La urgencia del cambio en las universidades estatales

La idea de esta columna se origina por algo que nos preguntamos desde hace mucho tiempo: ¿qué grandes murallas presentan las universidades estatales que no dejan ver el sol de la participación laboral en su interior? En particular, las mujeres, los profesionales jóvenes o los trabajadores que esperan esa oportunidad que nunca llega, porque ven saltar sobre sus antecedentes y experiencia a advenedizos sin capacidades, o a los “amigos de los amigos”, en cargos puestos y grados. Más, todavía, en estos tiempos en que se pone en tela de juicio las relaciones de poder. Y que, como sabemos para este ámbito, el poder del conocimiento es, también, una “racionalidad exagerada” y una “torre de marfil” con esa ideología académica alejada de los ruidos de la calle, a modo de decir de Bernasconi (2015), porque sólo están centradas en labores muy endogámicas.

¿Qué sabemos, entonces, de la razón en estos contextos y de los perjuicios irreversibles en ellas como es el caso de la inexistente carrera funcionaria, asunto que ha perdurado durante tantos años en las universidades? Desde esta perspectiva, por lo tanto, estas ideas son reafirmativas con la historia y la perseverancia de quienes trabajan en estas instituciones y porque asumimos la idea de que se puede aportar de manera compresiva en medio de los anhelos y reclamos; de los aprendizajes, movilizaciones y reflexiones.

Recordemos. Estamos en pleno octubre de 2019. El país parece que se vuelca a una serie de demandas sociales asumiendo que es la movilización de la gente lo que cuenta. En esos días la dinámica sistémica se entreteje con una serie de aspectos que se colocan en tela de juicio dando rabia y dolor. Algo, por cierto, que no ha cesado hasta hoy en el país. Y las universidades del Estado, esas instituciones de profuso conocimiento en la formación de personas (algunas con el peso de la tradición histórica nacional o regional), aunque la población no lo sepa del todo, están trabajando desde hace algunos meses en una discusión interna para realizar una reforma de sus estatutos. El propósito de eso no es otra cosa que otorgar un espacio de discusión y análisis crítico para el nacimiento de los libros de gobierno, a modo de unas propias constituciones, saliendo del estado de “congelamiento” y de la burocratización.

De manera paralela, en el relato de los trabajadores y trabajadoras, donde existe una altísima precariedad laboral, siempre han transitado preguntas sin respuestas… desde los anhelos para un reconocimiento, como desde los argumentos para la expansión de un despertar, llenando el espacio discursivo con interrogantes tales como ¿por qué no existe una real participación de los estamentos de trabajadores en el gobierno de las universidades?, ¿debido a qué razón los funcionarios y funcionarias no son tomados en cuenta a cabalidad?, ¿por qué hay miles de personas a honorarios sosteniendo labores universitarias y algunos hasta en cargos importantes?, ¿la educación en Chile es sólo un dogma jurídico que le conviene a unos pocos?, ¿cuál es la verdadera política del Estado en educación superior?

De este modo, entonces, el fenómeno no se puede reducir sólo a ver la universidad como “una institución de educación superior, de investigación, raciocinio y cultura que, en el cumplimiento de sus funciones, debe atender adecuadamente los intereses y necesidades del país…”. Y, se puede agregar, en este último tiempo, con muchas cuotas de idealismo administrativo y cero ímpetus regulatorios del Estado. Por el contrario, debemos abrir los ojos porque, como dice León Reyes (2020), lo que concierne al mayor avance en la Ley de Educación Superior en Chile lo veremos, recién, en el año… 2084. Algo tremendo, pero nada de exagerado.

Sin embargo, no podemos abstraernos de aquel entrecomillado que, por lo demás, deviene del periodo dictatorial y que se sigue repitiendo como un embrollo en proyectos y modelos educativos, así como en varios documentos estatutarios. La consigna en estos, parece, es sólo diseñar enmiendas y generar ajustes pragmáticos porque se atiende a la coyuntura, pero nunca a la inteligencia. El problema de esta “reforma de estatutos” no es sólo político o de “cumplimientos desde arriba hacia abajo” sino también obedece a un tema de capacidades intelectuales.

Desde un punto de vista directo, hoy somos herederos de un modelo de universidad en que el mercado se asume como el propio mecanismo del control y del poder, del conocimiento y de los financiamientos y donde la racionalidad científica y tecnócrata se ha adueñado de una estructura donde todo se explica de manera abstracta. ¿Qué es eso de que el Estado tenga la responsabilidad principal de asegurar que la educación superior se constituya en un derecho social de la población? La contradicción es tremenda. Es como cobrar algo a la figura de “nadie” o bien es llenarse de ideología mezclando algún derecho con la dominación burocrática. O ¿qué significa que la investigación en Chile, orientada a los problemas del país, sea vista con indicadores y rankings de productividad extranjeros siendo que ninguna de nuestras universidades cabe entre las 200 mejores del mundo?

Un dato de contexto: gran parte de los trabajadores de las universidades estatales habían discutido, en este periodo, la opción de trabajar en el tema estatutario y que se podía vislumbrar un cambio en las decisiones desde la gobernanza universitaria puesto que, ante la disyuntiva política del nuevo debate, la educación superior estatal tendría que enfocarse hacia un análisis evolutivo de su contexto ya que, a fin de cuentas, los beneficiados deben ser siempre los trabajadores y trabajadoras, los estudiantes y sus familias. Y por extensión, el país. Sin embargo, las personas se comenzaron a dar cuenta de que hay gente en las universidades que se quieren apropiar de todo fagocitando el servicio educativo, los cargos, la investigación, las declaraciones, la gestión, las ideas y hasta las interpretaciones jurídicas y políticas. Y de los estudiantes y de los trabajadores no se diga nada nada más, porque en las prácticas de gestión no los consideran ni siquiera para una votación ya que el asunto es “libertad de movimiento, dentro de la jaula; usted puede escuchar, pero no dirimir”.

