que era evidente que requeriría de un gran esfuerzo financiero para hacerle frente. Ese equipamiento es el que han utilizado para reprimir, entre otros, al personal de la salud que exige mejores condiciones de trabajo, insumos y aportes materiales para seguir en la primera línea de combate a la pandemia. No se trata sólo de un interés en perfeccionar el aparato y los instrumentos represivo. Son también las regalías para esta casta de hombres y mujeres armados que, no olvidar, están involucrados institucionalmente en desfalcos al fisco por más de 30 mil millones de pesos en el Paco y Milicogate.

El caso de las pensiones es evidente y llega a ser grotesco: el cálculo hacia 2017, que no ha variado sustancialmente, mostraba que una pensión promedio de AFP era de 192 mil pesos, mientras que una pensión de las Fuerzas Armadas en promedio era de 2 millones 300 mil pesos. Casi 12 veces más. Y qué decir del caso de las “dobles pensiones” de funcionarios de las FF.AA. y Carabineros, que luego de jubilarse (por ahí por los 50 años) siguen prestando servicios para obtener nuevas pensiones, y que según lo investigado por CIPER llevaron a que en 2019 se pagasen 30.290 millones de pesos en dobles pensiones, donde un 90% de ese dinero viene de las arcas fiscales.

Mientras tanto, el desempleo se pegó un salto de proporciones en sólo un año, la Ley de Protección el Empleo permitió que se descargase la crisis sobre las y los trabajadores, el personal de salud no tiene insumos médicos suficientes, los hospitales estuvieron colapsados en los puntos peak de una pandemia que no se termina mientras la salud pública en general se cae a pedazos. En una palabra: siguió vigente el Chile de los 30 años, que ha significado ganancias exorbitantes para un puñado, regalías para los que defienden ese orden, y precariedad para las grandes mayorías. Por eso decimos: ¡ningún peso más para represión! No podemos permitir que se siga financiando a Carabineros y Fuerzas Armadas en mitad de una crisis económica y social de magnitudes históricas. Todos esos recursos deben destinarse a las urgentes necesidades de la población, esa misma que cada vez que lucha es duramente reprimida o que cotidianamente tiene la presencia militar debido al Estado de Emergencia.

¿Por qué seguir financiando estos aparatos represivos como Carabineros, que se han visto involucrados en cientos de casos de violaciones a los derechos humanos y represión? Toda medida en ese sentido es necesaria, pero considerando que la única manera de terminar definitivamente con esta situación es avanzando a la disolución efectiva de Carabineros de Chile, institución que sólo existe para proteger la propiedad privada y el orden de los poderosos.