Chile: la patética levedad de su soberanía

Polémica han causado las resoluciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos que facultan a dicho país para vender material bélico a Chile. En 2020 el objetivo era modernizar nuestra actual flota de aviones caza polivalente Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, o sencillamente F-16; hoy, a inicios de 2021, el objetivo es dotar a las fragatas Prat y Latorre, recientemente compradas a Australia, de los misiles tierra aire Standard Missile-2 (SM-2) Block IIIA. Polémica ha causado, y con justa razón, pues la cifra de la primera transacción aprobada se elevaba a 635 millones de dólares, más o menos 491.617 millones de pesos chilenos, y la de la segunda a 85 millones de dólares, algo así como 62.815 millones de pesos chilenos, en circunstancias que el actual estado sanitario y la crisis económica parecieran imponer otras necesidades. La transacción de 2020 fue suspendida por parte de Chile, pero todo indica que la segunda llegará a buen puerto. Sin embargo, creo que esa arista no agota todo el problema, ni es tampoco la más importante. Existe una segunda arista, más estructural, a la que no se le ha prestado la atención debida, y es que la sucesiva compra de armas a Estados Unidos ha puesto en jaque la propia soberanía de nuestras Fuerzas Armadas.

En 2018, la Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA), de Italia, reflotó una antigua polémica en torno a los 46 aviones F-16 y las condiciones que Chile aceptó a la hora de adquirirlos a los Estados Unidos. En esa oportunidad, el experto en defensa José Higuera señaló a la agencia italiana que “Estados Unidos controla el uso de esos aviones y sus armas, decide cuándo ellas se pueden emplear y podría incluso exigir su devolución si no se cumplen sus condiciones”. Lo anterior, debido a que la compra de las aeronaves, se hizo mediante una Carta de Oferta y Acuerdo, en la que los Estados Unidos impuso una cadena de controles al uso de los aparatos bélicos. En esa misma nota, el analista internacional Emilio Meneses dijo que dicha carta «se trata de controles que incluyen un monitoreo de usuario final mejorado o EEUM, con observación digital a distancia de los almacenamientos. Además, personal militar estadounidense debe autorizar los perfiles de misión de los aviones. Los EE.UU. pueden retirar aviones y armas, sin reembolsar lo que se pagó por ellas, si Chile transgrede las limitaciones de la LOA».

La adquisición de los F-16 bajo estas condiciones constituye un hecho de máxima gravedad y es menester aclarar bajo qué condiciones se dotará a las nuevas fragatas, porque hasta el momento le compramos aviones de guerra a los Estados Unidos, cuya última gentil maniobra relevante en nuestro país fue la de orquestar un golpe de Estado, y no contentos con eso, se los compramos para ocuparlos sólo cuando ellos quieran que los ocupemos. Ridículo. Es por ello, que miro con suspicacia estos nuevos acuerdos, sobre todo teniendo en cuenta que las Aseguradoras de Fondos Pensiones (AFP), que concentran el 80% del PIB del país, están en su mayoría en manos de corporaciones norteamericanas, que nunca se sabe cómo reaccionarán el día en que la actual Constitución decrete su fin.

Raya para la suma: Estados Unidos controla nuestro PIB y, como si fuera poco, nosotros les compramos aviones (¿y misiles?) que no podemos ocupar. Es por ello que, en agosto de 2006, cinco años después de la compra de la primera flota de F-16, presenté el Proyecto de Ley Boletín 4.451-07, que faculta al Senado para autorizar la compra o venta de material bélico.

No soy devoto de las condenas irreflexivas al gasto militar, pues la inversión en defensa es y seguirá siendo un factor preponderante a la hora de defender la soberanía. Pero está claro que es preciso democratizar y transparentar el gasto, incluyendo a otros poderes del Estado, ya que nuestros tratos militares con los Estados Unidos, lejos de defender nuestra soberanía, la socavan.