Derechos sexuales y reproductivos: una necesidad

Según los datos del censo del año 2017, en Chile el 51,1% de la población somos mujeres. Si la Convención Constitucional estará compuesta en su mitad por mujeres, es un buen escenario para conseguir que los derechos demandados por el movimiento feminista queden consagrados en la nueva Constitución. Durante el año de pandemia el movimiento feminista no ha tenido descanso. Ante la imposibilidad de reunirnos en persona por motivos sanitarios, hemos encontrado en la virtualidad la oportunidad de articularnos a lo largo y ancho de nuestra geografía; hemos usado el tiempo compartiendo experiencias, conocimientos y saberes.

En todos los distritos encontramos candidatas que se autodefinen como feministas; es más, muchas están siendo apoyadas por coordinadoras, colectivas, grupos autoconvocados de mujeres que ven en esas candidaturas la posibilidad de dejar de ser invisibilizadas. Este marzo sin lugar a dudas va a estar marcado por la campaña electoral previa a las elecciones del 11 de abril. Uno de los temas que más se repiten entre las propuestas hechas por las candidatas a la Convención es consagrar una norma que establezca la garantía de vivir vidas exentas de todo tipo de violencia por motivo de género.

Si revisamos algunas de las Constituciones que se han promulgado en el último tiempo, esta directriz está presente como una idea base para crear políticas públicas con medidas efectivas que no sólo sancionen la violencia de género, sino que también la prevengan y la reparen. Una de las formas en que las mujeres y las disidencias sexuales sufrimos violencia es la vulneración de nuestros derechos sexuales y reproductivos, los cuales son una manifestación de nuestra autonomía para decidir sobre nuestros cuerpos. Hace algunos días se conoció la multa que se le cursó a varios laboratorios farmacéuticos que fabricaron pastillas anticonceptivas defectuosas, provocando que más de 100 mujeres resultaran embarazadas contra su voluntad, lo que constituye una grave vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos. Esta afectación no es de la primera de la que tenemos noticia quienes nos dedicamos a la difusión y promoción de estas temáticas; basta con conversar con mujeres en edad fértil, o darles una mirada a redes sociales, y nos encontraremos con relatos de quienes han buscado de manera infructuosa algún médico que les ligue las trompas como método anticonceptivo definitivo.

No debemos olvidar que bajo la Constitución actual las leyes son complementadas y desarrolladas por los reglamentos que emite el Poder Ejecutivo. En el caso de la Ley de despenalización del aborto (por las tres causales), o Ley IVE, fue el Ministerio de Salud el encargado de dictar las normas que la complementaron e hicieron operativa. Cuando ya han pasado algunos años desde que entró en vigencia la ley, este tiempo ha estado marcado por las dificultades que enfrentan las mujeres que quieren ejercer su derecho a abortar por el alto número de médicos objetores de conciencia y la falta de capacitación de los equipos de salud.

La consagración constitucional de los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Carta Magna debiera impulsar la discusión del proyecto de ley de aborto libre en las primeras semanas, que se modifique el reglamento de la Ley IVE, que se respete la decisión de quienes desean esterilizarse. Porque cuando pedimos soberanía sobre nuestro cuerpo, no sólo es la consigna de una marcha o manifestación en la calle: es el legítimo ruego a que se cumpla la obligación del Estado de evitar que se nos violente cuando queremos decidir sobre nuestra sexualidad, el tener hijos, o no tenerlos, o el espaciamiento entre uno y otro, entre muchas otras situaciones.