Participación popular: una voz indelegable

A  un mes y medio de iniciado el periodo de campaña, se han multiplicado los conversatorios, foros y cabildos sociales y territoriales en que invitan a candidatas y candidatos a presentar sus posiciones y programas. Invariablemente, una preocupación central en cada instancia ha sido la forma en que se garantizará la participación popular en la Convención Constitucional. Desde los partidos de oposición, así como desde los movimientos sociales, se han expuesto diversas propuestas a incluir en el reglamento de la Convención en una clave democratizadora. Estas van desde los plebiscitos intermedios, la rendición de cuentas periódicas por distrito, la transparencia activa de las sesiones, a los plebiscitos revocatorios, entre otras. Sin embargo, una dimensión que es fundamental suele pasarse por alto y es en la que quiero extenderme. Me refiero al desafío histórico de abrir espacio a la auto-representación directa de las organizaciones sociales, territoriales, sindicales, feministas, socioambientales, migrantes, en el mismo espacio de la Convención. Es decir, nos preguntamos cómo hacer para que no sean una vez más otros actores quienes tomen nuestra voz, nuestras luchas, nuestra experiencia organizativa y movilizadora. Esa voz indelegable, hoy está encarnada en las listas que han constituido los propios movimientos sociales a lo largo del país, así como también en numerosas candidaturas de escaños reservados de pueblos originarios.

Uno de los legados históricos de la dictadura –sostenido en estos 30 años de administración neoliberal– ha sido excluir de la participación política directa a los sectores sociales organizados. Los ejemplos son numerosos, alcanzando incluso estatus constitucional en la norma del artículo 57 que prohíbe a las personas que desempeñan cargos gremiales y vecinales postularse al Parlamento, lo que alcanza a las dirigencias sindicales. Esta política de exclusión es apenas un momento de la ofensiva que llevaron a cabo las élites en su deseo de despolitizar para impedir que los pueblos articularan su propio proyecto de sociedad. Es a pesar de ello que nos hemos levantado y es eso lo que queremos desmontar. Bien sabemos que el debate de la Convención no se trata sólo de ir a presentar demandas sociales, sino también de establecer las normas del ejercicio del poder político. Este rayado de cancha no puede provenir exclusivamente de quienes ejercen cargos en la institucionalidad, en donde los partidos son el actor protagónico. Por ejemplo, la distribución del tiempo y de los recursos en la franja electoral de TV (que acordaron los partidos en su propio beneficio) demuestran que es problemático que estos sean juez y parte en una serie de decisiones que implican democratizar el ejercicio del poder.

Nos preguntamos: ¿por qué ellos pueden arrogarse la principal voz comunicacional desde la situación de privilegio que se han auto-otorgado? Esto se aleja mucho de esa aspiración de participación democrática que varios de estos partidos declaran. Es indispensable que en este proceso exista una participación directa de los espacios que nos hemos organizado, luchado y movilizado, desde fuera del marco institucional y partidario, para participar de la construcción del nuevo marco que reglará en adelante también a los partidos. Esta tarea tiene que hacerse directamente, pues la participación popular no consiste en escuchar a la población para que luego un grupo de expertos interprete lo escuchado. Esta forma de entender y ejercer la política (que es la que vimos cuando los partidos del Parlamento firmaron el Acuerdo por la Paz Social entre cuatro paredes) equivale a negar que las organizaciones populares tienen la capacidad de representar sus propias demandas, y también equivale a pasar por el cedazo de otros intereses las aspiraciones de quienes participan.

El asunto no consiste en sostener una posición anti partidaria, sino en reconocer que hay distintas formas de organización colectiva en la sociedad, y que cada cual cumple roles diversos y que, en la actual contienda, las organizaciones sociales tienen un rol indelegable que cumplir. En este diversidad de roles no corresponde a los partidos, por ejemplo, arrogarse la titularidad de las luchas colectivas que han sostenido los movimientos sociales. Hace pocos días vimos cómo un candidato de la lista Apruebo Dignidad utilizó su posición de privilegio en los medios de comunicación para atribuirse a título individual la lucha legal que llevó adelante la Coordinadora Nacional de Trabajadores/as NO+AFP para obtener el retiro anticipado de los fondos previsionales. Esto, además de no ser cierto y de afirmar la clave neoliberal del individualismo y de la gobernanza de ciertas élites expertas, desvirtúa la biografía y los horizontes de la revuelta social y de sus antecedentes, que han sido siempre colectivos y que nosotras abrazamos como brújula para organizar la vida.