La advertencia sin sutilezas del gran empresariado

El último de los escándalos empresariales protagonizado por el presidente de la CPC, Juan Sutil, incluyó declaraciones profundamente xenófobas al culpar a la inmigración del deterioro económico del país. Si bien sus dichos no encontraron eco directo entre sus pares, se suman a una interminable lista de frases similares, clasistas, ofensivas hacia las y los trabajadores, expresiones lamentables que confirman la enorme distancia que existe entre el gran empresariado nacional y las aspiraciones de cambio de las mayorías, y alertan respecto al rol que jugarán estas personas “normales, pero poderosas” en el proceso constituyente.

Las declaraciones de Sutil, además, evaden la verdadera razón de nuestro estancamiento económico: un modelo de “desarrollo” basado exclusivamente en la extracción de materias primas para su venta al extranjero, defendido a rajatabla por una clase empresarial que se ha enriquecido gracias a las enormes facilidades y garantías con las que pueden operar. Con impuestos bajísimos, cuando existen, pocas garantías para sus trabajadores y nulo cuidado del medioambiente. Extractivismo que se complementa con la privatización de derechos básicos como la salud y la educación, por los que sus dueños obtienen ganancias que provienen de subsidios y créditos con garantía estatal, es decir, dinero que se va directamente desde el fisco hacia sus bolsillos. No es difícil ver el porqué de su descarnada defensa del modelo actual.

El cuestionamiento a ese modelo está detrás de las protestas masivas de los últimos años. El endeudamiento, la precariedad y la inestabilidad de la vida están directamente ligados al modelo subsidiario que promueve el lucro con derechos básicos y expone a los ciudadanos a una cruel competencia por quién es más pobre para acceder a las pocas y focalizadas medidas estatales. La inexistencia de derechos universales reconocidos como tales es un gran negocio para los dueños de clínicas, universidades y farmacias, y una fuente fundamental de la frustración y rabia que se expresó en la revuelta de octubre de 2019. Un modelo que, además, tiene desastrosas consecuencias ambientales, que ha generado crisis severas en distintas “Zonas de Sacrificio”: los insoportables olores en Freirina, los cientos de niños enfermos por los derrames en Quintero y Puchuncaví, la imposibilidad de pescar en Chiloé por los efectos de las salmoníferas, o la sequía (saqueo) endémica al norte de la capital por la concentración de los derechos de agua en manos de unos pocos grandes agricultores y mineras.

El proceso constituyente es la oportunidad para discutir los cambios de raíz que nuestro modelo productivo necesita para la construcción de una economía sólida, para asegurar que sus frutos se repartan de manera equitativa y también para que el desarrollo respete el medioambiente y la naturaleza. Lamentablemente, con sus destempladas declaraciones, la casta empresarial advierte que utilizará todo su poder para ocupar un papel retardatario y que no tiene voluntad de contribuir a encontrar un acuerdo social democrático que permita proyectar nuestra sociedad en el largo plazo. Lo que estará en juego, entonces, es el carácter mismo de la democracia.

Las fuerzas de cambio debemos garantizar que las voluntades mayoritarias no quedarán cercenadas por el poder económico. También, ser capaces de sumar a quienes prefieren hacer sus aportes desde la iniciativa privada, pero que entienden que ésta debe basarse en el respeto a los derechos laborales, en la innovación, en crear valor y en asumir riesgos, y no en el rentismo que caracteriza a las actuales dirigencias empresariales. Lograr que no sean los xenófobos, los clasistas y los mezquinos, quienes lleven la voz cantante es un paso fundamental para que la nueva Constitución pueda consagrar las transformaciones necesarias que garanticen la paz y cohesión social para las décadas que vienen.