Protección de la infancia: un revés antes de ser ley

El Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, recién aprobado en el Congreso, sufrió un grave retroceso antes de convertirse en ley. Ello, porque un fallo del Tribunal Constitucional lo vuelve a situar en el espacio privado enfatizando que los padres ejercen “su autoridad para conducir a sus hijos en su camino a la adultez, inspirados en lo que es bueno para ellos de acuerdo a su mejor juicio”. Esto es gravísimo, porque no hay reconocimiento de derechos sin un espacio paulatino para desarrollar su ejercicio.

El TC, además, nos sorprendió señalando que “el sistema de reglas al interior de una familia (…) es un espacio esencialmente desregulado desde el punto de vista jurídico”. En esta línea, si los padres estiman que es mejor que los niños no vayan al colegio y que se dediquen a trabajar, ¿sería correcto porque es una decisión de la familia? No. La propia Constitución establece la obligatoriedad de la educación escolar, primaria y secundaria, y existen medidas judiciales en caso de incumplimiento y organismos estatales que las entablan. El Estado no es un espectador de lo que el niño o niña viva dentro de su espacio familiar y la responsabilidad de madres y padres se ejerce en función de la protección de los niños, no para la satisfacción de sus máximas morales o culturales. Precisamente, porque niños, niñas y adolescentes son personas titulares de derechos, que deben ser garantizados por el Estado, el cual debe apoyar a las familias para cumplir su rol orientador.

En Chile, el 70% de los niños y niñas indican haber sufrido algún tipo de maltrato y el 20% de ellos, de carácter sexual. El 62,5% de los adultos declaran usar mecanismos violentos para educar a sus hijos. Con estas cifras, ¿podemos subordinar el destino de niños y niñas sólo a los que sus padres y madres estiman que es bueno para ellos/as? La Convención de los Derechos del Niño, ratificada y vigente en Chile, prescribe que no. El fallo del TC, lamentablemente, va en el sentido contrario.