Opinión

Hacia una democracia participativa

Por: Jaime Bassa | Publicado: 15.04.2021
Hacia una democracia participativa Cabildo ciudadano en barrio Bellavista de Santiago |
Chile enfrenta un cambio de ciclo político marcado por la revuelta popular de 2019 y la crisis terminal de la Constitución de 1980, en el que se han levantado alternativas tanto populistas como autoritarias. La posibilidad de superar exitosamente el trance histórico por el cual atraviesa el país dependerá de nuestra capacidad para articular las dimensiones representativa y participativa de la democracia, transformando las instituciones vigentes para ponerlas al servicio del interés general y del pleno ejercicio de la soberanía de los pueblos.

La historia reciente de Chile ha estado marcada por un ciclo político que se inicia en 1989 y termina en 2019, treinta años de la así llamada “transición”, un periodo que presenta una serie de características muy peculiares y que permiten calificar al sistema político chileno como una democracia de baja intensidad. Este ciclo no se inicia con el término formal de la dictadura y la asunción del primer Presidente elegido democráticamente desde 1970, sino en 1989, con las primeras reformas constitucionales introducidas al texto de 1980 y las elecciones presidenciales y parlamentarias. A pesar de su impacto en el ciclo político que se iniciaba, se trata de un año algo perdido en el análisis político de nuestra historia reciente, flanqueado por el plebiscito de 1988 y el cambio de mando de 1990.

En 1989 se configuran las características de esta democracia de baja intensidad, protegida, resultado de las negociaciones con la dictadura. Una democracia en que la representación de la voluntad soberana de los pueblos se diluye en enclaves autoritarios y trampas constitucionales que protegen el proyecto político de 1980, debilitando el poder transformador de las instituciones de representación popular y neutralizando los anhelos de cambios impulsados por la ciudadanía durante la década anterior. Asimismo, esta democracia de baja intensidad no cuenta con mecanismos que permitan abrir los espacios institucionales de decisión a la deliberación y participación ciudadana, la que se fue articulando, progresivamente, en torno a la defensa de determinados derechos a través de diversas formas de organización social. Así, la democracia chilena se limitó a una serie de periódicos rituales electorales, a través de los cuales se ratifican decisiones tomadas en espacios retirados del escrutinio público y financiados de forma irregular, para administrar –mejor o peor– el modelo social existente, pero sin pretensiones de transformarlo. Hasta 2019.

Este ciclo político termina en octubre de 2019, cuando una revuelta popular, que se extendió por todo el país, vino a denunciar las condiciones de abuso y postergación en las que se encontraban las grandes mayorías del país, sometidas a la precarización y mercantilización de la vida, a la explotación y agotamiento de la naturaleza y sin posibilidades reales de incidencia política que le permitieran cambiar el estado de las cosas. Una revuelta que se manifiesta contra un determinado modelo de organización económica y social, que sitúa a la dignidad en el centro de sus demandas y reivindica la participación ciudadana como una forma de hacer efectiva la soberanía popular. Es el resultado de la articulación de una serie de movilizaciones sociales contra el modelo expresadas con una intensidad creciente durante la última década.

Este nuevo ciclo político, que podría iniciarse una vez que se consolide la aplicación de la Constitución de 2022, estará marcado por esa tensión entre la crisis de una democracia de baja intensidad que se ha normalizado en las prácticas políticas de las últimas décadas y una nueva organización política de la sociedad que, con toda seguridad, contemplará mecanismos constitucionales de participación ciudadana, tanto en clave política como económica, social, cultural y ambiental. En efecto, la discusión relativa a los mecanismos de democracia participativa se encuentra bastante avanzada, gracias al trabajo que se ha desarrollado desde distintas instancias de la sociedad civil, donde se han formulado propuestas concretas tales como la iniciativa popular de ley, la revocación de mandato o los referéndums derogatorios. Junto a ellas, sabemos que el fortalecimiento de los gobiernos locales será fundamental para consolidar una participación ciudadana regular e incidente, donde la ciudadanía pueda participar de las decisiones que les afectan. Entre las medidas que se han propuesto, destacan los instrumentos participativos de planificación territorial, la contraloría ciudadana, las consultas municipales vinculantes o la institución de la silla vacía. Se trata de mecanismos de participación ciudadana que permitirán distribuir el ejercicio del poder de una forma más democrática, superando las exclusiones estructurales que marginan a la ciudadanía y favorecen la concentración del poder y su ejercicio abusivo.

La democracia chilena se encuentra en un proceso de intensificación, ante una coyuntura histórica marcada por la necesidad de que las instituciones de representación popular sean puestas al servicio del interés general y no de intereses particulares, junto a una reivindicación transversal por participación. Chile enfrenta un cambio de ciclo político marcado por la revuelta popular de 2019 y la crisis terminal de la Constitución de 1980, en el que se han levantado alternativas tanto populistas como autoritarias. La posibilidad de superar exitosamente el trance histórico por el cual atraviesa el país dependerá de nuestra capacidad para articular las dimensiones representativa y participativa de la democracia, transformando las instituciones vigentes para ponerlas al servicio del interés general y del pleno ejercicio de la soberanía de los pueblos.

Jaime Bassa
Abogado constitucionalista y doctor en Derecho. Profesor de la Universidad de Valparaíso. Candidato independiente a la Convención Constitucional en un cupo de Convergencia Social (Frente Amplio).