Para las mujeres que queremos cambios y transformaciones profundas, ocupar espacios de poder ha sido un camino de obstáculos, violencia y discriminaciones. Lamentablemente, no ha sido distinto para las que hoy están impulsando uno de los mayores cambios en nuestro país: escribir la nueva Constitución que incluya a las diversidades, que garantice la justicia, los derechos sociales, ambientales y culturales.
Son ellas quienes en las últimas semanas han vivido una serie de hechos de violencia e incitación al odio al interior de la misma Convención. Muy claro ha sido el ejemplo de la convencional Teresa Marinovic, que no dudó en denigrar a la machi Francisca Linconao asegurando que hablar mapudungun era parte de un “show”. Esto no es sólo una falta de respeto: es una falta al derecho fundamental de una autoridad ancestral de desenvolverse con total libertad en su lengua materna. Es, al contrario de lo que dice esta equivocada convencional, un acto de dignidad que interpela al Estado a garantizar sus derechos culturales en este espacio político. Y, así también, a sancionar debidamente cualquier discurso que incite a la falta de tolerancia y la diversidad, que es justamente el nuevo Chile que buscamos construir.
Las activistas han sido siempre foco de amenazas y amedrentamiento. Ocurrió con Macarena Valdés, defensora de su comunidad ante la instalación de una central hidroeléctrica, encontrada ahorcada en su casa hace cinco años. La investigación judicial del caso sigue abierta sin determinar responsables. Mientras que hace pocas semanas nuevamente vimos los amedrentamientos hacia la defensora por los derechos de agua en Petorca, Verónica Vilches. La violencia está lejos de ser algo casual.
En el caso de la violencia política, medio utilizado por los pueblos y gobiernos de todo el mundo para lograr objetivos «políticos», nos enfrentamos a actos de destrucción o atentados físicos y/o psicológicos, selección de daños y víctima. Los efectos que se buscan tienen una significación política y tienden a modificar el comportamiento de los protagonistas en una situación mediante una coerción consumada. Es así como las activistas somos un blanco para los hostigamientos, acosos y violencia por el ejercicio del poder que ostentan las autoridades y partidos políticos.
Es preocupante que, cuando otras voces se levantan pidiendo justicia por ellas, sean también víctimas de nuevas amenazas que buscan acallar la fuerza que exige cambios, para terminar con el modelo extractivista neoliberal que despoja territorios y vidas. No vamos a dejar que esto siga pasando. Menos, que el Estado sea indiferente a lo que ocurra a quienes hoy movilizan y representan a las y los ciudadanos que pidieron dignidad y justicia para nuestro país.