Un ejemplo afirmativo es que durante todo el periodo de pandemia (y aún antes, con el estallido social, en los meses finales de 2019) las continuidades de ese pasado que no nos suelta sólo han generado que la cápsula del poder siga insistiendo, en la lógica institucional, de que no debe haber participación triestamental porque así lo indica la ley. Es decir, hay un tema de configuración del poder político/académico que se afirma en un aspecto estrictamente jurídico normativo que, por cierto, puede ser cambiado pero siempre y cuando haya voluntad.

A mi juicio, hay un cerrojo para la participación, entre idas y venidas muy menores de alguna integración periférica hacia los funcionarios y funcionarias, porque lo que se realiza no es más que una “masa farragosa” bien urdida jurídicamente o bien, como suele pasar en este paradojal país, las cosas se hacen sólo para beneficio de unos pocos. Estas ideas que pueden parecer una locura o una desacralización del contexto universitario tiene sus botones de muestra.

El Banco Mundial, del cual se hacen eco nuestros ministerios de Economía y de Educación, desde hace décadas ha empujado a los gobiernos con el discurso del impacto de la educación, la importancia de “la sociedad del conocimiento” y los artilugios de las distintas fases de la globalización. Sin embargo, nada dicen respecto de fomentar la participación de los trabajadores, de relevar el impacto cuando se participa en comunidades laborales o de la importancia de la reflexión y el debate en los lugares de trabajo asumiendo los diversos aportes de una multiplicidad de personas con distintos conocimientos. Más todavía en una institución que tiene que estar abierta (es lo que se supone) a todo tipo de conocimiento. Sin persecución. Sin sesgos y sin discriminación como les ha ocurrido, penosamente, a muchos trabajadores y trabajadoras en las distintas universidades estatales. Me incluyo, pues soy uno de ellos, marcado en esa categoría.

Esta dinámica de las instituciones de educación superior del Estado, con la perspectiva del tiempo, en que está comprometida también la fe pública, debe justamente ser asumida a cabalidad y no con explicaciones ingenuas o superfluas o con documentos apurados. Se dice, por parte de muchas autoridades (ya que lo hemos escuchado repetidas veces, incluyendo a los rectores), que una socialización es igual a una participación y que ir a escuchar reuniones es similar a tener representatividad completa. Enfrentarse a eso es asumir un enclave lingüístico que no es más que distorsión y asimetría porque obedece a una concepción sesgada.

En este contexto, muchas cosas deben transparentarse, porque en las universidades estatales hay variados intereses. Unos tienen pesos específicos y otros proceden desde la propia hegemonía de parte de los que detentan el poder en la “academia”. Es decir, de aquellos que por la confianza asumen los cargos de gestión más los que son votados en una elección de cargo superior. Ya conviene recordar, entonces, que, en el marco de debate, a lo menos se deben tener en cuenta tres aspectos: la gobernanza o el gobierno participativo abierto y sin exclusiones de todos y todas; las funciones de las universidades (lo que indica, también, los intereses a quiénes sirve); y quién paga o quién soporta el financiamiento.

Todos estos temas que esperábamos discutir con argumentos en la reforma estatutaria no se han podido realizar por las condiciones de pandemia, así como por la resistencia interna de grupos de académicos que ven con una parsimonia y comodidad el actual sistema de educación superior. La idea, en muchas casas de estudios superiores, parece que es mantener el actual estado de cosas, que viene de hace 40 años, cambiando con un rápido maquillaje sus propios documentos para mantener, por otros 30 o 40 años, la misma adhesión endogámica de las cosas.

¿Qué buscan en rigor, así, ipso facto? ¿Manto de protección? ¿Anular el agenciamiento del pueblo trabajador, como dice el constituyente Bassa? Aunque parezca contradictorio, se busca cerrar lo más rápido posible un trámite administrativo sin un proceso participativo y cultural, sin análisis y entendimientos de las comunidades de trabajadores, lo que es no comprender, en absoluto, el reto histórico para transformar verdaderamente a las universidades estatales porque el origen de los estatutos de ellas es similar al origen espurio e ilegítimo de la propia Constitución de la República que pronto se comenzará a cambiar.

Al parecer, prima en muchas universidades del Estado la miopía de la calculadora, que no tiene nada de cientificidad, y el afán de mantener las prerrogativas puesto que en el ámbito de la gobernanza universitaria, de acuerdo a lo que se observa, es mantener el sector de privilegios, desarrollando relaciones con las altas cúpulas en distintas áreas; pero, sin conectar con el propio mandato de la Ley N° 21.094 para cumplir efectivamente con un proceso público y participativo de la modificación de sus estatutos orgánicos.

Visto así, entonces, las universidades estatales parece que sacan a la luz todas las capacidades incluidas, pero también las incapacidades. Chile vive un proceso de reflexión y de reclamo justo donde el principio fundamental de la ciudadanía, así como de los funcionarios en las universidades estatales, es movilizarse, organizarse y asumir el reclamo de la igualdad como un ejercicio permanente porque tenemos, a las claras, una crisis de legitimidad en estos procesos estatutarios. Una vida decente, nos recuerda Lovera (2019) citando a Fabre, es aquella que permite a las personas gozar de autonomía para poder decidir por ellas mismas qué piensan respecto a una determinada cuestión y también, por supuesto, a poder cambiarlas.