Cuando la participación no importa

Durante este año nuestro país se verá enfrentado a numerosos procesos de elección popular de autoridades: constituyentes y representantes locales en abril, eventuales primarias legales en julio, y elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre y diciembre (en el caso de segunda vuelta). Esta inédita cantidad de votaciones se realizará en un escenario aún vigente de pandemia, que no tiene atisbos de detenerse en el mediano plazo, como lo demuestran las lamentables cifras de contagio y la lentitud del proceso de vacunación.

Por esta razón, el desafío de aumentar la participación electoral continúa siendo una tarea urgente para nuestra democracia, donde se considere e incluya a las personas con movilidad reducida o enfermedades que dificulten su asistencia a un recinto de votación, a quienes son trabajadores de faenas, a aquellos ciudadanos y ciudadanas que son parte de la población vulnerable frente al COVID-19, y a quienes se encuentren en centros penitenciarios a la espera de una sentencia o condenados a una pena que no debiese afectar el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos.

En ese escenario, la Cámara de Diputadas y Diputados tomó la iniciativa y se presentaron en los meses de agosto y septiembre de 2020 dos proyectos de ley con el objeto de regular el voto anticipado, buscando ampliar y facilitar la participación en contexto sanitario, pero también suplir la inmensa deuda que el Estado de Chile mantiene con quienes debiendo poder ejercer su derecho a voto, en la práctica, se ven imposibilitados de hacerlo. Todo esto, de cara al histórico plebiscito de octubre.

Las mociones, de las cuales somos autoras, se refundieron en un solo proyecto y correspondía su discusión en la Comisión de Gobierno Interior. Nuestra voluntad era tener suficiente tiempo para explorar las ventajas y desventajas de los distintos mecanismos de aplicación de este tipo de sufragio, tales como el voto postal o la apertura de locales los días previos a la elección general. Lamentablemente, para poder aprobar un proyecto que implemente alguno de estos mecanismos, es necesario el apoyo del Gobierno, ya que, según nuestra Constitución, éste tiene la iniciativa exclusiva en materias que entreguen atribuciones al SERVEL y le permitan incurrir en gastos para ejecutarlas. Por ello, se acudió al Ejecutivo, apuntando a establecer un acuerdo amplio para fortalecer nuestra democracia.

Pese a ser pública y positiva la reacción del Gobierno frente a este proyecto, ayer, después de meses de presentada la iniciativa y de semanas de comprometidas las indicaciones por parte del Ejecutivo, conocemos el contenido de la propuesta. El Gobierno descarta el voto postal y en la práctica (dado los tiempos de tramitación) cualquier modificación que afecte la elección de abril, abriéndose a un voto anticipado que no considera la realidad de COVID positivos, población en recintos penitenciarios o trabajadores con régimen laboral especial, como los trabajadores mineros que tanto aporte económico realizan al país, pero no son considerados a la hora de garantizar la participación política.

La promesa de aumentar la participación no puede quedar solo en un discurso de televisión. El Gobierno debe dejar de temerle a la participación de su pueblo. Que esta vez las promesas no se las lleve el viento.