Compromiso y democracia: una mirada a los DD.HH. desde las juventudes

Dado el contexto que estamos viviendo en Chile –que combina una grave crisis política, de derechos humanos, y sanitaria–, podría resultar sorprendente que las juventudes en nuestro país tengan una actitud que valora muy positivamente los derechos humanos. Sin embargo, es así. Tal como lo hemos podido pesquisar en la Primera Encuesta Nacional de Juventudes y Derechos Humanos en Chile, realizada por el Observatorio de Juventudes y DD.HH. entre julio y agosto de 2020 vía online a 2265 personas entre 14 y 29 años de edad (de las que un 72% son mujeres), y que fue presentada el pasado martes 16 de marzo con resultados dramáticos y a la vez esperanzadores. Un ingrediente esencial para (re)construir un Estado democrático basado en la igualdad y no discriminación, es que la voz de las juventudes sea escuchada, comprendida e incluida. Esta investigación evidencia un alto contraste entre una percepción y experiencias generalizadas de violaciones a los derechos humanos por parte de los poderes e instituciones del Estado, en particular en el contexto de las manifestaciones públicas, y a la vez (probablemente por esas mismas experiencias y percepciones) una actitud altamente positiva con respecto a los DD.HH., expresada en que una amplia mayoría de las y los jóvenes (97,8%) considera que los DD.HH. son muy importantes para ellas y ellos.

Como hemos indicado, dicho contraste se manifiesta en la percepción de garantía del ejercicio de los derechos humanos en el país por parte del Estado, ya que el 68,7% de las personas entre 14 y 29 años considera que el Estado chileno respeta entre “nada y poco los derechos humanos”. El análisis indica que las juventudes consideran que las instituciones que más vulneran los derechos humanos en Chile son el Sename (59%), Carabineros (51,5%), gobierno (21,7%) y Fuerzas Armadas (20,9%), seguidos por el Poder Judicial (14,4%).

Junto con ello, las juventudes consideran que en Chile no hay acceso a tribunales independientes e imparciales (82,8%), y opinan que está entre “nada y poco garantizada la igualdad y no discriminación ante la ley”, según expresa el 90% de las y los encuestados. Por ello, recalcamos que estos resultados son un llamado de atención urgente a la sociedad civil, a las autoridades políticas y a la opinión pública en general en relación a las vulneraciones a los DD.HH. que las juventudes y otros grupos vulnerabilizados del país están viviendo, así como la impunidad instalada desde el Estado y la falta de condiciones e interés de los actores e instituciones por garantizar la no repetición de estos crímenes.

No obstante estos desoladores datos, existe una actitud de compromiso entre las y los jóvenes tanto con los derechos humanos en general, como hacia el ejercicio de los mismos y, en particular, con sus derechos políticos o los denominados derechos humanos de primera generación. Por ejemplo, el 80% declaró haber participado en manifestaciones públicas por diversas demandas, entre las que destacan: derechos de las mujeres (25%), educación (15,7%), la transformación del sistema de pensiones (7,5%) y medioambiente (5,2%). Mientras que distinguen estas demandas de la participación en las manifestaciones del denominado estallido social, en las que participó el 31% de las y los encuestados.

Cabe destacar que el compromiso de las juventudes no se limita a la manifestación pública, ya que el 71,9% declara estar de acuerdo con que el derecho a voto sea a partir de los 16 años de edad. A su vez, presentan un gran interés en todo el proceso constituyente, donde el 88,2% declara que votaría en las elecciones para elegir a las y los miembros de la Convención Constitucional (CC) en caso de ganar el Apruebo (como sucedió). Pero, además, en coherencia con su actitud de positiva valoración de los DD.HH., el 92,4% expresa que las y los candidatos a la CC deben manifestar explícitamente su compromiso con los DD.HH., y el 91,4% de las y los jóvenes encuestados consideran “Muy importante” que los derechos humanos estén contenidos y resguardados en la nueva Constitución.

Este panorama es una gran oportunidad que tenemos, como comunidad política, para construir un nuevo pacto cuyos pilares se centren en un sistema democrático de respeto, promoción y garantía de los derechos humanos, y resolvamos nuestro presente en crisis de forma responsable. Es una oportunidad que interpela a las y los candidatos a expresar de forma clara sus posiciones sobre nuestros derechos fundamentales, y qué es lo que van a poner sobre la mesa en el corto tiempo que tendrán en la Convención, y cuyos quórums son especialmente altos. Pero, sobre todo, es una obligación con nuestros derechos: a las organizaciones, cabildos, asambleas territoriales, así como a las y los electores, nos demanda una acción constante para exigir conocer las posiciones de las y los candidatos, tanto como monitorear y mandatar el resguardo y garantía de nuestros derechos humanos durante todo el funcionamiento a la Convención Constitucional. Porque esta Convención puede ser transitoria, pero no lo que nos va a dejar.  

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