Nueva Ley de Migración y el derecho humano a emigrar

Después de 8 años de discusión en el Congreso, la semana pasada se aprobó la nueva Ley de Migración, que se supone traerá consigo nuevas formas de comprender y tratar los flujos migratorios. Al hacer una revisión de los antecedentes que ha presentado esta nueva ley, se puede observar que sigue existiendo una tendencia al control y administración de la migración, sin siquiera haber considerado las orientaciones levantadas desde las voces de las comunidades migrantes y las organizaciones pro migrantes de la sociedad civil, que reclaman por una política migratoria integral, transcultural y con enfoque de derechos humanos donde la migración sea vista como un derecho y no como un favor de los Estados receptores a acogerlos.

¿Cómo el gobierno de Piñera muestra al país la nueva Ley de Migración? Por un lado, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, refiere en su discurso la palabra “orden”, que a partir de la regularización extraordinaria permitiría tener un mayor control y manejo para una migración segura, ordenada y regular. Tres orientaciones que sólo responden a la protección de los gobiernos, no de las propias personas. El actual ejercicio de la Ley de Migración, y que se quiere seguir replicando en la nueva ley, es precarizar el fenómeno ya que cada vez se implementan más obstáculos para los procesos de visado, fomentando la irregularidad en los procesos migratorios y con ello excluyendo a las personas de toda protección civil y social. Por otro lado, el director del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, en una entrevista indica que el extranjero deberá “sincerar” las razones por las que llegan… ¿Acaso no es obvio? Gran parte de los flujos migratorios responden a motivos económicos y, últimamente, hemos visto también que se han sumado un gran flujo de personas que emigra por motivos políticos y medioambientales.

Se indica que, desde la implementación de esta nueva ley, las personas que quieran residir en Chile deberán solicitar su visa a través del consulado chileno, pero ¿existe la capacidad de dar respuestas oportunas a las solicitudes de visa? La experiencia en Chile indica que la capacidad no existe. La gestión del Departamento de Extranjería y Migración lentifica los procesos de regularización extendiendo groseramente los plazos de respuesta a las solicitudes, haciendo esperar a las personas más de un año para estampar sus visas en el pasaporte. Ojo, que con este trámite no se termina el proceso. Esta espera interminable ha tenido por resultado mucha precariedad en las poblaciones migrantes que viven en Chile, llegando a estar en situaciones de extrema pobreza, exponiéndoles al hacinamiento, allegamiento, explotación laboral y situaciones de calle.

¿Cómo puede el gobierno suponer que en los consulados las respuestas serán más oportunas, considerando las complejidades y la burocracia, si la práctica nos indica que, en Haití, por ejemplo, donde se dispusieron visas consulares, disminuyeron considerablemente las aprobaciones de visa y por consiguiente los flujos regulares hacia nuestro país? ¿Quién supervisará el buen ejercicio de la labor consular?

Esta nueva ley permitirá que más de 5.000 personas que ya se encuentran en Chile regularicen su situación migratoria, algo muy parecido a lo que vivimos entre abril y julio del año 2018. En ese momento, este proceso tardó un poco más de un año en resolverse; mientras tanto, las personas no podían ejercer actividades remuneradas formales o informales, ya que se exponen a multas por no cumplir el proceso como corresponde. Para esta oportunidad aún no se presentan las indicaciones del nuevo proceso, por lo que esperemos que esta vez se considere la promoción de los derechos de las personas por sobre las prohibiciones jurídicas que el procedimiento indica.

Además, quienes hayan ingresado por un paso no habilitado tendrán seis meses para abandonar el país y solicitar una visa en el consulado de Chile. Según Extranjería, las estimaciones de personas que ingresan por pasos no habilitados supera las 10 mil, quienes actualmente se encuentran expuestas a las peores condiciones y vulneraciones. ¿Qué sucederá con les hijes de nacionalidad chilena de estos padres y madres que ingresaron por paso no habilitado y que tendrán que volver a sus países, niños, niñas y adolescentes que, a su corta edad, deberán pasar por procesos de regularización en el país de sus padres, exponiéndolos a todo el proceso legales conllevan? La práctica indica que, aunque existan nuevas medidas de administración para la migración, estas continúan siendo insuficientes y restrictivas y sin ninguna protección, en donde las personas que emigran (adultos, mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores) se verán expuestas al tráfico y trata de personas.

¿Cómo puede el gobierno suponer que con estas nuevas medidas llegarán a controlar la migración? Más bien dan paso a precarizar aún más los procesos, a exponer a las personas a buscar nuevas formas de ingreso y, con ello, despojándolos de todos sus derechos.  El esfuerzo debe ir orientado en otra dirección y no abocarse solamente a controlar y administrar los flujos.

Desde Fundación Gente de la Calle, nos preocupa la falta en la promoción de los derechos humanos en esta nueva política migratoria, que finalmente continúa siendo restrictiva y selectiva, por lo que esta nueva ley lo que hace es cambiar los nombres de las dependencias y mudar a sus consulados en el extranjero la crisis administrativa, en materia migratoria.