El crimen de Ángela González y el discurso del odio

El pasado 29 de marzo se ha sumado a nuestra ya dolorosa lista de víctimas un nuevo crimen contra una persona defensora de derechos humanos. Ángela González era una joven madre de 24 años, luchadora social y activista feminista que encarnaba desde lo individual y su compromiso con lo colectivo el despertar de Chile, y en ese activismo fue asesinada por un hombre que se sintió con el derecho a castigarla por conmemorar el Día del Joven Combatiente. El crimen de Ángela no es casual ni espontáneo. No sólo es la consecuencia del cruel accionar de un sujeto desalmado, sino que es también el evidente y predecible resultado del discurso profundamente estigmatizador de las autoridades de gobierno. Un discurso sostenido en el tiempo, difundido día a día por el monopolio de los medios de comunicación que, lejos de proteger o respetar el derecho a la protesta social, la criminaliza, persigue y estigmatiza, y que se ha caracterizado por atacar, deslegitimar y denigrar a las personas defensoras de derechos humanos y lideres/as sociales, transformándolas en blancos de amenazas y ataques.

Estas agresiones, que provienen siempre de quienes detentan una posición de superioridad en la sociedad, generan desenlaces tan atroces como el que sufrió Ángela y son alimentadas día a día por declaraciones de personeros/ras de gobierno, como el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien, en un vergonzoso desconocimiento del deber del Estado respecto a los derechos humanos, declaró que estos sólo deben ser protegidos en manifestaciones pacíficas y cuestionó la labor indispensable de las personas observadoras de derechos humanos. Tal como ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinados discursos o pronunciamientos de las más altas autoridades del Estado pueden coadyuvar a crear un ambiente de intolerancia y polarización social, incompatible con el deber de prevenir violaciones de derechos humanos que corresponde al Estado. La CIDH ha reiterado el deber estatal de abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Así, el derecho internacional de los derechos humanos exige una política integral de protección de personas defensoras de derechos humanos, cuestión que el Estado de Chile ha incumplido históricamente.

Esta continua estigmatización, que la CIDH ha reiterado debe ser sancionada cuando proviene de autoridades estatales, tiene como corolario un crimen como el de Ángela, respecto del cual ni judicial ni comunicacionalmente se ha planteado como lo que realmente es: un femicidio por razón de género. Así, el Ministerio Público optó por realizar la formalización del responsable material por homicidio simple, desconociendo que el artículo 390 del Código Penal sanciona con las más altas penas al hombre que mate a una mujer en razón de su género, y considera que existe este motivo, entre otras circunstancias, cuando se cometa en situaciones de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, o motivada por una evidente intención de discriminación.

A estas alturas, es indispensable que, en cumplimiento de las obligaciones internaciones de debida diligencia, las autoridades de gobierno y los actores del sistema judicial utilicen el correcto nomen iuris para visibilizar la violencia de género, más aún la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, cuyo cómplice silencio lamentablemente ya no sorprende a nadie.

La noche del 29 de marzo Ángela se encontraba conmemorando el asesinato de tantos otros/as jóvenes que, décadas antes, también lucharon por un mundo mejor, cuando Juan Zamorano decidió abalanzar su camioneta sobre ella y atropellarla. Lo mínimo que podemos hacer es llamar ese crimen por su nombre, femicidio, y buscar justicia.