Violencia (i)legítima

La muerte del artista callejero Francisco Martínez a manos de un carabinero en la ciudad de Panguipulli, fue el fósforo que encendió una vez más la mecha de la rabia y la indignación ciudadana. Esa misma noche, la municipalidad de la localidad sureña quedó reducida a cenizas y también ardieron el Juzgado de Policía Local, el Registro Civil y la oficina de Correos. En Puente Alto, Maipú y Ñuñoa, las protestas se replicaron ya al día siguiente, mientras los primeros comentaristas ya vaticinaban un nuevo “estallido social”. Lo ocurrido en esta última semana y en los días por venir será sin duda una prueba que revelará qué aprendimos en los quince meses que han pasado desde octubre de 2019. Condenar la violencia “venga de donde venga” –una frase que, a estas alturas, no es más que un eslogan vacío– de poco sirve. Lo único que puede resolver nudos como estos es ir directo a la causa profunda del malestar.

Hace ya más de un siglo, el sociólogo alemán Max Weber definía al Estado como “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima”. La teoría sobre el Estado ha avanzado mucho desde entonces, mas lo cierto es que el problema de violencia legítima –de quién la define y de quién la administra– sigue estando al centro de nuestros Estados contemporáneos. No es este un punto menor: lo que hace que ciertos tipos de violencia estatal –por ejemplo, apresar a alguien que ha cometido un delito– sean legítimos y otros –como torturar a esa misma persona– no, es la voluntad soberana de la ciudadanía, que establece esta distinción por medio de la ley y la ejerce a través de los agentes del Estado a quienes se les ha concedido esta labor y los medios para ejecutarla. Exigir enfáticamente que un carabinero haga uso de su arma de servicio con el máximo criterio y respeto por los derechos de otros (es decir, de forma legítima y no ilegítima) no es, como algunos parecen creer, buscar debilitar a la institución o tener “mano blanda” con la delincuencia. Es, sencillamente, cuidar las bases más esenciales de un Estado de Derecho democrático.

El problema de la legitimidad o no de la violencia se hace aún más complejo cuando lo que empieza a ser cuestionado no es sólo la fuerza física impuesta, sino la institución que la ejerce. El desplome de la confianza ciudadana en Carabineros de Chile durante los últimos años no es de extrañar, a la luz de casos de corrupción como el Pacogate o los abusos policiales –documentados por numerosos informes de Derechos Humanos en el contexto del estallido social de 2019, pero no limitados a este contexto. Sin embargo, no por ser este un fenómeno comprensible debiese dejar de preocuparnos. La solución debe ser política y, por lo tanto, no puede venir desde la misma institución policial que, por definición constitucional, es no deliberante. La necesidad de una intervención civil profunda y sustantiva a Carabineros de Chile y de sopesar todas las rutas de acción posible (refundación de la institución incluida) debiera ser comprendida por todos los actores políticos como una urgencia nacional, y no como una posición que deba defenderse o atacarse según el partido al que se pertenezca. En la definición de la legitimidad y la ilegitimidad de la violencia y quienes la ejercen, lo que se juega es mucho más que la agenda ideológica de un grupo o el otro. Lo que está en juego aquí, es uno de los pilares centrales en que se sostiene todo Estado democrático.