Mujeres y seguridad pública en Chile: reflexiones y desafíos

El 8 de marzo se ha convertido en una jornada de reivindicación de la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres en todos los espacios, con miras a superar las prácticas y perspectivas patriarcales que aún persisten fuertemente en nuestra sociedad. La desigualdad de género se ve reflejada hoy en muchos ámbitos, como en la falta de representación política, diferencias salariales y de derechos sexuales y reproductivos, por mencionar algunas. Las mujeres aún seguimos disputando espacios y luchando porque nuestra voz y demandas sean tomadas en cuenta de forma seria y sin cuestionamientos.

La seguridad pública, que se ha constituido por años como una de las principales preocupaciones de la población en Chile, y que a su vez es considerada como materia prioritaria en la agenda pública, también representa un área que sigue reproduciendo la invisibilización y la violencia contra las mujeres y disidencias. No todas las personas experienciamos la inseguridad y la violencia de la misma manera. Según cifras del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, al 4 de marzo de este año se han registrado 7 femicidios consumados y 24 femicidios frustrados. Por su parte, la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, por su parte, ha contabilizado 10 femicidios en lo que va del año. Estas cifras siguen una tendencia al alza que viene reproduciéndose en los últimos años en Chile y en el resto del mundo. Los datos de la XVI Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del año 2019, realizada por el INE, no sólo evidencian que las mujeres (10,5%) son proporcionalmente más víctimas de delitos que los hombres (7,2%) en base al indicador de victimización personal, sino que sienten más temor en los espacios públicos. En sintonía con esto, de acuerdo a las cifras de la IV Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer en el Ámbito Intrafamiliar y Otros Espacios, al observar el indicador de mujeres que han sido víctimas de violencia en el espacio público durante los últimos doce meses, es posible identificar un aumento significativo en los últimos años (de un 8,1% en el 2017 a un 17,9% en el 2020). Cuando se trata de Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) para el año 2020, las cifras de casos policiales indican que son los hombres quienes son mayoritariamente víctimas (65,1% del total), pero también victimarios (72,4%). Sin embargo, al observar la distribución específica de los delitos, las mujeres representan el mayor porcentaje de víctimas para los casos de violaciones (89,5% del total) y violencia intrafamiliar (79,4% del total).

¿Qué nos dicen estos datos? Que cuando se trata de seguridad, la violencia ejercida contra las mujeres se da tanto en el espacio privado como en el público, y que hay delitos específicos que tienen direccionalidad de género en tanto las mujeres tienen más probabilidades de ser víctimas sólo por ser mujeres. Si bien esto puede parecer una obviedad, especialmente para las mujeres que somos quienes vivimos esto en nuestra cotidianidad, hay que hacer hincapié en que la consideración del enfoque de género en materia de seguridad/inseguridad no debiera reducirse a incorporársele sólo como una variable, sino como un elemento que permita abordar la especificidad de la experiencia de las mujeres en este ámbito y ampliar la comprensión del fenómeno. La violencia de género debe ser considerada un problema de seguridad que, por lo demás, muchas veces incluye situaciones, experiencias y comportamientos que no son delitos (y por ende se escapan a las mediciones tradicionales), pero que generan temor e inseguridad.

A esta problemática, se suma que el enfoque de género no sólo invisibiliza la experiencia de inseguridad de las mujeres, sino que también de las disidencias sexuales. A nivel de Estado, no se cuenta aún con información específica que permita dar cuenta de, por ejemplo, crímenes de odio hacia disidencias sexuales, pese a que el año pasado la Subsecretaría de Prevención del delito realizó el primer estudio exploratorio sobre esta temática cuyos resultados deberían ver la luz durante el primer semestre de este año.

Al hablar sobre seguridad pública también se deben considerar las percepciones que tienen las personas sobre las instituciones encargadas de velar por ella, pues son también reproductoras de la desigualdad de género. ¿Qué pasa cuando se trata de la percepción de las mujeres en relación a las instituciones relacionadas con la seguridad pública en nuestro país? En este caso, nos referiremos únicamente a las instituciones policiales. De acuerdo a datos recogidos en la Encuesta de Seguridad Ciudadana y Evaluación Policial, ejecutada mes a mes por el Monitor de Seguridad de la Fundación Chile 21, el sentir de las mujeres en relación a las policías es bastante negativo. Respecto a la temática de la eficacia con que las policías detienen a quienes delinquen, desde julio de 2020 hasta febrero de 2021 el porcentaje de respuestas “nunca” y “casi nunca” no baja del 50% de las preferencias, llegando incluso a un peak de 60% en el mes de noviembre. Por otra parte, cuando se les pregunta a las mujeres si consideran que las policías tratan a todas las personas por igual, independiente de su situación socioeconómica o clase social, las expresiones “nunca” y “casi nunca” llevan la delantera. Desde julio de 2020 a febrero de 2021, el porcentaje de mujeres que considera que el trato de las policías no es igualitario no desciende del 70%. En relación a la percepción del actuar de las policías, en particular de Carabineros de Chile, desde julio de 2020 a febrero de 2021 más del 50% las mujeres encuestadas señalan estar “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”, reportándose la cifra más alta en el mes de noviembre de 2020 (65%).

Aún cuando la deslegitimación y desaprobación de Carabineros es transversal, y ha aumentado considerablemente el último tiempo, es importante seguir profundizando en la especificidad de la percepción de las mujeres sobre el actuar de las policías, y considerar las diferencias en las experiencias con dichas instituciones. Por ejemplo, y para citar un ejemplo relativamente reciente, según un balance del estallido social realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el año 2020, entre el 18 de octubre de 2019 y el 19 de marzo de 2020, 257 mujeres reportaron haber sido víctimas de tortura policial con violencia sexual.

La importancia de incorporar el enfoque de género en el estudio de las problemáticas de seguridad pública radica en la necesidad de comprender que tanto mujeres como disidencias no sólo percibimos, sino que vivenciamos y nos enfrentamos al delito y a la inseguridad de forma diferente. Las violencias estructurales que nos afectan son distintas y esto debe abordarse y tomarse en cuenta al momento de observar estos fenómenos, y en cómo se construye –y se acoge– la demanda sociopolítica de la seguridad.

Como desafío inmediato, urge aumentar la visibilización de estas experiencias y percepciones en esta temática a través del establecimiento altamente necesario de un abordaje diferenciado del fenómeno que permita explicar y comprender de manera certera las situaciones de violencia y delito a las que se enfrentan mujeres y disidencias en su vida cotidiana. A partir de dicha visibilización, puede apostarse a impulsar políticas y programas con enfoque de género que permitan contribuir a mejorar su calidad de vida. Depende de nosotras involucrarnos e integrarnos al debate en el ámbito de la seguridad pública.