¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!

Chile cuenta con una población aproximada de 18 millones habitantes, con un PIB per cápita de 14.900 dólares. Presenta un escenario con las mayores concentraciones de riqueza a nivel mundial y niveles de pobreza y pobreza extrema de 10,9% y 4% respectivamente. El ingreso mínimo diario corresponde a menos de 5 dólares por persona. Respecto a Covid-19, los contagios ascienden a 1.026.785 personas desde marzo 2020, de las cuales 23.644 han fallecido. A la fecha hay un aumento considerable de contagios, con números que bordean los 7.500 casos diarios. Se han vacunado casi 7 millones de personas con la primera dosis y 3.850.000 con ambas; estos últimos son principalmente adultos mayores, enfermos crónicos y trabajadores de salud y de servicios esenciales. La ocupación de camas críticas se encuentra sobre el 95%, lo que significa que sólo se dispone de 177 camas. Gran parte de la ciudadanía está bajo una estricta cuarentena.

Muchas voces críticas coinciden en decir que el estallido social de octubre de 2019 develó la verdadera realidad de Chile: el fracaso de su modelo neoliberal avalado por la vigente Constitución pinochetista del año 1980. Este fracaso se expresa en la desigualdad económica y en la concentración del poder político y territorial por parte de una alianza entre el mundo empresarial y el mundo político, dando paso a un creciente aumento de la corrupción y cohecho. Escenario que se suma a un modelo de desarrollo que cuenta con una matriz económica centrada en el extractivismo y en un Estado subsidiario y ausente en el proceso productivo.

Es en este Chile convulsionado, complejo, paradójico y también asustado, donde sobreviven las personas en situación de calle. Las cifras oficiales respecto a este grupo reconocen a 17.000 personas, sin embargo los datos que manejaban organizaciones de la sociedad civil desde antes del estallido social sobrepasan las 20.000 personas, cantidad que sin duda se ha visto aumentado por diversos factores, entre los cuales dos resultan preponderantes.

1. La pandemia que, habiendo generado una crisis económica y social, ha “lanzado” a la calle a cientos de personas que transitan constantemente entre la línea de la pobreza y la extrema pobreza. Situación reflejada en la pérdida de empleos, dificultades para realizar trabajos informales, encarecimiento de la vida, aumento abusivo de los arriendos de la vivienda, entre otras situaciones.
2. El creciente proceso de migración internacional hacia Chile, donde se estima que actualmente hay más de un millón y medio de migrantes (lo que representa el casi 8% del total de la población). Esto, en un país que cuenta con una legislación decretada en tiempos de dictadura, bajo un enfoque de Seguridad Nacional. Ese panorama ha generado un sin número de situaciones que dejan al desnudo graves problemas estructurales. Por ejemplo, que el país no cuenta con la capacidad administrativa, económica, política y social para apoyar procesos migratorios exitosos. Asimismo, problemas culturales como la xenofobia, el racismo, y la aporofobia (o fobia a los pobres, estimulada desde las élites) que dificultan la recepción fraterna y digna bajo la perspectiva de Derechos.

Debido a esta situación, es posible estimar que la cantidad de personas en calle hoy sobrepasan las 25.000. En esta población en calle encontramos también grupos familiares, tanto nacionales como extranjeros. Estas 25.000 personas han tenido que hacer frente a la pandemia con muchas dificultades; sin poder protegerse ni tener los cuidados básicos que se recomienda para la población general, como el uso de mascarillas, el lavado de manos, el control de la temperatura y evitar desplazamientos. A esto se le suma el hambre ya que los apoyos sociales se han visto debilitados. Múltiples expresiones que operaban bajo lógicas solidarias (comedores populares, rutas calle de alimentación, albergues populares y roperos sociales) se han visto dificultadas, entre otros, por las cuarentenas y por los largos periodos de toque de queda. Las personas en situación de calle lamentablemente sobreviven en gran parte por la caridad de otros y por el desempeño de trabajos precarios y temporales, lo que no se ha podido realizar en tiempos de pandemia. Esta situación se suma a un aparato estatal ausente y burocrático. Si bien es cierto que se toman algunas medidas, estas son deficientes dado que cubren a un porcentaje muy reducido de la población en calle.

Sin embargo, y a pesar de este difícil panorama, es importante decir que de este mismo contexto surgen otras expresiones que permiten no perder las esperanzas. Ollas comunes, grupos de voluntarios que se reorganizan para entregar comida, articulación de las organizaciones de la sociedad civil (ONG) que demandan una mayor presencia del Estado y que extreman sus posibilidades de atención y cobertura. Una parte muy pequeña, por cierto, del mundo empresarial, que también genera alternativas para aminorar los efectos de la pandemia a través de la canalización de recursos y apoyos a iniciativas solidarias. Cientos de donaciones de personas y familias que se entregan directamente o a través de las organizaciones sociales que se han ido sumando al quehacer solidario.

En Chile se ha implementado un programa de vacunación masiva nacional, que ha considerado, con todas las dificultades que conlleva, a la población en calle, y eso es también una pequeña luz de esperanza. El personal de la salud como actores claves en la atención de las personas en situación de calle están jugando un rol fundamental que no cabe más que destacar y agradecer.

Estamos enfrentado como civilización, qué duda cabe, un momento crucial de la historia. La pandemia nos desafía a todos y cada uno. Es de esperar que el mundo sea distinto después de ella, donde todas las personas tengamos cabida en dignidad, en derechos, en oportunidades, pero de forma especial los que siempre han estado postergados: entre otros, las personas en situación de calle, los vulnerados en sus derechos.