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Opinión

Desigualdad ante la ley y criminalización selectiva en Chile: el Estado contra la ciudadanía

Por: Cristhie Mella | Publicado: 11.08.2021
Desigualdad ante la ley y criminalización selectiva en Chile: el Estado contra la ciudadanía | Miguel Moya / AGENCIA UNO
Si existe un aparato estatal que legitima la violación de derechos humanos, que manipula y tergiversa para sus fines de control social y abuso de poder, se crean las condiciones para perpetuar la impunidad y validar la doctrina del enemigo interno. Esto se ensayó en dictadura y se reproduce hoy, por lo que debe conminarnos como sociedad a la denuncia de todo abuso de poder y, sobre todo, de la desigualdad ante la ley, que se erige para acallar la protesta social. Se lo debemos a nuestro(a)s jóvenes luchadore(a)s sociales. Se lo debemos a quienes han sido torturada(o)s, mutilada(o)s y asesinado(a)s en esta larga batalla por un país más igualitario.

Creo que va ya más de una década desde que escribiera una columna titulada “La impunidad nuestra de cada día” (publicada por El Clarín), y que fue una reflexión sobre los excesos del Estado policial en Chile, específicamente sobre los abusos de Carabineros. El diagnóstico de entonces, sobre las prácticas represivas reñidas con el Estado de Derecho, no ha cambiado nada; al contrario, se agrega, por ejemplo, los develados montajes y recrudecimiento de los abusos en la zona mapuche de la Araucanía, como quedara expuesto con la Operación Huracán y el Comando Jungla.

Se puede, ciertamente, hablar de evidencia de actuaciones sistemáticas, repetidas en el tiempo, y no hechos aislados, como el discurso oficial pretende presentar. En muchas de las actuaciones de las policías han existido delitos, toda vez que se configuran violaciones de derechos humanos, que persisten, sin reconocimiento alguno desde el gobierno, pese a existir informes elaborados por organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.

Ese patrón es el actuar abusivo, sin respeto de normativas ni protocolos, de total bestialidad y falta de profesionalismo en que hoy ha salido finalmente de sus actuaciones focalizadas en las comunidades mapuche, para replicar esa estrategia en el mal llamado “control del conflicto social”. Del “conflicto mapuche” hemos llegado al “conflicto social” en su sentido más amplio. Es en este escenario actual que se revelan las violaciones de derechos humanos y ciudadanos como una práctica sistemática a manos del Estado.

Este control social y las actuaciones de la policía son sólo la cara más visible de un entramado profundo e institucionalizado que es la práctica de la criminalización selectiva. Esta se focaliza ahora en la protesta social y es reflejo de la fragilidad de nuestra democracia. Se impone en los hechos un manto de impunidad que ampara las actuaciones policiales y de organismos persecutores, que se empeña en castigar la movilización ciudadana, que tiene hoy su evidencia en el castigo impuesto a los presos(as) políticos(as) del estallido social.

Mirado desde una aproximación crítica al ordenamiento jurídico, el delito es una construcción social, elaborada desde posiciones privilegiadas del poder, que prioriza la protección de determinados intereses, no siempre de la mano con las necesidades de los ciudadanos y donde el rigor del ordenamiento jurídico afecta más a quienes no forman parte de los grupos privilegiados de la sociedad, materializado en sesgos presentes en la institucionalidad judicial y política.

La desigualdad ante la ley, que campea en Chile, ya acumula evidencia incontestable. Mientras para algunos aplica todo el rigor de la ley, para otros se percibe un trato privilegiado. Así fue como hace un tiempo el hallazgo de armamento de guerra en un grupo ligado a extrema derecha pasó a calificarse de “utensilios”. En estos dichos se lee la anulación del carácter delictivo en la posesión de armas de tal calibre, al tiempo que se minimizaron las amenazas a la fiscal Chong en aquel entonces. En causas mapuches, la amenaza a fiscales siempre se configuró como delito merecedor de prisión preventiva, lo que sólo se materializó, en este caso, tras el cuestionamiento mediático ejercido frente a la evidencia de desigualdad ante la ley. Se revela, entonces, que la persecución penal no es estrictamente un asunto jurídico sino político. Del mismo modo, el gobierno se querella por Ley Antiterrorista cuando encuentra posesión de armas por parte de mapuches, como fuera amenazado tras el homicidio del miembro de la Coordinadora Arauco Malleco Pedro Marchant. En tal contexto la indignación por el uso de “armas de guerra” contrasta con la calificación de “utensilios” reservado para grupos de extrema derecha.

