No es flojera, ministro

Tristemente, y no por primera vez, hemos sido testigos del ninguneo al profesorado por parte de nuestras autoridades. En esta ocasión, el ministro de Economía, Lucas Palacios, declaró en una entrevista que el gremio de docentes “busca por todas las formas no trabajar”. Y si bien luego aclara que sólo se refiere al presidente del Colegio de Profesores, la retórica sigue siendo evidente: no hay un reconocimiento de la labor docente. Decir que los profesores “no están trabajando” es invisibilizar no sólo el trabajo que se hace a través de diversas actividades remotas sino, sobre todo, el excesivo trabajo docente en horas no lectivas, el cual se ha multiplicado por el hecho de que no existieran planificaciones y adecuaciones curriculares pertinentes para un contexto de pandemia de las cuales pudieran apoyarse.

Y es que sólo basta con revisar algunos datos que son de conocimiento público. La segunda versión de la encuesta sobre situación de docentes y educadores en contexto de pandemia, publicada en septiembre por Elige Educar, señalaba que el 77% de los docentes se encontraban con altos niveles de estrés, situación que es aún peor en las profesoras, y el 85% declaraba que está trabajando más que en tiempos normales. En realidad, pocos profesionales muestran mayor compromiso con su labor que los docentes, quienes trabajan en condiciones contractuales y materiales precarias, con salarios más bajos en relación a otros profesionales del sector terciario y con muchas horas extras no remuneradas. En términos estrictamente laborales, para los docentes sería mucho más cómodo hoy volver a la presencialidad, con recursos de sus instituciones y horarios estables. Todo indica que no es un problema de flojera.

Que el actual gobierno valore esto parece cada vez más difícil. El ministro Figueroa, atascado en una guerrilla mediática de dimes y diretes con el Colegio de Profesores, ha mantenido un discurso inmóvil desde el inicio de la pandemia. Recordemos que, después de haber adelantado de forma obligatoria las vacaciones de invierno, él mismo prometía un retorno a clases seguro para el 27 de abril de 2020, sin ningún tipo de consulta a las comunidades escolares. Su insistencia en esta línea, escasa de un argumento sólido, ha empobrecido el debate, reduciéndolo a una dicotomía sobre volver o no volver a las clases presenciales, dicotomía que además ha dividido a la opinión pública y alterado aún más un clima que ya, de por sí, es bastante denso. Tras un año de pandemia, la discusión sobre volver o no a clases debería haber sido superada, y temas como “¿a qué volvemos?”, “¿qué condiciones necesitamos?” o “¿cómo cambiará la educación en el futuro?” ya deberían estar llamando nuestra atención.

Si bien es cierto que la actitud del Colegio de Profesores no ha sido la óptima, no debemos olvidar que es el Ministerio de Educación, máxima autoridad educativa del país, quien debe conducir a las comunidades y liderarlas. Pero el ministro se ha mantenido en un estilo de liderazgo que, a todas luces, es anacrónico e ineficaz. Un modelo de gestión centralizado, en el que aferrarse al poder y al control parece mucho más importante que empoderar a los actores educativos y darles un rol participativo en la búsqueda de soluciones.

Algo similar ocurrió durante el primer semestre de 2020 entre el Ministerio de Salud y el Colegio Médico, y las diferencias se redujeron considerablemente cuando se formó una mesa de trabajo entre los estamentos. ¿Por qué el Mineduc no ha hecho lo mismo, a pesar de que el Colegio de Profesores se ha manifestado a favor de esto en constantes ocasiones? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el ministro comprenda la necesidad de encontrar soluciones conjuntas para el bien de todas las comunidades? ¿No aprendimos nada luego de un estallido social en el que la sociedad civil clamaba por terminar con las deliberaciones a puertas cerradas? ¿A qué le temen cuando se les habla de participación?

Se viene un proceso complejo, no sólo por un eventual retorno a clases presenciales, sino además porque simultáneamente ocurrirá un profundo debate en el ámbito educativo desde el punto de vista constitucional. Si no avanzamos hacia la política de los consensos, y si no abrimos la participación a los diversos actores sociales, seguiremos entrampados en este tipo de dicotomías básicas, y nos perderemos la oportunidad de pensar la educación del futuro. Es un camino más complejo, pero alguien debe dar el primer paso.