Pero el impacto de estos criterios políticos, que buscan legitimarse en las resoluciones judiciales, encuentra hoy su máxima expresión en la situación de los presos y presas del estallido social, algunos menores de edad, que han debido lidiar con sus procesos de criminalización y atribución de violentistas desde la construcción mediática llevada adelante por el gobierno. La medida de prisión preventiva, por más de un año, se constituye en un gran vicio judicial, que ha sido cuestionado por el que fuera Defensor Nacional, Andrés Mahnque, quien en su oportunidad la conceptualizó como una sanción punitiva anticipada, es decir, previa a juzgar los hechos imputados. Cabe recordar que, en no pocos casos de este proceso kafkiano, se ha concluido la absolución. Un ejemplo emblemático fue la acusación de la quema de la estación de metro Pedreros, en donde tras una prolongada prisión preventiva el Tribunal encontró falta de evidencia contundente y, más aún, la constatación de fabricación o manipulación de esta, es decir, montaje de parte de las policías y el ente persecutor, lo que es gravísimo, si se piensa que las penas solicitadas eran de 20 años de prisión para el adulto y la internación del menor de edad acusado en Sename.

Esta falta de evidencia contundente se repite en muchos de los casos de la revuelta, y ha sido un factor en el retraso sistemático de los procesos y la mantención de la prisión preventiva, ya que obedece una estrategia de sumar tiempo para la acumulación de evidencia faltante y así legitimar la medida. De manera, que como este encarcelamiento es de naturaleza política, con el claro objetivo de amedrentar y disuadir de la movilización social, hoy se discute la salida política del indulto, resistida, por cierto, por la institucionalidad, pero que supone asumir el contexto de la protesta nacional y sus móviles, que no responden a patrones delictuales a secas.

Desde el mismo Poder Judicial, voces disidentes acalladas se han manifestado a favor de una reforma al sistema judicial, precisamente por su falta de compromiso con los derechos de los ciudadanos y la falta de garantías de un debido proceso. Cabe recordar al juez Daniel Urrutia, quien fuera sancionado por haber revocado la prisión de 14 miembros de la “Primera Línea” en el mes de marzo del 2020. Este problema se puede entender como la impronta legada por la dictadura, en donde la justicia chilena se acomodó a las maniobras políticas de control del enemigo interno. Persiste así una institucionalidad productora de daño en impunidad, que cuenta con mecanismos de legitimación en el levantamiento de montajes destinados a manipular la percepción de la opinión pública e instalar narrativas que normalizan los abusos. Es aquí donde los medios de comunicación cómplices han jugado un papel no menor, por cuanto se coluden con el discurso de la criminalización selectiva de la protesta social, que una masa acrítica recoge sin mayor cuestionamiento y que hoy busca instalar el discurso de la delincuencia respecto de los presos políticos del estallido social. Frente a este discurso de control social y castigo a las demandas ciudadanas se debe levantar la exigencia de derechos fundamentales, a menudo invisibilizados en este orden tan profundamente antidemocrático.

Si existe un aparato estatal que legitima la violación de derechos humanos, que manipula y tergiversa para sus fines de control social y abuso de poder, se crean las condiciones para perpetuar la impunidad y validar la doctrina del enemigo interno. Esto se ensayó en dictadura y se reproduce hoy, por lo que debe conminarnos como sociedad a la denuncia de todo abuso de poder y, sobre todo, de la desigualdad ante la ley, que se erige para acallar la protesta social. Se lo debemos a nuestro(a)s jóvenes luchadore(a)s sociales. Se lo debemos a quienes han sido torturada(o)s, mutilada(o)s y asesinado(a)s en esta larga batalla por un país más igualitario.

Cristhie Mella
Psicóloga. Magíster en Criminología y Psicología Forense y doctora en Políticas Sociales por la Universidad de Bristol.